CCE se inconforma por apartados de reforma que tipifica como delito grave la falsa facturación

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Foto: Tomada de Twitter @cceoficialmx Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Foto: Tomada de Twitter @cceoficialmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín se dijo inconforme por la aprobación de algunos puntos de la reforma a diversas leyes para tipificar la falsificación de facturas como delito grave.

Luego de la firma del convenio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para reducir la informalidad, el empresario adelantó que trabajará con los legisladores en la materia para reconsiderar las reformas que equiparan al fraude fiscal con el crimen organizado.

“Ya hay algunos cambios que sugerimos, el más destacable es que debe haber dolo para este tipo de operaciones, lo cual quita a todo que de buena fe trabaja”, acotó.

Luego agregó, “lo segundo, es que hay un nivel que consideramos que puede ser razonable, de los siete millones y pico de pesos, que implicaría que alguien reciba facturas falsas por casi 30 millones de pesos, lo cual nos parece que esto quita a la gran cantidad de personas que podrían sentirse amenazadas por eso”.

A decir de Salazar Lomelín, aún se esperan cambios en la Cámara de Diputados.

“No estamos conformes y vamos a seguir insistiendo en los puntos que todavía nos faltan. Evidentemente nos preocupa la protección al contribuyente. Que no se sienta amenazado de estas cosas”, acotó.

En la víspera, el Senado aprobó cambios en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación que implica que la defraudación fiscal será delito grave con prisión preventiva oficiosa cuando algún contribuyente haya expedido facturas por encima de los 7.8 millones de pesos.

IP firma decálogo con el SAT

Por su parte, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, señaló que la iniciativa privada firmó un decálogo hecho por la autoridad donde se especifica que las compañías deberán revisar que sus proveedores no estén en la lista de firmas fantasma.

Los puntos del decálogo tienen que ver con la localizabilidad de las empresas; la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positivas y actualizadas; el contacto con el SAT; el balance sobre la relación con los ingresos que percibe la empresa; y las denuncias ante el SAT.

Además, de verificar la existencia del domicilio fiscal de los proveedores; checar los documentos que amparan el pago de las cuotas obrero patronales al IMSS; y asegurarse de contar con documentación que demuestre la legal estancia en México de mercancía de origen extranjero; por último, aplicar procedimientos de control y vigilancia.

 

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