Exigen a AMLO atender crisis de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos

Manifestación del 4 de septiembre contra el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Foto: Octavio Gómez Manifestación del 4 de septiembre contra el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador generar “una hoja de ruta” que materialice las recomendaciones para mejorar el funcionamiento de dicho instrumento, elaboradas por la representación en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un comunicado, los integrantes del Consejo Consultivo, conformado por integrantes de la sociedad civil y periodistas, lamentaron que, en el discurso presidencial con motivo del primer informe de gobierno, “fue ausente el reconocimiento a la importancia de la labor periodística y defensa de derechos humanos, y casi invisible la violencia dirigida contra estos grupos de población”.

La omisión resulta preocupante cuando “los primeros nueve meses de la actual administración pintan un alarmante panorama de seguridad y justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, pues, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Gobernación, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha fueron asesinados 24 defensores y 15 periodistas.

Y la situación se agrava –subrayaron– luego de que el mismo López Obrador admitió “los pocos resultados de la actual estrategia de seguridad implementada”.

Tras recordar que México es uno de los países donde defensores y periodistas corren mayores riesgos en el mundo, los consejeros instaron al gobierno a atender las 104 recomendaciones que hizo la ONU-DH plasmadas en el “Diagnóstico sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, dado a conocer públicamente el 26 de agosto pasado.

Insistieron en que, más allá de la aceptación y conclusiones “sobre las falencias y necesidades que requieren ser atendidas para que el Mecanismo funcione adecuadamente, es necesario pasar del diagnóstico a la solución de los problemas, generando una hoja de ruta para avanzar en el mejoramiento del Mecanismo”.

De igual manera, recalcaron la urgencia de que el Mecanismo, en el que están inscritos 976 beneficiarios, modifique “el carácter reactivo a uno preventivo”, optimice los análisis de riesgo de las personas beneficiarias, y fortalezca “el seguimiento e implementación eficaces y efectivas de las medidas adoptadas”.

Los integrantes del Consejo Consultivo consideraron que el gobierno federal debe “tener condiciones laborales y de seguridad para el personal que labora en la Coordinación Ejecutiva Nacional”, así como “dotar de recursos humanos, financieros y logísticos para un funcionamiento diligente”, y aplicar “un enfoque transversal y diferenciado en la aprobación e implementación de medidas de protección”.

Asimismo, recordaron como uno de los pendientes a abordar “la efectiva coordinación de las dependencias y organismos autónomos que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo, más allá de su participación con el voto para adoptar y retirar medidas”.

Apuntaron que se requiere “voluntad política y las capacidades institucionales para revertir un patrón de violencia que lejos de disminuir aumenta día con día y que, aun avanzando en todas las medidas propuestas por el Diagnóstico de la ONU y la sociedad civil organizada, el Mecanismo será una medida insuficiente ante el avasallante contexto de violencia que prevalece contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Luego de celebrar que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitió que se requiere de políticas públicas integrales y de un verdadero Sistema de Protección que involucre de manera clara a más dependencias, organismos y sobre todo entidades federativas, los consejeros del Mecanismo consideraron que una de las prioridades debe ser “el combate y la cero tolerancia a las agresiones contra periodistas y defensores”

Finalmente advirtieron que el diseño de dicha política integral “implica pasar del diagnóstico a la acción, y para ello se requiere garantizar la participación de toda la sociedad”, para lo cual el actual gobierno “tiene las herramientas necesarias y cuenta con la experiencia de la sociedad civil para empujar y construir la consolidación de un espacio democrático, incluyente, libre de miedo y de violencia”.

El pronunciamiento está firmado por Alberto Xicoténcatl Carrasco, Araceli Domínguez Medina, Araceli Rodríguez Nava, Atziri Ávila López, Elsa Leonor Ángeles Vera, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Lucía Lagunes Huerta, Maurilio Santiago Reyes y Stefan Markus Zimmer.

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