Y ahora Washington reactiva el TIAR…

En la última reunión de la OEA se abordó la actuación del TIAR respecto a Venezuela. Foto: Tomada de Twitter @Almagro_OEA2015 En la última reunión de la OEA se abordó la actuación del TIAR respecto a Venezuela. Foto: Tomada de Twitter @Almagro_OEA2015

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Hace dos meses, en este mismo espacio, se expuso cómo Estados Unidos aprovechó el giro político de varias naciones sudamericanas para revivir el mecanismo “Tres más uno” (Argentina, Brasil y Paraguay más EU), creado en 2003, y recuperar el control de la Triple Frontera entre esos países, donde además del tráfico de toda clase de mercancías ilegales operarían organizaciones terroristas de inspiración islámica.

Ahora, Washington ha reactivado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento más antiguo (1947), con el que pretende incrementar la presión hemisférica sobre el gobierno de Nicolás Maduro, con el fin de que permita unos comicios independientes que, supuestamente, expulsarían del poder de manera democrática al régimen chavista de Venezuela.

El problema con estas iniciativas intracontinentales es que en la letra se observan legalmente inobjetables y ascépticas, pero su aplicación depende siempre de los intereses y la correlación de fuerzas políticas en cada coyuntura. Y eso en realidad es lo que ha ocurrido desde un principio con el TIAR.

Creado dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con el postulado de que “un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos”, el tratado establece que cada una de las partes contratantes “se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Bajo el nuevo orden mundial de la posguerra, un ataque de esa naturaleza sólo podía provenir de la órbita soviética. Y esto quedó de manifiesto en las ocasiones en que se invocó el TIAR durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, siendo el momento más conspicuo el de la “crisis de los misiles” en 1962 y su consiguiente bloqueo naval contra Cuba. Como se sabe, el estallido bélico fue conjurado por un acuerdo entre Nikita Khrushov y John F. Kennedy.

En conjunto, durante sus 72 años de existencia, el TIAR ha sido invocado una veintena de veces, sin que en ninguna de ellas se llegara a una respuesta armada continental o parcial. Tres de los casos más conocidos son la efímera “guerra del futbol” entre El Salvador y Honduras en 1969; la guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña en 1982; y los ataques terroristas contra blancos estadunidenses en 2001.

Pero como ninguno, el enfrentamiento entre Buenos Aires y Londres exhibió que el TIAR no era un pacto continental de defensa militar, sino de intereses. Cierto es que el primer paso fue dado por la dictadura que regía entonces en Argentina, como una maniobra para distraer de sus propios problemas. Pero la reacción desproporcionada del Reino Unido hubiera merecido al menos una exigencia conjunta del cese inmediato de las hostilidades.

Washington, sin embargo, no sólo optó por ponerse del lado de Londres, su socio en la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), sino que inclusive le prestó asistencia militar y se sumó a las sanciones contra Buenos Aires de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Esta postura fracturó para siempre la confianza y la unidad continental dentro del TIAR.

Si bien ninguno de los países latinoamericanos ofreció ayuda militar a la dictadura argentina, importa destacar que el 30 de mayo de 1982 la mayoría de los miembros del TIAR aprobó una resolución según la cual “los Estados firmantes pueden prestar a Argentina el apoyo que cada cual juzgue apropiado para asistirla ante esta grave situación”. Y también exigió el fin inmediato del apoyo estadunidense a Gran Bretaña y el cese de las sanciones de la CEE.

Esa resolución fue aprobada por 17 votos, sin ninguno en contra y con las abstenciones de Estados Unidos, Colombia, Chile y Trinidad y Tobago. Toda una declaración de intenciones en un continente sometido a la doctrina de seguridad nacional estadunidense, con varias dictaduras en activo y el bloque soviético todavía en funciones.

Otro punto de inflexión para el TIAR se dio con los atentados terroristas del 11 de septiembre, cuando el entonces presidente George W. Bush invocó el pacto tras la agresión. Para todos estaba claro que Estados Unidos no pedía cooperación militar a los países de la región, pero sí un apoyo simbólico y político para las invasiones de Afganistán e Irak que ya empezaban a perfilarse.

Fue en esa coyuntura que México anunció que se retiraba del TIAR, porque según sostuvo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Vicente Fox, “el Tratado de Río (conocido también así por la ciudad donde se firmó) no sólo representa hoy un grave caso de obsolescencia e inutilidad, sino que ha impedido, en contra de sus propósitos, la generación de una idea de seguridad adecuada a los alcances y necesidades del hemisferio”. Y ejemplificó como “fracaso” el conflicto de las Malvinas.

