Tomás Zerón y otros nueve funcionarios, bajo acusación penal

Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal junto al exprocurador Jesús Murillo. Foto: Germán Canseco Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal junto al exprocurador Jesús Murillo. Foto: Germán Canseco

El cambio de administración federal dejó al descubierto a los altos mandos policiacos y funcionarios de distintos niveles que contribuyeron a manipular pruebas, fabricar culpables y encubrir delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. El pasado 22 de julio la CNDH presentó denuncias contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, por realizar ilegalmente la diligencia en el río San Juan que le sirvió al entonces procurador Jesús Murillo para confeccionar su ya desacreditada “verdad histórica”. Sin embargo, la FGR todavía está integrando sus propias carpetas y ninguna de las dos instituciones ha fincado responsabilidad alguna al propio exprocurador.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Han pasado cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de ellos es el hijo de Ezequiel Mora, un hombre bajito, fornido, de tez morena curtida por el sol del campo y a quien el dolor en los pies le ha impedido asistir recientemente a las reuniones con la Comisión de la Verdad que integró el gobierno federal.

Desde su casa en Tecoanapa, en el sur de Guerrero, donde nació y creció su hijo Alexander, Ezequiel insiste en que Tomás Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sembró “los huesitos de alguien para apagar el fuego que le estábamos haciendo (…) Nadie está tan enojado con Zerón como lo estoy yo. Él y Murillo Karam son los responsables de que mi hijo no esté aquí conmigo. Ellos me lo quitaron y encima inventaron su verdad”.

En diciembre de 2014, el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam, luego de intensas protestas por la exigencia de aparición con vida de los normalistas, dio a conocer que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados y luego calcinados en el basurero de Cocula, el municipio contiguo a Iguala, donde se perpetraron ataques de la policía la noche del 26 de septiembre.

A lo que llamó la “verdad histórica”, Murillo Karam agregó que los integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos colocaron los restos en bolsas y luego los tiraron al río San Juan.

Un año después, en septiembre de 2015, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto removiera a Murillo Karam y lo sustituyera por Arely Gómez, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que los restos que se habían localizado en el río correspondían al hijo de Ezequiel, Alexander, pero que el grado de descomposición era tan alto que sería imposible entregárselos a la familia.

Los restos de las bolsas encontradas en el río habían sido enviados a un laboratorio en Innsbruck, Austria, donde un grupo de especialistas lograron la identificación.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2238, ya en circulación)

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