Videgaray, en la mira de la ASF por irregularidades en gastos de consulados

Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores. Foto: Eduardo Miranda Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores. Foto: Eduardo Miranda

Tras detectar irregularidades por más de 53 millones de pesos en los consulados de Dallas, Raleigh, San Antonio, Los Ángeles, Tucson y Nueva York durante la gestión de Luis Videgaray Caso como canciller, la Auditoría Superior de la Federación emprendió la auditoría 33-GB que hasta la fecha ha emitido 18 recomendaciones que implican en ese desfalco al excanciller y a varios de sus colaboradores, entre ellos a Claudia Algorri Guzmán y a Diego Gómez Pickering.

WASHINGTON.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga una presunta estafa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por más de 53 millones de pesos que apunta hacia el excanciller Luis Videgaray Caso, su exvocera Claudia Algorri Guzmán y otros diplomáticos.

De acuerdo con el oficio número OASF /0714/2018, la pesquisa se concentra en determinar si hubo “daño o perjuicio” por la falta de documentación “justificativa y comprobatoria” de erogaciones del presupuesto en los consulados mexicanos en Dallas y San Antonio, Texas; Raleigh, Carolina del Norte; Nueva York; Tucson, Arizona; y Los Ángeles, California.

La investigación sobre el monto ejercido en 2017 se justificó en la SRE bajo la conducción de Videgaray presuntamente para el programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU).

“Los fondos del mandato se enviaron al consulado de México en Milwaukee en una cuenta bancaria en la institución US-Bank, posteriormente se remiten a la embajada y/o las representaciones consulares para cubrir gastos que hayan sido autorizados por las unidades administrativas responsables de su ejercicio, ya sea la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) o el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)”, expone uno de los documentos sobre el caso obtenido por Proceso.

El anexo 17-0-05100-15-0033 de la ASF fechado el 14 de julio 2018 indica lo siguiente para el caso del consulado en Nueva York, e involucra directamente a Algorri Guzmán, directora de la unidad de Comunicación Social en la era Videgaray, y Diego Gómez Pickering, quien estuvo al frente de ese consulado hasta noviembre de 2018:

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 46 millones 817 mil 244 pesos, por no acreditar la entrega de servicios sustentados mediante los contratos formalizados por la Representación de México en el exterior en Nueva York con un prestador de servicios para la contratación de difusión de materiales sobre protección preventiva para personas mexicanas en los Estados Unidos de América por 915 mil dólares, equivalentes a 16 millones 356 mil 540 pesos y con dos prestadores de servicios por 1 millón 704 mil dólares, no obstante que dichos servicios fueron pagados en su totalidad en noviembre de 2017.”

Los servicios de “difusión” en Nueva York, explican fuentes de la cancillería consultadas por el reportero, “fueron idea total de Algorri Guzmán, y aunque el enlace fue la DGPME, fue la Unidad de Comunicación Social en colaboración directa con Gómez Pickering, quienes eligieron y asignaron los contratos a entidades privadas.

“Yo sólo fui el enlace, todo lo manejó la dirección de Comunicación Social”, explica a este semanario Jacob Prado, titular de la DGPME cuando se asignaron los millones de pesos sujetos a la investigación de la ASF.

“Algorri Guzmán dio las órdenes; Gómez Pickering firmó los contratos”, dice Prado, quien asegura que a él no lo investiga la ASF.

Sin embargo, el martes 17 el diario Reforma publicó en la columna Templo Mayor: “Alguien en Malinalco va a despertar con sobresaltos cuando se entere que el embajador Jacob Prado, quien fuera director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, está siendo investigado por un supuesto desfalco superior a los 51 millones de pesos”.

Un enlace singular

Conforme a lo establecido hasta el momento por la ASF, por medio de los contratos orquestados por Algorri Guzmán y Gómez Pickering se adquirieron de manera inexplicable “demasiados productos” para la difusión, los servicios resultaron inservibles y varios no se usaron, como la producción de videos.

“Soy el enlace para la auditoría, no hemos llegado a un proceso judicial ni vamos a llegar a nada, no tengo nada que ver en eso”, insiste Prado, quien antes estuvo en el consulado de El Paso, Texas.

Como parte de las investigaciones ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador por los presuntos actos de corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, la cancillería y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son dos de las entidades sujetas a minuciosas investigaciones por parte de la ASF. Videgaray fue titular de ambas dependencias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fuentes consultadas de la SRE –ahora a cargo de Marcelo Ebrard– sostienen que las investigaciones de la auditoría apuntan directamente a Videgaray y quienes fueron sus asesores y colaboradores más cercanos en la cancillería, como Algorri ­Guzmán.

En el resultado número 12 del Pliego de Observaciones del anexo de la ASF, se expone que la investigación por 261 mil 906.26 pesos es “por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que sustente la aplicación de las erogaciones de los recursos ministrados a tres representaciones de México en el exterior etiquetados para el pago de prestadores de servicios independientes”.

