Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, a quienes se les atribuyeron los granadazos de la noche del 15 de septiembre de 2008 en Michoacán, fueron víctimas de una trama de la Procuraduría General de la República cuando Eduardo Medina Mora –actual ministro de la Suprema Corte– estaba al frente de la dependencia. Los tres estuvieron en prisión y en mayo de 2015 salieron libres por falta de pruebas. Y aun cuando la Corte admitió que la PGR mintió, hasta ahora no han sido interrogados los tres agentes de la SEIDO que presentaron a los detenidos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El atentado narcoterrorista del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, quedó en la impunidad por una trama del gobierno de Felipe Calderón. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) procesó a tres hombres que después de 11 años acaban de ser exonerados en definitiva, al demostrarse que fueron torturados para inculparse del ataque con granadas que dejó decenas de vidas destrozadas. El titular de la PGR era Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde la Unidad contra el Terrorismo de la subprocuraduría contra la delincuencia organizada, el ahora juez constitucional avaló el montaje que resultó de una operación clandestina encabezada por el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro. Identificado como símbolo de la represión de la Guerra Sucia de los sesenta y setenta en México, el militar fue asesinado cuatro años después. La justicia federal, de la que ahora Medina Mora forma parte, apenas sentenció que lo dicho por la PGR fue mentira; y más aún, reiteró que se debe investigar a los culpables del tormento contra Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, quienes fueron secuestrados, torturados, exhibidos públicamente y presos durante casi siete años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. La magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, titular del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, cerró el caso en junio pasado al rechazar la apelación de la PGR contra la libertad de Galeana, Mondragón y Rosas. Los tres fueron liberados en mayo de 2015 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco debido a la falta de pruebas por parte del Ministerio Público federal y los apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidos. “La magistrada confirmó lo dicho por el juez desde hace cuatro años: que fueron torturados para declararse culpables y que la PGR no presentó ninguna prueba que demostrara su participación en el ataque. Tampoco demostró las acusaciones de los testigos protegidos que utilizó para armar el caso”, dice a Proceso Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea. El ataque más grave a la población civil ocurrido hasta ahora en relación con el narcotráfico quedó así sin responsables. El atentado se produjo con dos granadas de fragmentación que fueron lanzadas en la Plaza Melchor Ocampo y en la esquina de Madero Poniente y Andrés Quintana Roo, en el centro histórico de Morelia, poco después de las 23:00 horas, cuando la población civil estaba concentrada en el Día de la Independencia de México, en plena guerra al narcotráfico declarada por Calderón, originario de Morelia. El cuarto participante En 2015, cuando el entonces juez Emilio Enrique Pedroza ordenó la libertad de los inculpados por falta de pruebas, la PGR –en esa fecha a cargo de Arely Gómez González, ahora compañera de Medina Mora como contralora del Poder Judicial de la Federación– no sólo apeló la resolución, sino que ofreció una recompensa de 1 millón y medio pesos a quienes dieran datos de su localización para que fueran reaprehendidos. Era la segunda vez que las autoridades mexicanas pedían recompensa y los exhibían como responsables. La primera fue apenas ocurrido el atentado. Gómez González, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, formalizó el ofrecimiento de la recompensa en una publicación que hizo en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2015. Argumentó que se trataba de una herramienta eficaz para reaprehenderlos por haber atentado “contra la tranquilidad y la paz pública”, obstaculizando “la actuación normal de las instituciones públicas” y por “impedir el desarrollo social”. Precisó que eran buscados por los delitos de homicidio agravado, lesiones calificadas, portación de granadas y otros, como resultado de los ataques en los que fallecieron siete personas y otras 108 fueron lesionadas, varias de ellas mutiladas. Incluso publicó sus supuestos alias de delincuentes. Para cuando apeló la libertad, el delito de terrorismo del que fueron acusados inicialmente ya había sido desechado por la justicia federal porque la PGR no pudo demostrar esa acusación. La procuraduría también fracasó en su intento de responsabilizar del atentado a José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, uno de los jefes del Cártel del Golfo, organización que estaba en conflicto con La Familia Michoacana, entonces grupo delictivo dominante en la entidad. La Procuraduría siempre habló de un cuarto participante al que nunca identificó. Su nombre se conoció cuando el juez Sexto de Procesos Penales Federales echó abajo la versión oficial y ordenó la liberación de los acusados. El Coss, quien había sido detenido cuatro años después del atentado, siguió en prisión bajo cargos de delincuencia organizada, y en 2015 fue extraditado a Estados Unidos. Los secuestros El caso quedó a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en ese momento bajo la responsabilidad de Marisela Morales, quien reemplazó a Medina Mora como titular de la PGR en 2009, a la mitad del gobierno de Calderón. “La recompensa para dar información sobre nosotros fue una más de las patrañas que hicieron con el caso. Engañaron a la sociedad y destruyeron nuestras vidas. Por eso es que pido una disculpa ante todo el país, tal y como usaron la televisión y todos los medios de comunicación cuando nos exhibieron como responsables”, dice a Proceso Juan Carlos Castro Galeana en entrevista telefónica. “Mi vida quedó devastada. No puedo regresar a mi lugar de origen, pues a pesar de que se demostró nuestra inocencia, hay señalamientos de la gente. Mi familia se quedó sin dinero y se tuvo que mudar. Yo era un mecánico reconocido en Lázaro Cárdenas, y mi situación se conoció mucho en el lugar.” Castro Galeana es ahora vendedor de carne en otra ciudad del país: “Le hago como puedo, no sólo para tener dinero, sino para hacer mi trabajo. Perdí 30% de la vista y del oído por la tortura. Me daban golpes en los oídos, me arrastraron, me amenazaron con matar a mi familia si no me declaraba culpable”, refiere sin abundar en el tormento, pero asegura que aún debe acudir a terapias psicológicas. “Me tuvieron una semana en distintas casas de seguridad antes de que me llevaran a la PGR. Pero el maltrato siguió. Fuimos ‘recomendados’ cuando nos encerraron en Puente Grande. Nos tuvieron incomunicados durante dos meses, nos obligaban a bañarnos sin sandalias en los pisos sucios del baño, sin toalla y sin jabón. Nos racionaban también la comida”. Eso cambió en el gobierno de Peña Nieto, después del gobierno de Calderón, señala. Dice que el juez Sexto de Distrito de Jalisco, Enrique Emilio Pedroza, durante la última audiencia, antes de dictar su sentencia, les advirtió a él y a los otros detenidos que buscaba establecer la verdad. De encontrarlos culpables, les dijo, los condenaría con las penas más altas señaladas para los delitos que les imputaba la PGR; pero, si no encontraba sustento en las acusaciones, los liberaría de inmediato. Así fue. El 27 de mayo de 2015 ordenó su liberación, confirmada en última instancia hace dos meses por el Segundo Tribunal Unitario en Jalisco. Con la absolución definitiva, Castro Galeana añade: “Lo que deseo es que el Estado mexicano se disculpe por el error o la mala fe que hubo en contra de nosotros, por la mala procuración de justicia en la época de aquel gobierno malo”. Igual que Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea cambiaron de residencia. Decidieron no regresar a la vida que tuvieron hasta el 15 de septiembre de 2008 en Lázaro Cárdenas, la ciudad portuaria que durante el gobierno de Calderón fue escenario de fuertes confrontaciones con La Familia Michoacana y la Policía Federal, que dependía del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Días después del atentado, entre el 18 y el 21 de septiembre, Castro, Mondragón y Rosas fueron secuestrados por hombres armados en una operación clandestina acordada entre el gobierno de Calderón y La Familia