FGR: ayer, carencias por corrupción; hoy, por austeridad

Sede de la FGR. Foto: Especial Sede de la FGR. Foto: Especial

A pesar de que la inseguridad aqueja al país y por ello el presidente enfatiza las acciones de su gobierno para combatirla, no ocurre lo mismo con la procuración de justicia. Agentes del Ministerio Público federal, peritos y personal administrativo de la FGR se quejan de las carencias que arrastran desde sexenios anteriores y que no se subsanan en la actual administración. Desprovistos de material tan básico como papelería, lo mismo que de aparatos, mobiliario y espacios adecuados para su labor, señalan que esa situación repercute en la endeble integración de carpetas de investigación. Por eso advierten: “Cuando esto colapse, (los jefes) se lo atribuirán a la austeridad”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el argumento de la “austeridad republicana”, áreas estratégicas de procuración de justicia de la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo enfrentan una reducción de presupuesto, sino que mantiene los mismos vicios del régimen anterior en el manejo de recursos, con el riesgo de que se “caigan” los casos por deficiencias en el procedimiento.

El esclarecimiento de los delitos, protección a las víctimas y el castigo al responsable es todo un desafío en esta etapa de “austeridad” para los peritos y agentes del Ministerio Público federal. De acuerdo­ con información interna de la FGR obtenida por este semanario, los primeros enfrentan carencias de infraestructura, equipo, reactivos y guantes para garantizar el correcto levantamiento y resguardo de evidencias; los segundos, la falta de hojas y hasta grapas para la debida integración de una carpeta de investigación.

A estas carencias se suma el hecho de que organismos no gubernamentales, como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), diagnosticaron que en el país prevalece “una crisis de inseguridad” que se incrementó en los nueve meses del actual gobierno federal.

Recientemente la fiscalía recibió dos reveses: el último, el viernes 30 de agosto, cuando el juez octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco absolvió del delito de delincuencia organizada a Rubén Oseguera González, El Menchito, presunto operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) e hijo del capo Nemesio Oseguera. No obstante, seguirá en prisión por otros cargos: lavado de dinero, uso de armas exclusivas del Ejército y cohecho.

Días antes, “debido a que la Fiscalía General de la República no reunió los suficientes elementos para vincularlo a proceso”, un juez de control liberó a un policía del Estado de México acusado de la muerte de un piloto y la caída de un helicóptero el pasado 6 de julio en el municipio de Sulpetec, mientras la nave realizaba el traslado médico de tres mujeres y una menor de edad que resultaron lesionadas por el desplome.

A pesar de las deficiencias, la FGR sufrió una disminución presupuestal para el ejercicio 2019 cercana a mil millones de pesos, 892 millones de pesos menos que en 2018. Esta reducción toca áreas sumamente sensibles, como la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, Asuntos Policiales Internacionales e Interpol; las direcciones del área forense, así como las de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

También se afectó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y la de Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, es decir, las direcciones relacionadas con delincuencia organizada y la investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.

El pasado 6 de agosto, Cecilia Villegas Hernández, directora general adjunta de Apoyo Administrativo, dio a conocer nuevas disposiciones en materia de viáticos para transporte aéreo y terrestre, gastos de investigación y comprobaciones. Lo hizo a través de un correo electrónico dirigido a Guillermo Terán Pulido, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), a los encargados de coordinación y a las fiscalías adscritas.

El oficio señala 12 puntos sobre la organización de las áreas, así como aspectos de las comisiones y gastos de investigación, derivados “de las medidas de autoridad (sic) (la austeridad), implementadas por el gobierno federal y la correcta aplicación de los recursos y comisiones”.

Señala que todos los oficios de comisión que pasan a rúbrica en la oficina del subprocurador deberán llevar la tarjeta informativa en la cual se describirán las diligencias por realizar a fin de que el subprocurador esté enterado, además de llevar la firma del titular de la unidad o el inferior jerárquico autorizado. No se otorgará la rúbrica si el documento no cumple los requisitos.

Medidas peligrosas

“Las comprobaciones de viáticos deberán de llevar las facturas o notas por medio de las cuales se compruebe que se utilizó el gasto y en caso de que exista un excedente deberá de reintegrarse”, dice el correo de Villegas Hernández. Al respecto, peritos y agentes del MP Federal consultados señalan que estas medidas pueden resultar inoperantes porque la mayoría de las veces las salidas son repentinas.

“Si tienes programada una audiencia para un lunes y empiezas los trámites desde un viernes, pero por alguna razón hay una traba para integrar el oficio de comisión, corres el riesgo de no llegar a la audiencia –dice uno de ellos–; esto trae como implicaciones jurídicas que empiecen a sancionarnos como funcionarios por las inasistencias y puedan dar de vista a los jefes inmediatos para que se inicien procedimientos.”

Y Manuel Grimaldo, agente del MP de la Unidad Antisecuestros. Explica que “en el aspecto procesal, el impacto de no presentarse a una audiencia es la dilación de los procesos, en la pronta impartición de la justicia. La austeridad se confunde con la mendicidad. Una cosa es ser austero, pero si te vas a los extremos vas a afectar la funcionalidad de la institución.

“Por la actividad que llevamos a cabo necesitamos mucha papelería, antes pasaban y nos surtían. Quizá empezaron a esconder o a robarse el recurso, porque dejó de haber material; lo único que siguió siendo a cuentagotas son las hojas, a pesar de que las ocupamos mucho. Incluso hace un par de meses ingresé un escrito para solicitar material, les expliqué que hace dos años no nos surtían. Pedí hojas, engrapadora, grapas, portadas, broches, y nada se surtió. Si llegan 10 detenidos y conformamos un expediente de 300 hojas requerimos de 3 mil hojas, que andamos consiguiendo para entregar a los abogados de cada uno”.

