En noviembre de 2016 la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano firmaron la paz, luego de cuatro años de negociaciones en la capital cubana. Pero desde entonces, con los rebeldes ya desarmados, los ataques de las alas políticas de izquierda y de derecha de Colombia sabotearon el tratado y han impedido que se aplique como estaba previsto. Esto dio pie a que dos exintegrantes de ese grupo, Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaran el resurgimiento de la guerrilla... que sigue estando bajo sospecha de dedicarse al narcotráfico y de recibir apoyo del gobierno de la vecina Venezuela. BOGOTÁ.- La imagen del anuncio del rearme de un grupo de antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene, dentro de su gravedad, un dejo de ironía: en ella, el excomandante Jesús Santrich, quien es invidente, aparece con un fusil AK-47 terciado en el pecho. Santrich es un reconocido estratega político, un músico talentoso y tiene una cultura sobresaliente, pero su ceguera lo inhabilita para el combate. Por eso el fusil que portaba en el video en el que el exnúmero dos de las FARC, Iván Márquez, proclamó, el pasado 29 de agosto, el surgimiento de una “nueva guerrilla”, es más que nada parte del montaje escénico para imprimir un carácter revolucionario y emancipador al atípico grupo armado que hoy agita el escenario político de Colombia. Para el politólogo Gustavo Duncan, la escena de un invidente cargando un fusil simboliza más bien la incapacidad del nuevo grupo subversivo para ver la realidad política nacional y regional y apostar por la violencia sin calcular sus consecuencias. Desde el inicio de los diálogos de paz con las FARC en La Habana, en 2012, Iván Márquez y Jesús Santrich representaron el ala más dogmática y radical de esa exguerrilla. Desde esa época, también, los dos se convirtieron en los villanos favoritos de la ultraderecha colombiana encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, quien hizo todo lo posible por evitar que se firmara el acuerdo de paz y, después de que eso ocurrió, en noviembre de 2016, ha hecho todo lo posible por evitar su implementación. Algunos políticos desde la extrema izquierda, y Uribe desde la ultraderecha, se han encargado de socavar el proceso de paz que puso fin, hace casi tres años, a un conflicto armado de más de medio siglo. Márquez y Santrich decidieron retomar las armas junto con excombatientes de élite de las FARC, como El Paisa y Romaña, y su decisión plantea un escenario desafiante para Colombia. El exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, general Jairo Delgado, dice que el Estado “debe tomar muy en serio la amenaza que representa” el nuevo grupo armado, sobre todo en dos variables que pueden ser “críticas”: el terrorismo y la guerra de guerrillas. La nueva estructura, dice el experto en geopolítica y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, no tiene capacidad de hacer una guerra territorial, pero sí para realizar ataques focalizados –en esas dos modalidades– contra “la oligarquía”, a la que declaró como “objetivo”. Lo que más preocupa a los organismos de seguridad es que el grupo disidente de las FARC anunció que buscará una alianza con el Ejército de Liberación Nacional, la única guerrilla activa en Colombia y que tiene un plan de terrorismo urbano que ha ejecutado atentados como el del carro bomba que dejó 23 muertos en enero pasado en una escuela de la policía en Bogotá. En el video divulgado por las redes sociales el 29 de agosto, Márquez dijo que la nueva estructura armada sólo responderá a acciones ofensivas de las fuerzas militares y que no atacará cuarteles “que no dirijan sus miras y cañones contra los intereses populares”. Según Delgado, el principal reto del rearme de esta facción de las FARC es político. “La respuesta no puede ser solamente militar y policial”, dice, “la respuesta más fuerte debe ser la decisión política del Estado para implementar el acuerdo de paz con las FARC. Debemos centrar la atención y el esfuerzo en la implementación, porque eso va a generar una buena inercia al proceso de paz”. Implementación accidentada El rearme se produce en un contexto de fuertes presiones del sector más radical del gobernante y ultraderechista partido Centro Democrático, del expresidente Uribe, para “hacer trizas” el acuerdo de paz con las FARC. Aunque esa exguerrilla entregó las armas hace dos años, los programas de reinserción de los excombatientes a la vida productiva han marchado con lentitud y varias de las leyes de implementación del acuerdo están atoradas en el Congreso. Un informe del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, señala que hasta febrero pasado sólo se habían aplicado 23% de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz. El estudio indica que uno de los principales retos del acuerdo tiene que ver con las garantías de seguridad y protección de líderes sociales y los excombatientes de las FARC y sus familias. Desde la firma de la paz con las FARC, en noviembre de 2016, hasta agosto pasado, han sido asesinados 630 dirigentes sociales –varios de ellos involucrados en la implementación de los acuerdos– y 140 exguerrilleros. En su proclama del 29 de agosto, Márquez dijo que el nuevo grupo armado nacía “bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión”, y mencionó los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Lo que sigue, agregó Márquez, “es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz”. Pero a pesar de los tropiezos en la aplicación del pacto, 91% de los 13 mil guerrilleros que entregaron las armas se mantiene en el proceso de reincorporación; del restante 9% el gobierno desconoce su ubicación, pero no necesariamente están en la ilegalidad o alzados en armas. Antes de la firma de la paz, varios grupos