El niño minero, 18 años después de sobrevivir a La Morita

Trabajos de rescate en el pozo La Morita. Foto: Especial Trabajos de rescate en el pozo La Morita. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Mario Alberto fue un niño minero. Cuando dejó la escuela acababa de cumplir 15 años y la pobreza lo llevó a trabajar en el pozo La Morita, donde su papá era obrero del carbón y fue quien lo recomendó para que se empleara separando los trozos del preciado mineral de la piedra inútil, pepena esta que reclama gran esfuerzo físico a quien la realiza y -retorcida analogía- a la que se conoce como labor de huesero.

Como Mario Alberto era fuerte y cumplido ascendió pronto a la cumbre del rudimentario castillete, el lugar por el que un cable enganchado jala los tambos cargados para vaciarlos en el cúmulo de mineral. Fue ahí, en labor de ganchero, cuando hace 18 años una furia de aire, fuego y polvo lo proyectó de espaldas contra las rocas de carbón recién amontonado.

Su memoria reconstruye con nitidez el momento en que escuchó el estruendo aunque, dice, no tuvo tiempo ni de advertir lo que estaba pasando. Sólo sabe que de la boca del pozo la fuerza de la explosión lo aventó. Cayó sobre el carbón colocado bajo el castillete y ahí, aturdido por un pitido horrible no sintió el dolor que el hueso descolocado de su brazo le infligiría momentos después. El brazo colgaba inerte de su hombro descolocado.

Aquel 29 de septiembre de 2001 murieron 12 mineros, sólo Mario Alberto, por estar en el exterior, sobrevivió.

Los días que siguieron son confusos. El duelo regional parece borrado y sólo recuerda a su madre retirándole el carbón que se le incrustó en la espalda. No hubo médico que lo revisara –dice—porque no estaba registrado en el Seguro Social y, desde entonces, el brazo jamás sanó. A sus 32 años, lleva más de la mitad de su vida con la audición disminuida.

La Morita es una mina que opera en el lote “Pitas” de la empresa Materiales Industrializados (Minsa), que es parte del conglomerado que posee el senador morenista Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía del Senado. En sociedad con su hermano José Luis, es titular de la concesión 213810, de acuerdo al Registro Público de Minería (RPM).

Esa concesión está vigente y a su nombre desde el 14 de junio de 2001 y aunque fue Miguel Ángel Valdés Ramos quien contrató a Mario Alberto, no hubo registro conforme a la ley del papel que juagaba en ese pozo carbonero, pues un contratista o rentero, tendría que haberse registrado RPM pero no hay nada por lo que pudo ser solo un capataz

Los hermanos Guadiana nunca asumieron responsabilidad antes ni después de la tragedia, tampoco hubo autoridad que los sancionara. A las viudas del carbón que dejó ese siniestro las acompañaba en sus trámites pensionarios la esposa de Valdés Ramos y jamás vieron a ninguno de los hermanos Guadiana Tijerina.

Una memoria:

“Miguel Ángel Valdés buscó a mi papá para ofrecerle dinero ‘para que me escondiera’ y que no se supiera que había un niño trabajando en el pozo. Mi papá no aceptó nada. Y como nosotros vivíamos en un ranchito alejado de Santa María y había muerto un tío en el pozo, nos terminamos aislando”.

Nadie hizo algo para que se indemnizara a las familias de los trabajadores y el niño minero pasó inadvertido, en la mayoría de los informes oficiales a medios, como “un trabajador lesionado”. Nunca se dijo más.

Aquel 29 de septiembre, a las 7:10 de la mañana, tronó la rudimentaria mina matando a Abraham Llamas Portales; Alejandro Briones González; Antonio Ledezma Quiroz; Juan Carlos Mendoza Briones; Florentino Briones Muñiz; Jesús Enrique Morín Jaso; Jorge Luis Ayala Alvarado; José Luis Castro Guzmán; Juan Carlos Díaz Gámez; Matías Ibarra Pruneda; Martín Portales Gallegos y Ramiro Alvarado Sánchez.

Mapa con el registro de donde fueron localizados los mineros fallecidos. Foto: Especial
Mapa con el registro de donde fueron localizados los mineros fallecidos. Foto: Especial

Calca al carbón

Calca al carbón una de otra, las tragedias mineras de la Región Carbonífera de Coahuila, las historias se repiten en la abundancia de evidencias que muestran cómo es que los trabajadores son obligados a internarse en los socavones pese a que por sus condiciones pueden estallar.

Del 29 de septiembre de 2001, Mario Alberto recuerda que la camioneta en la que trasladaban a los trabajadores se descompuso; que el hombre dedicado a medir la presencia de metano en la mina y al que se le conoce como “gasero”, no llegó y, aunque todos sabían que el gas estaba descontrolado en el interior del pozo, les dieron la orden de ponerse a trabajar.

Los mineros del carbón saben cuando una mina está “gaseosa” sin la ayuda de un metanómetro. Lo saben por la irritación de los ojos, las deficiencias respiratorias, la sensación de asfixia y la presión auditiva. En La Morita, dice Mario Alberto, pero obedecieron la orden que reclamaba productividad y acababan de bajar, unos minutos apenas, cuando el pozo explotó.