Grimaldo considera que la austeridad es un pretexto de algunas áreas para no soltar el recurso: “Batallamos mucho, al grado de que la compañera Keren Mares necesitaba sacar copias y de su dinero tuvo que comprar discos compactos y otros objetos para integrar su expediente, cuando se supone que la Ley General de Trabajadores al Servicio del Estado establece que es obligación de la institución dotar del material necesario para las actividades. En esa legislación fundamenté lo que le pedí al anterior titular, Gualberto.

“Además cuando adquieren el material con recursos propios, como lo hizo la MP, la fiscalía pone trabas para recuperar el recurso. Lo mismo sucede cuando nos vamos de comisión: muy difícilmente asignan coche, no entregan vales de gasolina ni la tarjeta IAVE. Además, nosotros tenemos que subsidiar el costo del viaje de la comisión y en esta administración se está tardando hasta seis meses en pagar.

“Otra cuestión es el tema de los viáticos. Cuando uno sale, está establecido por ley que la institución da viáticos para los gastos propios de la actividad laboral, como traslados, alimentos y hospedaje, pero por cuestiones de seguridad no debemos de pedir factura. Al salir a una entidad federativa a trabajar temas de delincuencia organizada corremos peligro al ventilar nuestra identidad en los lugares donde vamos a comer o a dormir. Con las nuevas disposiciones, la fiscalía nos exhibe y nos pone en peligro.”

Lo mismo sucede en servicios periciales. Se le pide al personal que compruebe gastos con documentación fehaciente, aunque corren el mismo peligro que los agentes, y cuando van a una entidad están a disposición del MP para intervenir en diligencias o en actas de investigación.

Además, señala el MP Grimaldo, el comedor de la unidad no se maneja con políticas abiertas sobre quienes pueden tener acceso y únicamente lo utilizan los altos mandos.

Casos arruinados

Peritos de Servicios Periciales de la Ciudad de México y de algunos estados, consultados por este semanario, coinciden en que se ven obligados a trabajar en condiciones precarias.

Un perito mexiquense enfatiza el papel de los jefes en esa situación:

“Los altos funcionarios tienen carro, chofer, gasolina, tarjeta IAVE, vales de comida y viáticos elevados, mientras que la tropa, incluyendo a la policía y a los ministerios públicos y peritos, no tienen vehículos para realizar su trabajo porque los ocupan los jefes. Siempre ha sido así, tienen que usar sus propios vehículos o transporte público. Antes no se decía nada porque quien se quejaba debía atenerse a las represalias. El problema es que hoy toda esa falta de apoyo se la atribuyen a la austeridad.

“Hay gente a la que le deben viáticos de hace seis meses o más, y cuando piden que se les paguen dicen que no hay dinero por la austeridad… Pero el sexenio pasado era exactamente lo mismo.”

–¿Cómo influye eso en su trabajo, digamos en una escena del crimen? –se le plantea a otro perito.

–En no procesarlo adecuadamente; que pueda existir contaminación y por lo tanto el asunto en el juzgado pueda fácilmente ser desvirtuado por la defensa. Es decir, que se caiga el caso, como los de Tlatlaya, adonde los peritos llegaron con el mínimo de material. Quizás esos casos por la relevancia y la difusión no se perciben, pero hablo de los que a diario se trabajan, pero no tienen difusión y que son muchos.

“Un grave problema en los estados es que parecería que un perito, por ejemplo de fotografía, está en dos lugares al mismo tiempo. Eso no es cierto, muchas veces gente de servicio social o policías estatales toman las fotos porque salen varios asuntos de manera simultánea y los peritos no pueden ir a todos los lugares al mismo tiempo. Los jefes lo saben, pero no hacen nada por subsanar las carencias; al contrario, si la gente protesta la amenazan.”

–¿En el expediente aparece el nombre del fotógrafo, ya sea de servicio social o policía?

–No, aparece el nombre del servidor público oficial.

“Los peritos que están en la Ciudad de México cuentan con material y equipo por estar en la capital, donde se quedan los recursos y sólo cubren su horario laboral. Algunos son de medio tiempo o sólo trabajan sábados y domingos. Sin embargo los peritos en los estados, además de cubrir su horario, deben estar disponibles en la noche y el fin de semana por si se les requiere, además por la tarde-noche y los fines de semana cubren físicamente guardias administrativas, que consisten en contestar el teléfono y recibir oficios. Estas actividades les corresponden a los coordinadores de servicios periciales y su apoyo secretarial, pero no las realizan.”

Explica que los peritos de los estados son los que más carecen de equipo y material. Por ejemplo, dice, la mayoría de especialistas en balística no cuenta con una área adecuada y alejada para hacer sus pruebas de disparo ni con un microscopio de comparación para hacer el estudio comparativo entre casquillos o balas.

En cuanto a los médicos legistas, no cuentan con áreas de infraestructura equipadas para hacer las certificaciones de las personas puestas a disposición del MP y laboran en áreas improvisadas. Los peritos químicos ponen en riesgo su salud, pues los laboratorios no cuentan con una campana de extracción para evitar la inhalación de vapores tóxicos de los solventes que utilizan para realizar pruebas, además de que carecen del mobiliario y equipo necesario para su especialidad.

También comenta que la mayoría de los laboratorios se ubican en áreas inadecuadas y algunos comparten espacio con peritos de otras especialidades, lo que pone en riesgo a todos los presentes. Los únicos laboratorios debidamente equipados, señalan, son los de la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Tamaulipas y la ciudad de Oaxaca.

Este reportaje se publicó el 1 de septiembre de 2019 en la edición 2235 de la revista Proceso.

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