GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, aseguró tener información sobre homicidios contra personas que participaron en manifestaciones en Nicaragua y por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que persiste “de facto” Estado de excepción en el país centroamericano. El día de hoy la Alta Comisionada presentó al Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra una actualización sobre la situación en Nicaragua, sesión en la que también participó la relatora para Nicaragua de la CIDH Antonia Urrejola. “Mi Oficina ha recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019’’, acusó Bachelet. “En al menos tres casos (dos de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras), se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018. Insto a las autoridades a que investiguen de manera urgente estos crímenes, y sancionen a los responsables”, detalló. La Alta Comisionada agregó, basada en el informe escrito de su oficina, que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año. “Por otro lado, los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes”, remarcó. Bachelet destacó que el espacio cívico en Nicaragua “se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy”. La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses. Asimismo, “se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos”. “En este contexto se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica en el país”, remarcó. Bachelet observó que desde septiembre de 2018, la Policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del Gobierno. “Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas, a pesar de la prohibición, fueron arrestados y en la mayoría de los casos, liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto’’, afirmó. La crisis en Nicaragua estalló a raíz de las manifestaciones en marzo de 2018 en las que la población salió a las calles a protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Segun informes de la CIDH en las protestas al menos 325 manifestantes perdieron la vida, pero organizaciones locales cuentan hasta 594 muertes y el régimen de Ortega admite 200. Persiste estado de excepción con el régimen de Daniel Ortega Por su parte, al tomar la palabra la relatora de la CIDH reiteró que la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. “Persiste la instalación de facto de un Estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas", valoró la relatora de la CIDH Antonia Urrejola quien aseguró que la situación interna en el país “no se ha normalizado’’. Describió que a más de un año de iniciada la crisis, la cotidianeidad de los y las nicaragüenses sigue caracterizada por la persistencia de las detenciones arbitrarias, la prohibición de la protesta social, hostigamiento a celebraciones religiosas , amenazas contra algunos líderes de la iglesia católica , juicios contra opositores sin el debido proceso y “en general la imposición de un estado policial’’. En sus intervenciones, tanto Bachelet como Urrejola deploraron que al menos nueve organizaciones no gubernamentales siguen sin que el gobierno de Ortega restituya sus personerías jurídicas, ni les devuelvan sus bienes. Nicaragua rechaza el informe de Bachelet Al contestar el informe el ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke rechazó de manera categórica las afirmaciones de la Alta Comisionada y la representante de la CIDH por obedecer a “criterios parcializados’’. Defendió que Nicaragua es “el país más seguro de la región’’ y que no hay un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas o tratos crueles,“ni periodistas que hayan sido encarcelados’’. Por último, ante las afirmaciones de la CIDH en el sentido de que "los periodistas son perseguidos sistemáticamente", el cierre de los dos principales medios televisivos que no eran oficialistas y que el papel y la tinta de dos diarios opositores están retenidos desde hace un año, Jaentschke afirmó que en Nicaragua hay "plena libertad de expresión".