Liberan a 24 personas más ligadas al caso Ayotzinapa; quedan sólo 65 detenidos de 142

Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, población y migración de Gobernación Foto: Twitter @A_Encinas_R Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, población y migración de Gobernación Foto: Twitter @A_Encinas_R

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un juez ordenó ayer la absoluta e inmediata liberación de 24 personas detenidas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, informó Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación.

Con esto, suman ya 77 liberados de un total de 142 detenidos por el caso Iguala, agregó el funcionario.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) debe fincar responsabilidades al exprocurador Jesús Murillo Karam, así como a Tomás Zerón de Lucio –exencargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)-, sostuvo Encinas.

Encinas, quien encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, denunció que la decisión del juez Samuel Ventura Ramos –durante “un sabadazo de puente”- constituye un “grave precedente” y una “afrenta a las víctimas, a los padres de familia y una burla a la justicia”; aseveró que “muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país”.

A raíz de la instrucción del juez Ventura, con sede en Reynosa, Tamaulipas, de liberar a los 24 imputados, quedan detrás de las rejas solamente 65 de las 142 personas detenidas en el marco de la polémica investigación del caso, que arrancó con la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y continúa en la FGR. El mismo juez ya ordenó la liberación de 53 personas.

El juez Ventura pronunció su sentencia menos de 12 días antes de que se cumpliera el quinto aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la cual ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014. Hasta la fecha, aún se desconoce el paradero de los estudiantes, y la decisión del juez provocó “indignación” entre los padres, dijo Encinas.

Durante una conferencia de prensa, el subsecretario reconoció que las personas liberadas ya no podrán ser juzgadas por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en el marco de la investigación sobre Ayotzinapa.

Según Encinas, la decisión de ayer podría abrir la puerta a la liberación de Sidronio Casarrubias Salgado –jefe del grupo criminal de los Guerreros Unidos-, y quitar un cargo al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra preso por el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona.

El político se mostró muy duro contra el juez Ventura, al que atribuyó una “evidente intención política”, pues liberó a los detenidos bajo la premisa de que sufrieron tortura, pero “no fincó responsabilidades a los torturadores”.

Recordó que el gobierno mexicano pidió al Consejo de la Judicatura que investigue al juez, del que ni siquiera encontraron una fotografía; y aseveró que el magistrado no observó la jurisprudencia según la cual los actos de tortura no invalidan las pruebas que determinan la materialidad del delito.

Encinas recordó que la liberación se dictó porque el juez dio un plazo de 10 días a la Fiscalía de Ayotzinapa –encabezada por Omar Gómez Trejo– para realizar el protocolo de Estambul a los detenidos; tras afirmar que dicho plazo era “materialmente imposible”, la FGR pidió una prórroga, que el magistrado negó.

El político también subrayó que existen elementos que acreditan las irregularidades perpetradas por Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio en la investigación: la PGR tardó seis días en atraer el caso, pretendió “dar carpetazo con la verdad histórica” a la investigación, hubo “sembrados de prueba” y actos de tortura.

Si bien consideró que “no hay nada perdido” en la búsqueda de la justicia para las víctimas, Encinas se despidió de la prensa deplorando que “lamentablemente estamos viviendo esta situación en nuestro país”.

Apenas ayer, la Fiscalía de Ayotzinapa, adscrita a la FGR, anunció que “presentará todos los recursos” contra los funcionarios que “han incumplido con sus funciones” desde el inicio del caso.

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