CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el exprocurador de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, cuestionaron las sentencias absolutorias relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, emitidas por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales, en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. Ambos exfuncionarios fueron entrevistados tras participar en una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para defender sus respectivas gestiones en el asunto, siendo la de hoy la segunda ocasión en que ambos atienden el llamado de la comisión en la que también participan padres y madres de los desaparecidos. Aguirre Rivero llamó a “juzgar al juzgador”, en tanto que Blanco Cabrera calificó al juez Ventura Ramos como “pusilánime”. Acompañado también de sus exsecretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Jesús Martínez Garnelo y Leonardo Vázquez, respectivamente, Aguirre Rivero condenó la actuación del juez Ventura Ramos que emitió las 77 liberaciones, entre ellas la del líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias el “Cabo Gil”. “Nosotros hacemos una condena, hay que juzgar al juzgador también. Es la obligación moral del Consejo de la Judicatura citarlo (al juez Ventura Ramos), para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas”, señaló el exmandatario, quien renunció en octubre de 2014, tras la desaparición de los jóvenes. Al señalar que, como parte de la reunión, los exfuncionarios de Guerrero se comprometieron a ampliar sus declaraciones ministeriales ante la Fiscalía General de la República (FGR), Aguirre consideró que, a unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de los jóvenes, la situación ha empeorado. “¿Sirvió de algo mi renuncia ante esos acontecimientos? Han transcurrido casi cinco años, hoy parece que el asunto permanece igual o en peores condiciones”, dijo el exgobernador al señalar que como mandatario hizo lo que estaba en sus manos. Reprochó que, en el sexenio pasado, no fue recibido por el expresidente Enrique Peña Nieto para conocer su versión, así como que durante la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), no se permitió a la Procuraduría encabezada por Blanco Cabrera coadyuvar en las investigaciones. En cuanto a la llamada “verdad histórica”, Aguirre Rivero consideró que “hay muchas cosas que se están desvaneciendo en ese sentido”, y criticó que, en su momento, en el gobierno de Peña Nieto “no dimensionaron la magnitud de esa tragedia que cobró no sólo presencia nacional, sino también a nivel internacional. A casi cinco años de distancia de los hechos, Aguirre Rivero urgió a establecer la identidad de quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó como “El Patrón”, quien sería el autor intelectual de la desaparición de los 43, y solicitó localizar las actas del Grupo de Coordinación Guerrero, “en donde participábamos diversas instancias de carácter local y federal y se dejó constancia cuál fue la actuación de cada una de estas instancias”, documentos que se comprometió a localizar el subsecretario. El exprocurador de Guerrero resaltó que los 33 policías municipales de Iguala y Cocula, a los que consignó como responsables materiales de los hechos, siguen su proceso, al igual que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y quien era su secretario de Seguridad, Felipe Flores. Al sostener que los detenidos por la procuraduría guerrerense no adujeron tortura ni malos tratos, en defensa de su gestión, Blanco Cabrera señaló que durante el tiempo que tuvo la indagatoria, algunos de los detenidos refirieron que los jóvenes “fueron privados de la libertad y ejecutados, pero eso no se corroboró; fueron ellos (los funcionarios de la PGR) quienes determinaron que habían terminado en el basurero de Cocula”. Sobre la resolución del juez Ventura Ramos, el exfuncionario cuestionó que haya desestimado elementos como las transcripciones de las intervenciones de la DEA, que en la primera parte de la indagatoria que correspondió a la procuraduría a su cargo, se estableciera de forma breve la estructura y modus operandi de la organización criminal Guerreros Unidos, así como que en la recomendación de la CNDH se haya establecido que había “testimonios limpios no afectados por tortura”. Para Blanco Cabrera, la resolución del juez, tendría que ser revisada porque debió ordenar la reposición del proceso, pero en cambió se comportó “poco profesional, poco serio y pusilánime”.