En el PEF 2020, el gobierno federal omitió incluir el fondo de obligatoriedad y gratuidad: ANUIES

Instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Foto: Facebook anuies

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal omitió incluir el fondo de obligatoriedad y gratuidad –previsto en la reforma al artículo tercero constitucional– en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, reveló la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Además, anunció que mañana presentará a la Cámara de Diputados una propuesta de incremento para subsanar esas deficiencias.

“La omisión del fondo frena toda posibilidad de que la obligatoriedad sea una realidad y no quede en buen deseo expresado en la Constitución”, advirtió José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la ANUIES.

En conferencia de prensa, remarcó que en los últimos años el presupuesto para la educación superior ha ido en declive, por lo que de aprobarse el proyecto del PEF 2020 “tal y como está”, la disminución acumulada por reducción, cancelación e inflación, para el periodo 2015 a 2020, alcanzaría un monto de 45 mil 269.3 millones de pesos.

Aunque Aguirre Vázquez confió en que habrá una respuesta favorable por parte de los legisladores para corregir la omisión, adelantó que no solicitarán los 17 mil millones de pesos que se requerirían para cumplir con la garantía de obligatoriedad y gratuidad, y se apostará por la factibilidad.

La nueva reforma educativa, explicó, contempla la posibilidad de aplicar este principio constitucional de manera gradual, por lo que en su primer año sólo se implementará en algunas instituciones de educación superior.

Con ello, dijo, se pretende superar la media actual del 39.7% y alcanzar una cobertura nacional de 50% con la integración de 1.2 millones de jóvenes a los sistemas de educación.

Sin embargo, precisó, en la actualidad existen estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato, que se encuentran en un franco rezago, condición que puede aumentar si la medida no se aplica de manera heterogénea.

“Las oportunidades son muy desiguales para los jóvenes de estas entidades. No puede haber tan marcadas diferencias y rezagos tan notables”, manifestó.

El director general de Planeación y Desarrollo de la ANUIES también recordó que muchas de las Instituciones de Educación Superior dependen en gran medida de las cuotas de recuperación que solicitan a los estudiantes, y la ausencia de este fondo especial, alertó, representaría una crisis presupuestal para las universidades y tecnológicos.

Añadió que desde el año 2000 las universidades han incrementado su matrícula hasta llegar a 122%, pero el subsidio por alumno que reciben disminuyó en -21.3%, lo que explica en gran medida el déficit con el que trabajan algunas instituciones.

Esta reducción, puntualizó, también alcanzó a las escuelas normales, que presentaron una reducción de 30% de su presupuesto, lo que representa un reto en cuanto a la calidad de la educación con la nueva reforma educativa, pues con ella los egresados de estas instituciones tendrán pase automático a plazas magisteriales.

Por su parte, Javier Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), agregó que en el proyecto de presupuesto para 2020 no se incluye la política salarial de las instituciones, lo que genera en las universidades públicas un alto nivel de incertidumbre ante las negociaciones del aumento al salario que se realizan los primeros bimestres del año.

A eso, dijo, se suma la disminución del presupuesto en un 10% a la Universidad Abierta y a Distancia de México, la falta de incremento real para la Universidad Pedagógica Nacional y la disminución de 409 millones de pesos a los programas de calidad educativa.

Además, por tercer año consecutivo no se consideraron recursos para la ampliación de la matrícula, y por segundo año consecutivo se eliminó el subsidio especial para apoyar a las universidades públicas estatales en sus problemas estructurales, entre ellas las autónomas de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Tabasco, Estado de México y Chiapas, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

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