Santa Lucía y la seguridad nacional

El Presidente AMLO acompañado por el titular de Sedena, Crescencio Sandoval y los Gobernadores de Edomex e Hidalgo en las instalaciones de la Base Aérea Santa Lucía, en el marco del Dia de la Fuerza Aérea. Foto: Eduardo Miranda El presidente López Obrador acompañado por el titular de Sedena, Crescencio Sandoval y los Gobernadores de Edomex e Hidalgo en las instalaciones de la Base Aérea Santa Lucía, en el marco del Dia de la Fuerza Aérea. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval lo sabe muy bien: la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL) que pretende el presidente de la República está lejos de ser un asunto de seguridad nacional. Sabe también que este concepto no puede ser invocado para que la justicia federal le de la razón al habitante del Palacio Nacional.

Es, en todo caso, como todos los puertos aéreos y marítimos, una instalación estratégica. Sobre todo ahora, que, como desde hace 70 años, es utilizado por la Fuerza Aérea Mexicana, esa institución que en México ha estado subordinada al Ejército de tierra.

Si las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea hasta ahora no han o no habían sido catalogadas en ningún inventario oficial como estratégicas, como lo dice la Presidencia, es una omisión de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional desde que éste se creó en el gobierno de Vicente Fox, en el 2005.

Ese registro fue una obligación que se estableció en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), en cuya confección participó el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, cuando era director del entonces Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero de ahí a parapetarse en la seguridad nacional hay una gran diferencia. La seguridad nacional es mucho más que instalaciones estratégicas, así sean militares. Lo militar es uno de los componentes de ese concepto tan manido políticamente.

La seguridad nacional refiere a todas las condiciones que genera un país para su estabilidad, integridad y permanencia. En razón de ellas se previene de las amenazas y riesgos, preserva su soberanía e independencia, defiende su territorio, mantiene el orden constitucional democrático, la unidad de la Federación y genera las condiciones de desarrollo social, económico y político.

Con esta definición, que el general Sandoval conoce muy bien, es claro que la seguridad nacional no pasa por la ampliación de un aeropuerto al gusto presidencial. Por eso es desproporcionado recurrir a ese concepto para que el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México eche abajo las suspensiones judiciales que hay en contra de la obra.

Según los opositores al AISL, aglutinados en el colectivo #NoMasDerroches, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le argumentó al juez que la suspensión definitiva de la construcción “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Una revisión de la LSN permite ver que los puertos aéreos y navales, como en cualquier país, deben ser protegidos de ataques que amenacen la seguridad nacional.

Pero no son las únicas amenazas potenciales. La ley menciona también al sabotaje, el terrorismo, el espionaje, la rebelión, la traición a la patria, el genocidio, actos que impidan actuar con la delincuencia organizada, actos de interferencia extranjera para afectar al Estado mexicano, actos en contra de la unidad de la Federación, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas y bactereológicas, bloqueo de las actividades de inteligencia o contrainteligencia o ataques a la infraestructura estratégica de los servicios públicos.

Son escenarios en que la seguridad nacional se puede ver comprometida, pero en cada caso se presupone una respuesta del Estado para neutralizar tal amenaza.

Los gobiernos suelen invocar a la seguridad nacional para conseguir sus propósitos o despropósitos. Uno de los más conocidos fue el del presidente Richard Nixon de enjuiciar a los diarios The New York Times y The Washington Post por revelar los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam.

Cuando se publicaron, la Casa Blanca argumentó que los periódicos ponían en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos porque la guerra estaba en curso. El caso llegó a la Suprema Corte y los jueces constitucionales estadunidenses resolvieron que se trataba de un asunto de interés público en el que prevalecía el derecho a la información, además de que el gobierno de Nixon no pudo demostrar en qué se afectaba la seguridad nacional.

Si la justicia mexicana declara que la construcción de un aeropuerto es un asunto de seguridad nacional, nos podría alejar más de los Estados modernos.

@jorgecarrascoa

 

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