CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de los sismos de septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y familiares de las víctimas del edificio Bolívar 168, donde había al menos cinco empresas de manufactura de ropa y juguetes, denunciaron investigaciones deficientes, demoras, dificultad para acceder a la información relacionada con el caso y hasta intentos para cerrar la investigación. Además, exigieron castigar a los presuntos responsables, incluidas autoridades y servidores públicos involucrados en el caso. En un comunicado, reprocharon que, a casi dos años de abrirse la indagatoria, el 29 de septiembre de 2017, el caso no ha registrado avances significativos. Por el contrario, el CDH Fray Francisco de Vitoria acusó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de intentar darle carpetazo a la indagatoria en el sexenio anterior, pues el 30 de noviembre de 2018, último día de su gestión, determinó el no ejercicio de la acción penal por los hechos denunciados sin haber sin haber realizado las diligencias y peritajes correspondientes. Ante ello, los familiares impugnaron la decisión de la PGJ-CDMX, pero al no ser escuchados tramitaron un amparo que el Poder Judicial les concedió en marzo pasado gracias a lo cual se reabrió la investigación. Y precisamente por los intentos de dejar en la impunidad y el olvido el caso de Bolívar 168, los familiares de las víctimas sumaron a su exigencia inicial investigar a las autoridades que tuvieron en sus manos el asunto y que, por inacción u omisión, no movieron un dedo. “El #19S también fue reflejo y consecuencia de las prácticas ilegales de empresas inmobiliarias apostadas en la Ciudad de México desde hace años, así como de un actuar de gobiernos anteriores caracterizados por la implementación de políticas públicas guiadas por la explotación inmobiliaria desmedida y el otorgamiento de permisos de construcción de manera indiscriminada”, manifestaron. En ese inmueble perdieron la vida hace dos años 15 personas: 12 mujeres y tres hombres. Ocho eran mexicanas, cuatro de Taiwán, uno de Taiwán nacionalizado paraguayo, uno de Corea y un israelita de nacionalidad argentina. De los siete extranjeros solo dos se encontraban en situación migratoria irregular, pero en trámite de residencia permanente.