Michoacana. A las pocas horas del ataque contra la población civil, La Familia Michoacana acusó a Los Zetas del narcoatentado y la PGR presentó a los tres acusados como integrantes de esta organización delictiva. El operativo de su detención estuvo a cargo de Acosta Chaparro y tuvo el visto bueno del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien murió en noviembre de ese año en la Ciudad de México cuando se desplomó la avioneta en que viajaba. Acosta Chaparro también murió en la capital del país en un ataque armado en abril de 2012. Dos años antes había sufrido otro atentado en el que quedó herido. Fuentes cercanas al general revelaron a este semanario (Proceso 1768) que la misma noche del atentado del 15 de septiembre de 2008, el general retirado viajó a Michoacán en su condición de asesor del entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y con el aval de Mouriño. La tarea del general fue contactar a La Familia Michoacana como parte de los encuentros que sostuvo con los principales grupos de la delincuencia organizada que tenía encomendados por el gobierno de Calderón, en un intento de disminuir la violencia en el país. Omisiones Días después, el general retirado regresó a Michoacán para la detención, utilizando un viejo avión Cessna de la PGR. Fue acompañado por el entonces titular de la UEITATA, Ricardo Cabrera González, y un agente de apellido Estrella. Esa versión, revelada por este semanario, fue avalada por los pilotos de la PGR que fueron llamados a declarar por el abogado Espinosa de los Monteros. En su declaración ante el juez Sexto de Distrito, explicaron que volaron de Toluca a Morelia y luego a Apatzingán. Ahí esperaron más de cinco horas hasta que llegaron tres elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) –adscrita a la PGR y ahora llamada Policía Federal Ministerial– con los tres detenidos, y regresaron a la Ciudad de México. No habían pasado dos semanas del narcoatentado y el gobierno de Calderón desplegó un gran aparato propagandístico para presentar a los supuestos responsables. La PGR dio a conocer que la AFI recibió una llamada anónima en la que se le informó que los responsables estaban en una casa abandonada en la población de Antúnez. Aseguró que la localidad estaba en la sierra michoacana, aunque en realidad es un lugar del valle de Apatzingán. Espinosa de los Monteros asegura que la PGR nunca presentó ante el juez a los tres agentes de la AFI para que explicaran las circunstancias en las que detuvieron a los inculpados. Retenidos varios días en esa casa abandonada, torturados, vendados y maniatados fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Ahí sólo les quitaron las vendas de los ojos para que firmaran una declaración en la que admitían su culpabilidad. Después fueron presentados en la televisión como los responsables. La PGR, incluso, presentó un video en el que explica cómo fue que supuestamente lanzaron las granadas contra las personas que presenciaban la ceremonia del grito, encabezada por el entonces gobernador Leonel Godoy, en los balcones del Palacio de Gobierno. Godoy, ahora secretario de Organización de Morena, segundo cargo más importante del partido gobernante, prometió ayudas a las víctimas del atentado. Pero el apoyo ha sido a cuentagotas. Tuvieron que pasar tres años para que el gobierno del estado los reconociera ­como víctimas y asignara a 54 de los 106 heridos una pensión de entre mil 500 y 7 mil pesos, según la gravedad de las heridas. Pasaron otros siete años para que el Congreso estatal autorizara un aumento a 11 de esos 54 pensionados, 13 de ellas vitalicias. Después de 10 años, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas sólo había logrado hasta el año pasado que la Secretaría de Desarrollo Económico autorizara ocho proyectos productivos de autoempleo; cinco de ellos fueron para víctimas del atentado. Apenas el pasado miércoles 11 el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entregó nueve casas a víctimas del atentado. “Con esta entrega de vivienda, quiero que ustedes tengan la certeza de que no se van a quedar solas y solos, y que los vamos a apoyar para que salgan adelante, porque es importante no quedarnos anclados”, les dijo. Este reportaje se publicó el 15 de septiembre de 2019 en la edición 2237 de la revista Proceso.