Otro inciso destaca la falta de esclarecimiento del uso de recursos por 5 millones 313 mil 117.72 pesos “por los pagos de servicios profesionales independientes que no se sustentaron en los reportes detallados relativos a las actividades efectuadas por 55 prestadores de servicios contratados por las Representaciones de México en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, con cargo en la partida presupuestal 39902 ‘Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano’”.

Por un monto menor, 25 mil 303.09 pesos, la ASF revisa el caso de “dos prestadores de servicios profesionales que rescindieron dos contratos con la Representación de México en Raleigh por concepto de talleres informativos y de diagnósticos migratorios, sin que se proporcionara evidencia documental de su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

Para la investigación de la ASF en el consulado en San Antonio, se busca definir el gasto de 702 mil 112.07 pesos, “por el pago a un prestador de servicios profesionales que formalizó su contrato… sin haber acreditado que presentó su ‘Reporte Mensual’ y ‘Reporte Final al terminar la vigencia del contrato’, documentos que debían proporcionarse para sustentar los servicios prestados”.

Desde que se asignaron esos gastos a los consulados auditados se les indicó que sus titulares serían los responsables de obtener la documentación comprobatoria conforme a las normas administrativas vigentes de la SRE.

Las irregularidades

En su investigación 33-GB, la ASF ­subraya, basada en notas informativas, que esos consulados debieron enviar la ­carpeta de comprobación del gasto en forma ­digital a la DGPME y al IME, dependiendo de los programas que dirigen cada una de las unidades administrativas y con copia al ­consulado en Milwaukee a más tardar el décimo día hábil del mes subsecuente al ejercicio de los ­recursos.

“Al tratarse de recursos provenientes del mandato para la estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos y no estar comprendidos dentro del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su ejercicio no podrá ser reportado en el Sistema para la Gestión Programático-Presupuestaria para las representaciones de México en el exterior”, destaca el documento Nota Informativa.

Debido a que la ASF ya tiene a su cargo varias investigaciones, los funcionarios de la SRE consultados por Proceso hablaron bajo la condición del anonimato para no interferir o entorpecer las averiguaciones.

Uno de ellos asegura: “Se han encontrado muchas irregularidades cometidas en el sexenio pasado, todas se han reportado conforme a los estatutos del gobierno federal y se está haciendo lo correspondiente para aclararlas.”

–¿Se podrían fincar cargos a los responsables? –le pregunta el corresponsal.

–Esperamos que sea así. De lo contrario, no tendría caso que se lleven a cabo con tanto detalle las auditorías.

–¿Cargos a qué nivel de exfuncionario?

–Al más alto nivel, de comprobarse lo que se investiga por probable daño o perjuicio a la hacienda mexicana.

Por el momento, la ASF ha emitido 18 recomendaciones respecto al caso de los 53 millones 94 mil 380 pesos sujetos a investigación. La número 15 indica lo siguiente para prevenir casos similares en la SRE cuando se trate de la contratación de prestadores de servicios en el extranjero: “Como mínimo, las firmas de quien elaboró y autorizó, sello y fecha de recepción por parte del funcionario público responsable de la supervisión y seguimiento de los servicios contratados; asimismo, que los recibos expedidos por el pago de los servicios hagan referencia al contrato que corresponde y que los pagos a los proveedores se efectúen cuando los servicios se encuentren totalmente devengados”.

Los consulados bajo sospecha estaban encabezados en 2017 por Francisco de la Torre (Dallas), Remedios Gómez Arnau (Raleigh), Reina Torres (San Antonio), Carlos García de Alba (Los Ángeles), Ricardo Pineda (Tucson) y Gómez Pickering (Nueva York).

“Para que la SRE fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que las operaciones realizadas con los recursos aportados al mandato denominado ‘Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos’, deberán ser dictaminados por el despacho de auditores designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)”, agrega la auditoría 33-GB en sus recomendaciones.

Varios de los involucrados en el uso de los recursos investigados por la ASF se dicen inocentes y arguyen que no tenían otra alternativa más que asumir la responsabilidad de los contratos con su firma.

Las órdenes provenían de Videgaray o de Algorri Guzmán; esta última operaba en la SRE con una autoridad que no le correspondía a su cargo debido a su cercanía con el canciller. Los miembros del Servicio Exterior implicados no tenían más opción que cumplir órdenes.

De entre los funcionarios de los consulados mencionados, sólo Gómez Pickering no es miembro del Servicio Exterior Mexicano, el resto sigue trabajando en representaciones consulares de México en el extranjero.

Durante su gestión como cónsul en Nueva York, Gómez Pickering trabó amistad con Videgaray, Algorri Gómez y otros integrantes de su grupo de asesores.

“La SRE ha venido trabajando con la ASF en la solución de cada una de las observaciones a la auditoría 33-GB, por lo que quedan muy pocas de ellas en estatus de revisión”, añade Prado, ahora adscrito a la Subsecretaría para América del Norte.

Este reportaje se publicó el 22 de septiembre de 2019 en la edición 2238 de la revista Proceso

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