Tratado bilateral EU-Guatemala: Una advertencia para México

Las delegaciones de México, encabezada por Marcelo Ebrard, y de Estados Unidos, liderada por el vicepresidente Mike Pence. Foto: @EmbamexEUA/Sergio Ochoa Las delegaciones de México, encabezada por Marcelo Ebrard, y de Estados Unidos, liderada por el vicepresidente Mike Pence. Foto: @EmbamexEUA/Sergio Ochoa

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- El 10 de septiembre, el canciller Marcelo Ebrard rechazó en la Casa Blanca la posibilidad que México se convirtiera en tercer país seguro. La semana pasada, en anticipación a la reunión, Ebrard declaró que “aceptar ese tratado sería injusto, inequitativo”. México lleva negando tal acuerdo desde hace meses, a pesar de la presión de Estados Unidos, alegando que usaría la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur. Su estrategia ha disminuido la entrada de migrantes dirigiéndose a Estados Unidos por un 56% en 90 días.

Al rechazar la propuesta como “inequitativa”, Ebrard se desvía del punto fundamental: acercarse a las fronteras para pedir asilo es un derecho bajo las leyes estadunidenses e internacionales, representando el consenso sobre la importancia de proteger a las personas de las peores atrocidades.

Estas negociaciones se asemejan a un tratado reciente. En julio, Guatemala firmó un acuerdo bilateral — y controversial — con Estados Unidos. El documento establece que todas las personas migrantes de Honduras y El Salvador tendrían que tramitar su proceso de asilo para Estados Unidos en Guatemala; en otras palabras, Guatemala se convertiría en un tercer país seguro. Como una clase de trueque, Estados Unidos prometió triplicar el número de visas de trabajo temporal agrícola a Guatemala.

No resulta sorprendente que la administración del presidente Donald Trump, cuya retórica se distingue por un tono antimigrante, se ha enfocado en presionar a países centroamericanos a controlar la migración desde países de origen y de tránsito. Con este tipo de acuerdos, Estados Unidos busca deslindarse de sus obligaciones bajo tratados internacionales negándose a que personas tramiten asilo al llegar a sus fronteras y en lugar vivan en un limbo en países de tránsito que son notablemente inseguros.

En medio de estas negociaciones, vale la pena usar el acuerdo bilateral entre Guatemala y Estados Unidos como una advertencia; México no debe convertirse en tercer país seguro y debe descalificar las visas de trabajo temporal como una concesión de parte del gobierno de Trump. Estas visas no son una alternativa al asilo; son una receta para la explotación laboral.

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Recién comienza la temporada de cosecha, y como integrantes de una organización binacional que se dedica a defender los derechos laborales de personas migrantes, nos dirigimos a un destino poco intuitivo: Monterrey. A pesar de su clima perversamente árido, Monterrey juega un rol fundamental en la migración laboral; es la ciudad que procesa el mayor número de visas de trabajo temporal a nivel mundial.

En tan solo tres días en Monterrey, conocimos a mil 172 trabajadores que se dirigían a Estados Unidos con una visa H-2A para trabajo temporal agrícola. Iban a piscar manzana en NY, tabaco en Louisiana, calabaza en Pennsylvania, el chile en Michigan y camote en Florida. Muchos no sabían qué harían o en qué estado trabajarían; la mayoría iba a Estados Unidos por primera vez.

El programa de visa H-2A, un legado del afamado programa Bracero, permite a personas de distintos países trabajar en Estados Unidos por temporada. Actualmente, más de 200 mil personas procesan su visa H-2A cada año; aproximadamente el 94% de estas personas son mexicanas. Y aunque el uso del programa se ha triplicado en los últimos 10 años, las protecciones laborales están más que estancadas.

A nosotras nos toca contestar sus llamadas y atender sus preocupaciones a lo largo de su camino. Hablan a nuestra oficina para verificar ofertas de trabajo cuando reclutadores llegan a sus comunidades cobrando cifras extremadamente altas — de $500 a $70 mil pesos — a cambio de trabajo en Estados Unidos. Aunque las cuotas de reclutamiento son ilegales en México y en Estados Unidos , en un sistema de migración laboral que beneficia a empleadores y reclutadores y que pone toda carga económica sobre el trabajador, estas leyes no suelen ser más que espejismos de justicia. No es raro que estas ofertas sean falsas.

El proceso de reclutamiento es un espacio oscuro. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene un portal con certificaciones de empleo que causa más problemas que beneficios; defraudadores en México lo utilizan para sacar partido de buscadores de empleo en todo el país. El año pasado, publicamos un informe sobre la problemática de fraude en el que documentamos que falsas ofertas de trabajo para a Estados Unidos costaron más de $60 millones de pesos a buscadores de empleo en México desde el 2005.

Los abusos pasan, aunque las ofertas sean verdaderas. Como confirmamos en Monterrey, es común que los trabajadores H-2A nunca vean su contrato y desconozcan sus salarios, horas y lugar de trabajo designados. Aunque es requisito que los empleadores bajo el programa proporcionen una vivienda digna y gratuita a los trabajadores, nos llegan incontables reportes de tráileres infestados con pestes y sin servicios básicos donde se alojan decenas de trabajadores. Sus documentos son retenidos y sus salarios robados. Como los trabajadores llegan endeudados tras pagar cuotas de reclutamiento, dejar el trabajo no es una opción. Y como la contratación está en las manos de empleadores en Estados Unidos, es prácticamente imposible que una persona bajo el programa cambie de trabajo si enfrenta abusos.

Las visas de trabajo temporal agrícola no son una opción viable ante el asilo. Sin importar cuántas temporadas trabaje en Estados Unidos, una persona con visa H-2A nunca tendrá acceso a un camino a la ciudadanía, ni a prestaciones justas, ni a protecciones laborales fuertes. De hecho, entre más vulnerable sea la persona que toma la visa, más propensa será a sufrir violaciones a sus derechos laborales.

Aun con las pocas protecciones con las que cuentan las y los trabajadores bajo el programa H-2A, México no está haciendo lo que le corresponde. La falta de rendimiento de cuentas en el proceso de reclutamiento, que comienza en México, desencadena una serie de abusos: trata de personas, explotación y acoso. El sistema está diseñado para tener una mano de obra desechable.

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Se aproxima otro plazo importante; hace un par de años, México jugó una parte importante en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Organización de las Naciones Unidas. En las negociaciones mostró un compromiso a subscribirse a un enfoque en derechos humanos al abordar el tema de migración. Las noticias relatando a la Guardia Nacional atacando a personas defensoras y migrantes en albergues, así como el incremento en detenciones en la frontera sur, muestran justamente lo contrario.

El peligro a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos parecido al de Guatemala sería dar dos pasos hacia atrás — pondría en riesgo a personas migrantes al negarles su derecho a asilo bajo leyes federales e internacionales y abriría las puertas a explotación laboral legítima de personas mexicanas por medio de la expansión del programa H-2A.

Le toca al gobierno mexicano reivindicarse — no expandiendo programas laborales fallidos, ni apoyando a Estados Unidos al socavar sus obligaciones a proveer asilo — si no cumpliendo con sus ciudadanos y sometiéndose al pacto enfocado en todas las personas migrantes que orgullosamente lideró.

Evy Peña es directora de comunicaciones en el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), una organización binacional con sede en CDMX 

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