residuales de las FARC decidieron mantenerse en armas, lo que ha derivado en la formación de estructuras criminales involucradas en el narcotráfico y la minería ilegal. Estas llamadas “disidencias” tendrían unos 2 mil 300 hombres en armas en regiones remotas del territorio colombiano. El rearme fue condenado por todos los partidos políticos de Colombia e incluso por las FARC, que en voz de Timochenko criticó a sus excompañeros y dijo que es momento de cerrar filas por la paz y por el cumplimiento de los acuerdos negociados durante cuatro años en La Habana. El surgimiento de la “nueva guerrilla” se produce un año después de que llegó a la Presidencia el “delfín” del exmandatario Álvaro Uribe, Iván Duque, quien ha enfrentado enormes presiones del sector más ultraderechista del Centro Democrático para levantar un dique a los acuerdos de paz. Duque se desgastó durante meses intentado que el Congreso derogara seis artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal emanado de los acuerdos de paz para juzgar a guerrilleros, militares, agentes del Estado y particulares que hayan cometido delitos graves durante el conflicto armado. La andanada de Duque para restarle atribuciones a la JEP –que el Centro Democrático considera una corte “para la impunidad” de los excomandantes de las FARC– fue detenida en el Congreso y en la Corte Constitucional, que validaron en su conjunto la ley estatutaria de ese tribunal. Tras el surgimiento del nuevo grupo armado, Uribe pidió la derogación absoluta de la JEP y quitar el rango constitucional a los acuerdos de paz, lo que encendió las alarmas de la mayoría de dirigentes políticos y de representantes de organismos internacionales que creen que una acción de ese tipo haría volver a las armas a todos los excombatientes de las FARC. La mano de EU Márquez, Santrich y los exjefes guerrilleros que los flanqueaban al anunciar una “nueva guerrilla” de las FARC ya habían abandonado el proceso de paz y se desconocía su paradero, aunque informes de los servicios de seguridad de Colombia indicaban que estaban en la vecina Venezuela bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro. Santrich fue detenido en abril del año pasado con fines de extradición luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo acusó de “conspiración” para traficar cocaína hacia ese país. Los cargos surgieron de una operación encubierta que hizo la DEA en Colombia sin autorización de las autoridades colombianas, y por lo tanto ilegal, en la que utilizó a dos mexicanos que se hicieron pasar como emisarios del Cártel de Sinaloa y de Rafael Caro Quintero. Tras la captura de Santrich, Márquez, El Paisa y Romaña abandonaron el proceso de paz y presuntamente viajaron a Venezuela. Márquez sabía que un sobrino de él, Marlon Marín, se había convertido en informante protegido de la DEA y que esta agencia preparaba una acusación en su contra por narcotráfico. Santrich fue puesto a disposición de la JEP, pero ante la negativa de Estados Unidos de presentar pruebas contra el acusado, éste fue puesto en libertad en mayo pasado. Incluso, un mes después de su liberación, asumió como congresista, pues el partido de las FARC le había asignado una de las cinco curules que le correspondían en la Cámara de Representantes como parte del acuerdo de paz. El doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina Gallegos, considera que el rearme es resultado “de un proceso en el que el gobierno de Duque ha simulado la implementación del acuerdo de paz” para complacer al Centro Democrático y a Uribe. “Se han presentado hechos gravísimos contra la seguridad de los excombatientes y la política de reincorporación sólo atiende elementos básicos de supervivencia. No han tenido seguridad jurídica, física, política y económica, lo que es un incumplimiento de lo que se pactó en La Habana”, asegura el experto en conflicto armado. Medina considera que el grupo de Márquez y Santrich se vio “presionado por el entrampamiento de la DEA, lo que es violatorio de la ley colombiana”, y su alzamiento “será sin duda explotado por los sectores de derecha, que buscarán presentar el acuerdo con las FARC como un fracaso”. Los defensores del proceso de paz han llamado “traidores” a Márquez y Santrich por incumplir el acuerdo que ellos mismos negociaron en La Habana, pero según Medina Gallegos, “desde esa lógica habría también una traición del gobierno de Duque a lo pactado con las FARC”. Para Duncan, el rearme de Márquez y Santrich se produjo porque “mordieron el cebo en una operación encubierta de la DEA”. Delgado sostiene que Marlon Marín, quien se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido, ha suministrado a la DEA información que indicaría que algunos de los excomandantes de las FARC que se rearmaron decidieron seguir en actividades ilícitas después de la firma del acuerdo de paz, lo que viola lo pactado en La Habana. “Si decidieron continuar en el narcotráfico, los responsables son ellos, Márquez y Santrich, y obviamente por eso decidieron radicalizar su posición, pero más como un elemento de frustración personal que como una idea revolucionaria”, señala Delgado. El nuevo grupo armado señaló en su proclama del 29 de agosto que no cometerá secuestros para financiarse, pero sí cobrará “impuestos” a las empresas trasnacionales y a los grupos involucrados en economías ilegales, lo que apunta al narcotráfico y a los cárteles mexicanos de la droga que se abastecen de cocaína en Colombia. Medina señala que el narcotráfico y las eventuales alianzas con los cárteles mexicanos formarán parte de la “economía de guerra” de las disidencias de las FARC, porque esa actividad ilegal está presente en los territorios en los que pueden operar. Este reportaje se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso.