CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su preocupación por el dictamen de las leyes en materia educativa que se discute en el pleno de la Cámara de Diputados, porque, subrayó, contiene disposiciones que no respetan la Constitución.

“Estos proyectos contienen disposiciones que no respetan lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional, poniendo en riesgo el fin último de esta reforma: garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos los mexicanos”, puntualizó en un comunicado el organismo presidido por Carlos Salazar Lomelín.

De acuerdo con la cúpula empresarial, si México quiere cumplir la garantía constitucional del derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes, así como la adecuada formación de los maestros, es urgente considerar y tomar las medidas pertinentes para enmendar algunos puntos. En primer lugar, apuntó, las propuestas contenidas en el dictamen respecto del ingreso al servicio docente violan el principio de equidad, al establecer que se debe dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). La existencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio, añadió, viola el régimen de admisión mediante procesos de selección, los cuales deben ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales. En segundo lugar, el CCE sostuvo que se vulnera el principio de imparcialidad al contemplar que, una vez que se lleve a cabo el proceso de selección, las listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los estados, así como a los sindicatos, para sus comentarios, “con lo que pudiéramos regresar a que los sindicatos tengan gran injerencia en las plazas”. También reprobó la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (Inifed) como organismo que regula, supervisa y controla la construcción y reconstrucción de escuelas, promoviendo la “autorregulación”.

“Es indispensable que quede claro en la legislación que la responsabilidad de velar por la seguridad de los planteles sea del Estado y no de los comités participativos. Deben existir lineamientos básicos y estándares para la construcción, además de procesos para lograr transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre los recursos”, acotó Salazar Lomelín.

En este contexto, exhortó a los legisladores --en el marco de la discusión en el Pleno de los dictámenes aprobados en Comisiones-- a modificar las disposiciones de los proyectos para que se garantice el derecho constitucional de todos los mexicanos a una educación de excelencia. Además, exigió que se promueva una verdadera política de formación y selección de maestros con base en los principios de transparencia, imparcialidad y equidad.