CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc Blanco mantienen la misma política de desatención al cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG), como ocurrió durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Graco Ramírez,  lo que ha convertido a Morelos en la segunda entidad el país con mayor incidencia de feminicidios, después del Estado de México, denunció la coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH-Morelos). En conferencia de prensa, en la que presentó un informe sobre los cuatro años de la declaratoria de AVG en Morelos, la vocera Juliana García Quintanilla destacó que en los mil feminicidios registrados de 2000 a 2019 por la organización civil están incluidos casos ocurridos durante las actuales administraciones de López Obrador y Cuauhtémoc Blanco, detectando que “no hay una disminución, no hay una atención puntual para atender la violencia feminicida en el marco federal, obviamente ni en el estatal”. Al destacar que, de enero a julio de este año, se cometieron 65 casos de feminicidio en Morelos, 22 más que el mismo periodo del año pasado, la defensora lamentó la desatención al tema por parte de autoridades federales y estatales, incrementando la incidencia de feminicidios. “Cada vez vemos cómo crece la impunidad, crece la negligencia, crecen las omisiones, y por supuesto con todo esto lo que va siendo es que crece el feminicidio, no hay feminicidas que estén siendo encarcelados, investigados, no hay atención para disminuir los niveles de violencia, esto no está sucediendo ni con esta administración ni con la anterior”, apunto Quintanilla. Las omisiones del gobierno de Cuauhtémoc Blanco respecto a la AVG se ven reflejadas en que hasta ahora no ha presentado un informe sobre el cumplimiento del mecanismo de protección a mujeres, siendo el último reporte estatal de mil 455 muertes violentas de mujeres, en las que se incluyen casos de suicidio, aborto, homicidio culposo, homicidio calificado, ocurridos entre 2000 a 2016. La CIDH-Morelos reprochó en su informe que “el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres, hasta el momento no ha cumplido a cabalidad sus múltiples tares y compromisos en el sentido de dar seguimiento al tema de la AVG en Morelos”. La organización apuntó que se advierte un “considerable nivel de violencia institucional ante los múltiples y recurrentes actos de omisión” para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones mandatadas en el decreto de AVG. En su informe, la organización recordó que cuando solicitó la AVG, Morelos ocupaba el quinto lugar de incidencia feminicida, y que documentó 530 casos, ocurridos entre 2000 y 2013, registrándose un incremento preocupante entre el 10 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2019, los cuatro años de la AVG, en que se han reportado 351 feminicidios. La organización destacó que pese a que la AVG sólo se decretó para ocho municipios de la entidad (Cuautla, Xochitepec, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Emiliano Zapata, Cuernavaca y Yautepec) en la actualidad se registran casos de feminicidio en al menos 32 de los 33 municipios de Morelos. De acuerdo con los registros de la organización, los 10 municipios con mayor incidencia de feminicidios son Cuernavaca (197 casos), Jiutepec (90), Temixco (74), Yautepec (59), Cuautla (58), Xochitepec (46), Puente de Ixtla (41), Emiliano Zapata (41), Jojutla (36) y Tepoztlán (32). De acuerdo con el seguimiento hemerográfico que la organización ha dado al feminicidio en Morelos en los últimos 19 años, el rango de edad en el que se presentan más feminicidios en la entidad va entre los 21 a 30 años, con 218 casos, seguido del rango de entre 31 y 40 años, con 151 casos y en tercer lugar entre 11y 20, con 104. La organización recomendó que las organizaciones sociales sean incluidas en la implementación de políticas públicas para abatir la violencia de género; un mecanismo “público, veraz y confiable” para registrar la violencia contra las mujeres; transparencia en el uso de recursos públicos; subsanar la inexistencia de una Unidad de Contexto, ordenada en la AVG; emitir convocatorias públicas para el diseño de protocolos, diagnósticos, capacitaciones y campañas; profesionalización en materia de derechos humanos y perspectiva de género del personal adscrito a la Fiscalía General de Justicia estatal y de las secretarías de Salud y Educación, así como de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia. La organización recomendó una auténtica restitución del daño a las familias que han sufrido violencia de género, ya sea feminicidio, desaparición forzada o trata de personas; sanciones a funcionarios que obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas, entre otras medidas. José Martínez Cruz, integrante de la CIDH-Morelos, apuntó que el incremento de feminicidios, está relacionado con la situación de violencia generalizada en el estado, que no ha sido contenida en las últimas dos administraciones. “Morelos está inmerso en ola de violencia que afecta a conjunto de población, en ese contexto incrementa la violencia general y se incrementan los feminicidios; hay una violencia estructural, una descomposición social, crisis del sistema que atañe a todos los niveles, no sólo vinculado a grupos criminales, porque, si lo analizamos, hay un incremento de violencia institucional, de la policía y del Ejército, pero también de la violencia familiar, y todo en conjunto favorece a la violencia feminicida”, puntualizó el defensor. Al destacar que hasta el momento el gobernador Cuauhtémoc Blanco se ha negado a reunirse con la CIDH-Morelos, Martínez Cruz apuntó que tanto la administración estatal como federal, llegaron al poder “con discurso de que iban a cambiar esta situación, y lo que hemos notado es una incongruencia en la forma en que se aborda el tema, y se culpa a la administración pasada de la violencia feminicida”.