PUEBLA, Pue. (apro).- La organización civil Puebla Contra La Corrupción y la Impunidad (PCCI) solicitó formalmente al Congreso local y a las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción, que investiguen los posibles actos de corrupción que se cometieron durante el morenovallismo en torno a la construcción de la plataforma de Audi y de Ciudad Modelo. Gerardo Navarro y Enrique Cárdenas, a nombre de PCCI, entregaron en cada una de las instituciones un ejemplar del libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, así como un oficio de solicitud de intervención para indagar los posibles actos de corrupción que son detallados en la investigación llevada a cabo por el periodista Sergio Mastretta y la ingeniera María Eugenia Silva. Además del Congreso del Estado de Puebla, los documentos se entregaron en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; la Auditoría Superior del Estado de Puebla; la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla; la Secretaría de la Función Pública y el Consejo de la Judicatura. Igual, la solicitud para que se investigue este caso fue llevado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; así como a las sedes de la Procuraduría Agraria Nacional y el Registro Agrario Nacional. El libro “La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario”, puso al descubierto principalmente la operación que se llevó a cabo en el sexenio de Rafael Moreno Valle para la compra-venta de los terrenos en los que se instaló la planta automotriz de Audi en el municipio de San José Chiapa. La investigación, realizada en colaboración con PCCI, documenta que en una operación “inusualmente rápida”, de la cual tuvo conocimiento la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Dirección de Tenencia de la Tierra de Puebla, seis particulares, entre ellos dos servidores públicos, se convirtieron en ejidatarios y fueron los vendedores de los predios en los cuales se asentó la planta Audi. Esos mismos funcionarios, habían participado como gestores del gobierno estatal para convencer a los ejidatarios y particulares propietarios sobre la venta de las 680 hectáreas, de las cuales, en 460 hectáreas se instaló la planta automotriz. Mientras que a los auténticos dueños de los terrenos, se les pagó entre 80 y 90 mil pesos la hectárea, a los seis compradores intermediarios, entre ellos a los dos funcionarios estatales, el gobierno de Puebla les compró esos terrenos en un promedio de 523 mil pesos la hectárea. Luego, las 460 hectáreas que requería Audi para instalar su planta armadora, fueron vendidas en 2 millones de dólares, unos 30 millones de pesos al tipo de cambio de 2013, es decir, en alrededor de 65 mil pesos por hectárea. Además de esta operación, el libro da cuenta de cómo, para consumar la llegada de la empresa germana y la construcción de la Ciudad Modelo, se usaron “procesos de poder autoritario” materializados en el control absoluto de las instituciones públicas en un marco de opacidad, violaciones a la autonomía municipal, manejo de información privilegiada en beneficio de unos cuantos y un aumento exponencial de la deuda pública, entre otras presuntas irregularidades.