Por esos años también se retiraron del pacto varios aliados de la “revolución bolivariana” (Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua), aunque curiosamente no fue sino hasta 2013 que la propia Venezuela denunció el tratado, todavía por iniciativa del fallecido Hugo Chávez. Así, de los 34 miembros de la OEA, actualmente sólo 19 se mantienen activos dentro del TIAR.

Ello no obstante, el líder de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó (reconocido por 60 países), pidió a su representante en la OEA que invocara el tratado para enfrentar la situación de su país, al que previamente reincorporó al pacto. Gustavo Tarre Briceño argumentó como amenazas a la estabilidad y paz regionales la presencia en territorio venezolano de grupos irregulares (como la disidencia de las FARC), narcotraficantes y la explotación ilegal de minas, lo que habría disparado la violencia e incrementado la propagación de enfermedades como la malaria.

El 12 de septiembre, por iniciativa de Colombia y con el apoyo de Brasil y Estados Unidos, el organismo regional activó el TIAR porque consideró que “la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad del Hemisferio”. Esgrimió el Artículo 6, el cual dispone que “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueran afectadas por una agresión que no sea un ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente”.

Y ese órgano, integrado por los cancilleres de los 19 países miembros, se reunió el 23 de septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y resolvió la sanción de personas asociadas con el gobierno venezolano y vinculadas con actividades ilícitas, corrupción o violaciones a los derechos humanos. Sanciones que podrían ir escalando a bloqueos marítimos, cercos aéreos e inclusive una intervención armada.

Nadie cree que se llegue a este extremo, ni siquiera Estados Unidos que ha jugado con esta posibilidad, pero el sólo hecho de que se abra la puerta para que ocurra, ha creado serias procupaciones en el continente e, inclusive, divisiones entre los mismos miembros del TIAR.

Llama la atención, que los países que votaron ni siquiera lo hicieron igual en las reuniones de la OEA y del órgano consultivo. En la primera fueron 12 los que votaron a favor, cinco se abstuvieron y dos se ausentaron; mientras que, en la segunda, 16 fueron a favor, uno en contra, uno se abstuvo y uno se ausentó.

Un caso que destaca es el de Perú, que como cabeza del Grupo de Lima ha tenido un papel protagónico en la crisis venezolana: en la OEA se abstuvo y en la siguiente reunión votó a favor. El embajador del país andino ante esa instancia, José Boza, explicó al diario El Comercio que ello se debió a que la legación peruana respaldó una enmienda al primer texto, propuesta por Costa Rica, que pedía se excluyera de manera expresa la posibilidad de recurrir a la fuerza; pero no se logró.

Boza dijo que ello de ninguna manera significa que se deje de apoyar a la Asamblea Nacional y a Guaidó para sacar a Maduro de la presidencia venezolana, pero ello debe hacerse de manera irrestricta por la vía pacífica. Analistas peruanos opinaron sin embargo que la activación del TIAR debilita y divide al Grupo de Lima, y permite justificar medidas más coercitivas contra Caracas, aun  cuando no se llegue a una intervención militar.

No convencido de ello, el gobierno de Uruguay que primero se abstuvo y luego votó en contra, anunció el 24 de septiembre que se retirará del TIAR. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que la última resolución “sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional”. Explicó que “la Carta de Naciones Unidas establece en su artículo 53 con meridiana claridad que se prohíbe el uso de medidas coercitivas, tanto armadas como no armadas, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU”.

México, ya sin ser miembro del TIAR, pero sí de la OEA, expresó también su rechazo por la reactivación y las medidas adoptadas. “Invocar un tratado que intrínsecamente supone la posibilidad del uso de la fuerza, cuando no existe un ataque armado, es contrario a las reglas del derecho internacional”, sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, y recordó que precisamente por eso el Estado mexicano se retiró de dicho pacto.

Pero Estados Unidos porfía. En El Nuevo Herald, el periodista Andrés Oppenheimer escribió en mayo que funcionarios estadunidenses y latinoamericanos estudiaban invocar el TIAR. Concretamente asentó que el nuevo representante del gobierno de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, le había comentado que el mecanismo era “mucho más amplio que un pacto militar”, ya que hablaba de acciones en común en materia política, diplomática y económica.

Abrams, quien fuera subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se recuerda por su línea dura, por encubrir acciones ilegales en el marco del escándalo Irán-Contras y por pasar por alto graves violaciones a los derechos humanos en las guerras centroamericanas de los ochenta. Envuelto en la legalidad, para él todo se vale. Y está de vuelta.

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