CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (ONU-DH) lamentaron que, a cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aún no se haya esclarecido el caso, pese a los esfuerzos mostrados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encaminados en ese sentido. Tras considerar que “no es razonable que a cinco años no haya resultados concretos”, la CIDH destacó que en todo este tiempo han persistido problemas institucionales para esclarecer el caso, como “una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”. La entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntó que sigue faltando una investigación a fondo “sobre los miembros del 27 Batallón (de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero); la determinación de la posible participación de varios cuerpos de policías municipales, policías estatales y policías federales”, así como avances en las indagatorias sobre las “presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, y la importancia de realizar investigaciones más profundas al momento de presentar consignaciones y acusaciones”. La CIDH urgió al Estado mexicano “a avanzar con celeridad en la búsqueda de los jóvenes normalistas, así como juzgar y sancionar a las personas responsables” de la desaparición forzada, al tiempo que manifestó “su profunda preocupación porque, después de un tiempo significativo, no hay respuestas sobre lo ocurrido”. Apuntó que hasta ahora “no hay personas condenadas por el tipo delictivo de desaparición forzada, ni se han esclarecido las denunciadas irregularidades en la investigación”. De igual manera, expresó su preocupación por “las decisiones judiciales que condujeron a las recientes liberaciones de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”. Luego de lamentar el tiempo perdido, por sostener en el gobierno de Enrique Peña Nieto “la persistencia de la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula o su llamada ‘verdad histórica”, a pesar de diversos señalamientos en contra, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, puntualizó: “Ahora más que nunca las autoridades deben reconstruir la teoría de caso”, para lo cual –dijo-- tienen que agotarse “todas las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y en particular para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”. A su vez, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva recomendó al Estado mexicano “agotar de manera diligente y exhaustiva las líneas de investigación en relación con estos hechos, incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia”. Tras reconocer las acciones gubernamentales en la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la atención a los normalistas sobrevivientes Edgar Vargas y Aldo Gutiérrez, y a los familiares de los desaparecidos, la CIDH insistió en “acelerar estos esfuerzos con el concurso y cooperación de las diferentes entidades del gobierno”. El organismo hizo un recuento de su intervención en el caso, que data desde los primeros días en que se informó la desaparición forzada y que dio origen a la medida cautelar 409-14, pasando por la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA), para supervisar “el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI”, además de que emitió dos informes con recomendaciones al Estado mexicano. A partir de 2019, con el nuevo gobierno y a petición de los familiares, el MESA “fue reforzado y fortalecido para brindar acompañamiento técnico”, convirtiéndose en el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica, y cuenta con personal de la CIDH en México. “Ha acompañado las investigaciones, acciones de búsqueda y atención a las víctimas”, y cuenta con un Grupo de Asesoría Técnica en el que se encuentran miembros del GIEI, para asesorar “en asuntos puntuales de la investigación criminal”, abundó. Arosamena y Vargas, así como el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, reconocieron “la resiliencia y la fuerza de los familiares y de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia”, y advirtieron que el organismo “no olvida a los 43 estudiantes”, por lo que seguirán acompañando el caso “conforme a nuestras competencias y mandato”. La ONU-DH se sumó al reconocimiento por las acciones que ha emprendido el gobierno de López Obrador para el esclarecimiento del caso, sobre todo por la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, que ha abierto “espacios de diálogo” con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena). También que “haya escuchado a importantes exfuncionarios del estado de Guerrero; que haya buscado romper el silencio de testigos y presuntos responsables dentro de los márgenes de la ley, y que hiciera posible la visita al Batallón militar de Iguala”, apuntó el representante de ONU-DH, Jan Jarab. De igual manera, destacó que, si bien se han llevado a cabo acciones de búsqueda de los 43 normalistas, “no se han logrado resultados que merecen las familias”. Reconoció que la Comisión presidencial “ha significado un verdadero cambio de rumbo” en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, destacó que las nuevas autoridades también han podido advertir de “los enormes desafíos que enfrentan quienes intentan alcanzar la verdad y la justicia”. La investigación “sigue dañada por los años de irregularidades y acciones de encubrimiento cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ‘verdad histórica’”, sostuvo. Para el representante de la ONU-DH “resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso”. Por ello, hizo un particular reconocimiento por “el diálogo establecido entre el fiscal general (Alejandro Gertz Manero) y las familias de los estudiantes, así como el compromiso de la FGR de relanzar la investigación penal de manera seria y respetuosa de los derechos humanos”, por lo que exhortó a “generar una nueva teoría del caso”. Sobre las recientes liberaciones que ponen en evidencia actos de tortura durante la investigación oficial, y ante “la falta de elementos de convicción lícitos”, la ONU-DH llamó a “investigar las graves trasgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados por la ONU-DH en el informe ‘Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa’”. El organismo recordó que “es una obligación del Estado mexicano excluir del procedimiento penal cualquier prueba que haya sido obtenida a través de actos de tortura u otros malos tratos”, toda vez que “la tortura envicia las pruebas obtenidas por su comisión, más no así el resto del material probatorio de manera lícita”. La ONU-DH llamó al Estado mexicano a impulsar, en esta nueva fase, una investigación que recabe pruebas que puedan ser perfectamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa. “Conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables es una deuda que el Estado mexicano todavía tiene con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad en su conjunto”, insistió el responsable de la ONU-DH. El organismo se solidarizó con las familias de las víctimas de los hechos violentos ocurridos la noche del 26 de septiembre, y reconoció la labor de las organizaciones que las han acompañado: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Servicios para la Asesoría y la Paz. Finalmente, destacó que continuará promoviendo la asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, “sobre la base del acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019”. Y expresó su disposición para “profundizar dicha cooperación internacional de la forma que más convenga a los actores interesados en la consecución de la verdad, materialización de la justicia y la reparación integral de las víctimas”.