WASHINGTON (apro).- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Estados Unidos dio la razón al presidente Donald Trump para negar la entrada a la Unión Americana a inmigrantes centroamericanos que soliciten asilo por motivos económicos, de seguridad o persecución política. El máximo tribunal estadunidense determinó que el gobierno de Trump puede negar el ingreso a inmigrantes de El Salvador y Honduras para buscar asilo, a menos que esa petición les haya sido negada en países de tránsito, que en este caso serían Guatemala y México. La decisión anula cualquier solicitud de asilo de los centroamericanos, y por cualquier razón, si no hicieron el mismo pedido en las naciones que cruzaron antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, como lo había determinado Trump con una orden ejecutiva que fue congelada por intervención de cortes federales. De los nueve jueces que integran la SCJ, únicamente las magistradas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg disintieron del fallo de sus colegas, que le dio un triunfo político a Trump. A nombre del gobierno federal estadunidense, el abogado Noel J. Francisco argumentó que las restricciones a las peticiones de asilo son necesarias para contener la crisis humanitaria y migratoria que se vive en la frontera con México. La resolución de la SCJ se da un día después de que el canciller mexicano Marcelo Ebrard, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se mantendrán las políticas migratorias alcanzadas a través del acuerdo firmado con Washington el 7 de junio. Bajo ese compromiso, signado por las amenazas de Trump de imponerle aranceles a todas las exportaciones mexicanas, el gobierno de López Obrador desplegó por la frontera sur y norte de México a miles de elementos de la Guardia Nacional para detener la entrada al país y a Estados Unidos de miles de inmigrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y violencia extrema que azota a sus naciones. Además de la militarización de la frontera, el gobierno mexicano aceptó ser el receptor de miles de centroamericanos que ya presentaron sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, y mantenerlos en refugios e incluso darles empleo hasta que se resuelvan sus casos en las cortes federales migratorias estadunidenses, proceso que puede llevar meses y hasta seis años. La recepción y manutención de los peticionarios de asilo en Estados Unidos, virtualmente convierte a México en un Tercer País Seguro para el gobierno de Trump, compromiso que de manera formal rechaza el gobierno de López Obrador. Ahora, con la SCJ de su lado, la Casa Blanca mantendrá vigente la expulsión de miles de migrantes peticionarios de asilo y el traslado a México de quienes ya lograron presentar su petición. En su disertación ante los nueve jueces de la Corte Suprema, Noel J. Francisco sostuvo que cuando se aceptan peticiones de asilo como las que argumentan los centroamericanos, éstos se quedan libremente y sin documentos en Estados Unidos hasta la solución de su caso. Al respecto, Trump impuso las medidas unilaterales, que van en contra de las leyes internacionales de asilo suscritas por el país, alegando que los peticionarios centroamericanos abusan del proceso legal quedándose como inmigrantes indocumentados y trabajando, sin acudir a la cita con el juez migratorio cuando se define su caso. Y ahora, con el aval que obtuvo de la SCJ, el gobierno estadunidense sólo recibirá peticionarios centroamericanos de asilo siempre y cuando se les haya negado en Guatemala o México, y comprueben que sus argumentos son reales y que son víctimas de acciones severas por parte de traficantes de personas. Con ello quedan descartadas básicamente las solicitudes de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia extrema generada por las pandillas asociadas a organizaciones del crimen organizado y el tráfico de drogas. La decisión de la CSJ de respaldar a Trump, técnicamente anula las posibilidades de inmigrantes centroamericanos de ingresar por la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo. Sólo los ciudadanos mexicanos que no tendrían que cruzar un tercer país para llegar a la frontera sur estadunidense estarían excluidos de la medida.