El jueves 26 se cumplen cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Por ese caso fueron consignadas 142 personas; sin embargo, 77 de ellas han obtenido su libertad por diversas anomalías en el proceso. Peor aún: la cifra de presuntos implicados liberados podría crecer si la FGR no logra acreditar que las declaraciones de tres personas aprehendidas fueron obtenidas de manera lícita. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De no atenderse los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de la Federación, el próximo jueves 26, cuando se cumplen cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podrían ser liberados otros tres involucrados en esos hechos. La tendencia de liberaciones, que hasta ahora suman 77 de las 142 personas consignadas durante el sexenio pasado –entre ellas la de Gildardo López Astudillo, él único con sentencia absolutoria– continuaría entre el miércoles 25 y el jueves 26 si la Fiscalía General de la República (FGR) no entrega al Juzgado Primero de Procesos Penales, de Matamoros, Tamaulipas, los Protocolos de Estambul para determinar si las declaraciones de Carlos Canto Salgado y Raúl Núñez, también detenidos, fueron obtenidas de forma lícita o bajo tortura, toda vez que fueron utilizadas para inculpar a otros tres implicados en el delito de delincuencia organizada. El jueves 12, el juez Samuel Ventura Ramos emitió un acuerdo por el que emplaza a la FGR a entregar la documentación en los próximos 10 días naturales, a los que se suman 72 horas, para resolver la situación jurídica de tres inculpados, Eury Flores López, Mateo Palacios Benítez o Mateo Benítez Palacios, y Salvador Palacios Benítez o Salvador Benítez Palacios, señalados en su momento por la Procuraduría General de la República (PGR) como integrantes de una célula del Grupo Guerreros Unidos, denominada Los Peques o Los Tilos, quienes impugnaron autos de formal prisión de octubre de 2017. En su acuerdo –consultado por este semanario– toma como base la resolución de un amparo en revisión, el 242/2018, emitido el 22 de agosto de 2019 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, que tuvo por ponente al magistrado Mauricio Fernández de la Mora. En apego a dicha resolución, el juez Ventura Ramos ordena dejar insubsistentes autos de formal prisión del 2 y 7 de octubre, “así como todo lo actuado con posterioridad a la declaración preparatoria de los referidos indiciados, ello con el propósito de recabar experticias por peritos independientes, conforme al Protocolo de Estambul”, de Canto Salgado y Núñez Salgado, dos de las seis declaraciones que integran el cúmulo probatorio, compuesto por 12 elementos contra los tres inculpados. En caso de que la FGR no entregue en el plazo fijado los dictámenes requeridos, al resolver la situación jurídica de los indiciados “deberá tomarse en cuenta la demora en la presentación o puesta a disposición, las múltiples lesiones que presentaron los declarantes, además de todos los fallos protectores emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en el Estado de Tamaulipas”. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2238, ya en circulación)