Continúan ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela: Bachelet

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Octavio Gómez Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Octavio Gómez

GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que continúan posibles ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, detenciones arbitrarias perpetradas con anuencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro y lamentó el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela, cuestión que afecta a millones de personas.

“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, dijo Bachelet al presentar su informe oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.

“Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres.

“Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno (del presidente Nicolás Maduro)”, denostó.

Bachelet aseguró que su Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, “en particular de militares”.

“La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la Dirección Militar de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura”, deploró.

Instó al régimen de Maduro a que investigue las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición.

La Alta Comisionada observó que las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada.

“Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos”, urgió.

Condena aumento de presencia militar en comunidades indígenas  

Por otra parte, Bachelet expresó su preocupación por el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

Habló sobre el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.

“A pesar de que el gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados”, sostuvo.

En relación con el derecho a la salud, condenó el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400 mil personas que padecen enfermedades crónicas.

“Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera”, lamentó Bachelet

Inmunidad parlamentaria 

Refirió que la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 25 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente, Juan Guaidó.

“Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto”, advirtió.

Asimismo, la ex presidenta chilena expresó su rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical.

“Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”, remarcó.

Además, criticó las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

“Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático”, valoró Bachelet, quien lamentó también los recientes ataques del gobierno de Maduro en contra de la autonomía universitaria.

De igual manera, indicó que de acuerdo con información recibida por su oficina algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de su último informe a este Consejo, “fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación”.

“Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención”, urgió.

Criticó sanciones impuestas por Trump

Al abordar el tema de la situación económica y social en Venezuela, Bachelet aseguró que sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas.

Afirmó que la economía atraviesa “lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”.

En este sentido, la Alta Comisionada insistió en que las sanciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Maduro contribuyen a “agravar la situación humanitaria” del país.

“Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas”, recalcó.

Por último, Bachelet reiteró su llamado tanto al gobierno de Maduro como a la oposición liderada por Guaidó para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que consideró como “la única manera para poder superar la actual situación”.

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