CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En caso de revocarse la suspensión de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), como pretende la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en la zona, así como la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias. Así lo aseguró este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), luego de destacar que la solicitud de revocación por parte de la Sedena fue una “maniobra anunciada”, luego de que el pasado 23 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que acudirían a la “facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional”. La revocación, subrayó el organismo empresarial, “generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México, abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la ‘seguridad nacional’ y el orden público, con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos”. A nombre del colectivo #NoMásDerroches, destacó que el propio artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional indica que ésta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales. Y, en ese entendido, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, sostuvo que el Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades. “Confiamos que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta en todo momento el bien común y los derechos de todos los mexicanos”, acotó. La iniciativa privada recordó que el aeropuerto militar en Santa Lucía existe desde hace casi 70 años y se encuentra en operación y funcionamiento con toda regularidad. Recalcó que el Poder Judicial únicamente suspendió la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio, por lo que no afecta la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público, como lo aseguró la Sedena. “En todo caso, el proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado ‘instalación estratégica’. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es, precisamente, proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”, puntualizó. Sin embargo, con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales –subrayó--, el Ejecutivo federal invocó “el interés nacional” y que se decreten como “instalaciones estratégicas” todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Sedena. En ese sentido, recalcó, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva porque el proyecto del AISL se encuentra integrado como “instalación estratégica”, además de que la suspensión pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país, por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional, precisó la dependencia.