CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nueve de cada diez gobiernos estatales incumplen con los “atributos mínimos” de una política social robusta, pues sus programas sociales no transparentan su presupuesto ni aparecen en la cuenta pública, y otros no tienen reglas de operación o no cuentan con indicadores de gestión, señaló la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc). De acuerdo con su Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2019 (IDES), los gobiernos de Morelos, Nayarit y Chiapas resultaron los de menor cumplimiento con la institucionalidad de los programas sociales; durante el primer año de administración de Cuauhtémoc Blanco, Morelos pasó de ser uno de los estados mejor calificados hacia el último lugar. El estudio muestra que la mayor parte de los mil 414 programas sociales implementados a nivel estatal en México en 2019 presenta problemas de implementación: nueve de cada diez se implementaron sin evaluación; seis de cada diez no tienen presupuesto aprobado; la mitad no opera con reglas de operación, y cuatro de cada diez no tiene un padrón de beneficiarios público. Aunque Gesoc observó una mejora general en comparación con el año pasado, la falta de transparencia resulta preocupante, dado que entre 2016 y 2018 los gobiernos estatales multiplicaron los programas sociales –pasaron de mil 225 a mil 414-- e incrementaron de manera sustancial su gasto en ellos: pasó de 70 mil millones de pesos en 2016 a 84 mil millones de pesos el año pasado. Según Gesoc, solo los gobiernos Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Yucatán, la Ciudad de México, Chihuahua y Coahuila, transparentaron los presupuestos de más de la mitad de sus programas sociales, mientras que “para las restantes veinticuatro entidades, el porcentaje de programas expresados en el presupuesto estatal fue menor al 50%”.