CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marín Porfirio Reyes Magdaleno, director del penal de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, donde se encuentra preso Miguel Ángel Peralta Betanzos, acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio, ocurridos durante el enfrentamiento en Eloxochitlán, Oaxaca, en 2014, negó el ingreso a familiares del activista, luego de que éste se declaró en huelga de hambre y de silencio. “Una vez más okupo mi cuerpo como un arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy, además de la huelga de silencio, dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre: menú: Mi desayuno serán los bocadillos de la paciencia. Mi comida el buffet de la resistencia. Mi merienda el plato fuerte de la solidaridad. Mi cena el postre de la libertad”, puntualizó Peralta Betanzos en una declaración pública lanzada ayer. Y ahora, con la decisión del director del reclusorio de negar a los familiares el ingreso al penal, no podrán suministrarle al antropólogo los sueros y la miel que necesita para mantener su huelga de hambre. El pasado jueves 12, organizaciones de la sociedad civil europeas, principalmente francesas y españolas, enviaron una carta al juez mixto del Juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Isaías Santiago Martínez, a quien exigieron justicia para Peralta Betanzos, detenido en la Ciudad de México, el 30 de abril de 2015, por más de 20 personas vestidas de civil. “Ya son años que, desde Europa, seguimos y sentimos el dolor y la impotencia de sus familiares y de los demás encarcelados ante decisiones jurídicas absurdas que buscan, ante todo, atemorizar a una comunidad entera, haciendo ejemplo de su poder sobre unos cuántos chivos expiatorios, cuando todos saben que el conflicto que conllevó a estas encarcelaciones involucró a otros cientos de personas”, destacaron en su misiva. De igual manera, aseguraron que los responsables de los hechos están del lado de los acusadores, a quienes no se les ha llevado ante la justicia, pese a las múltiples demandas en su contra, mismas que no fueron tomadas en cuenta por el sistema judicial de Oaxaca. “Ya son más de cuatro años que, desde Europa, contemplamos el grado de soberbia, de incompetencia, de desprecio y de crueldad con el cual, en varios juzgados de México, se pretende impartir la justicia mandando a la gente por decenas de años a la cárcel, sin pruebas reales, sin respeto a la defensa jurídica e incluso sin que sean públicas las deliberaciones de la justicia”. Y aunque Europa también está plagada de injusticias por parte de los tribunales, son cuestiones que en muchos lugares del mundo deben ser inconcebibles, puntualizaron las organizaciones. El caso de Eloxochitlán –subrayaron-- toma relevancia porque la principal acusadora contra Peralta Betanzos es la actual diputada local por Morena Elisa Zepeda, hija del exalcalde Manuel Zepeda, cacique al que se acusa de imponerse en el gobierno municipal a través de la violencia, por lo que pidieron a los jueces que piensen bien cómo van a aplicar justicia, porque los están mirando desde varios países y harán todo lo posible para que el caso sea conocido a nivel internacional. “Piénsenlo bien, señores jueces, porque si llegan a este punto, sus pequeñas amistades con los poderes políticos locales no les servirán de mucho cuando tengan que responder a nivel internacional el haber cometido una injusticia”, destaca la misiva firmada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha (Paris, Francia), Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas de las Américas/CSIA-Nitassinan (Francia); Groupe de soutien à Leonard Peltier/LPSG-France (Francia); Corsica Internaziunalista (Córcega); Espoir Chiapas-Esperanza Chiapas (Francia/México); sindicato Confederation Nationale du Travail (Francia); Union Syndicale Solidaires (Francia); Union Communiste Libertaire (Francia); Fédération Anarchiste (Francia); MutVitz 13 (Marsella); Mut Vitz 11 (Aude, Francia); grupo CafeZ y Casa Nicaragua (Lieja, Bélgica). El pasado jueves 12 se realizó la audiencia final de Peralta Betanzos, quien lleva cuatro años preso en el penal San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, condenado a 50 años de prisión y a la reparación del daño por 154 mil pesos. Su caso está radicado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, informó Roberto López Miguel, integrante del colectivo Los Otros Abogados, quienes llevan la defensa jurídica del acusado. A partir del 12 de septiembre, el juez tiene 15 días para dictar la sentencia final. El acusado es uno de los 12 presos indígenas integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, comunidad mazateca de Oaxaca, quienes se encuentran en distintos penales de Oaxaca por defender las formas comunitarias de elección de sus representantes y luchar por evitar la imposición de los partidos políticos en el municipio.