Rescatistas especializados consultados a reserva de identidad, explicaron que la tragedia se pudo evitar de haber tenido condiciones mínimas de seguridad. Por ejemplo, los rangos de acumulación de gas metano asociado al carbón se encontraban en rangos de 6 a 8% que son flamables, explosivos. Los pudo detectar el gasero pero como ese día no asistió, bajaron a ciegas, sin saber en qué condiciones trabajarían en el interior más que por su percepción.

Vocablos de la letalidad minera, acuñados en una historia de muerte en explosiones y derrumbes: se dice entre obreros del carbón que una mina está “gaseosa” cuando perciben el gas con sus sentidos; era “mina ciega” porque no tenía salida de emergencia para completar el círculo de deficiencias, y no estaba “ventilada”, pues carecían de un sistema adecuado de ventilación que contribuyera a sacar el gas de la mina.

No había rescatistas ni condiciones para atender una emergencia. Foto: Especial
No había rescatistas ni condiciones para atender una emergencia. Foto: Especial

No había rescatistas ni condiciones para atender una emergencia, de ahí que el intento de rescate y posterior recuperación de cuerpos fuera realizado por cuadrillas que pertenecían al Grupo Acerero del Norte, formadas en sus unidades Mimosa y Micare, que enviaron 92 personas, así como de Grupo México y su contratista General de Hulla con 23 personas. Minsa, la empresa de los hermanos Guadiana, titulares de la concesión minera, sólo contaban con 59 trabajadores sin capacitación, sólo como apoyo.

La suma de todas esas negligencias debió ser identificada por la secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyas áreas de inspección debían documentar las condiciones de la operación minera de La Morita. Así, la negligencia empresarial y la omisión gubernamental, resultó en la muerte de los 12 mineros y las decadencias físicas que experimenta hasta hoy Mario Alberto.

Los negocios de la muerte

En los días que siguieron a la tragedia de La Morita, hubo reclamos al entonces gobernador Enrique Martínez y Martínez que, adherido siempre a la idea de las minas de carbón como necesarias para la región por ser una importante fuente de empleo, creó la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno del estado que fungió como intermediaria entre los empresarios productores del carbón y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En los hechos, más que un tema para la seguridad de los trabajadores, Prodemi fue la institucionalización del coyotaje con la entonces paraestatal.

En los últimos diez años, la agencia Apro y el semanario Proceso, han documentado cómo es que la producción de carbón en esa entidad norteña, se desarrolla en condiciones deplorables, sumando unos 200 fallecidos desde el siniestro de La Morita.

Proveedores de la CFE, principalmente a través de la Prodemi, los productores de carbón suelen ser políticos y empresarios que han desarrollado conductas caciquiles en los cinco municipios de la región (Sabonas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso), en donde con frecuencia son alcaldes o diputados.

Es el caso del hoy senador por Morena. Político priista de vieja guardia, Armando Guadiana –cercano al exgobernador Martínez y Martínez– renunció al tricolor al finalizar la administración de Humberto Moreira y acusando el endeudamiento millonario de la entidad (deuda que se estima en torno a los 35 mil millones de pesos), así como diferentes hechos de corrupción. Se integró a Morena, mientras que otros influyentes carboneros, han mantenido el control político de la zona, lo mismo por el PAN, Movimiento Ciudadano, e inclusive, el partido local Unidad Democrática de Coahuila.

De hecho, una semana antes de la tragedia de La Morita, el hermano del actual senador, José Luis Guadiana, había sido derrotado en la elección de presidente municipal de San Juan de Sabinas.

Las familias de las víctimas, acompañados por curas y religiosas de la zona, buscaron un acercamiento con el entonces mandatario que, proclive a evitar la protesta social, decidió reunirse con las familias en la parroquia de San José Obrero, en Nueva Rosita Coahuila. Nada se logró con ese encuentro excepto las formulares “hasta sus últimas consecuencias”, “nadie por encima de la ley”, “castigaremos a los culpables” y otras tantas de uso común en la jerga gubernamental.

En realidad, no hubo consecuencias para los hermanos Guadiana. Ni siquiera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), temido por las sanciones que logra imponer cuando se violan disposiciones patronales elementales, actuó contra los patrones: Abraham Llamas Portales, José Luis Castro Guzmán y Juan Carlos Díaz Gámez, quienes murieron en La Morita, no estaban dados de alta en el IMSS, por lo que sus familias no tuvieron ni siquiera la pensión mínima que les correspondía, tan ridículamente minúsculas que la madre de Enrique Morín Jasso, otro de los fallecidos, tiene una pensión de 6 pesos.

Las nueve viudas que quedaron por el siniestro en La Morita, con sus 19 huérfanos menores de edad, debieron apañárselas solas, con una pensión inferior a los 2 mil pesos mensuales. Ninguna de las 12 familias ni Mario Alberto, el niño minero, recibieron alguna indemnización.

Con la importancia política de los productores de carbón y de los hermanos Guadiana, en aquel tiempo, el gobernador Martínez y Martínez creó, el 28 de marzo de 2002, la mencionada PRODEMI que justificaba en los siguientes términos:

Los procesos productivos de la minería local resultan obsoletos y la infraestructura con que se cuenta es insuficiente e inadecuada, impactando negativamente en las condiciones de seguridad industrial que se han manifestado en lamentables accidente y pérdidas humanas”.

Lejos de sanción a los titulares de la concesión Pitas, durante más de una década, la mitad del contrato que se surtía a través de la PRODEMI a CFE, era suministrado con varias empresas por los mismos hermanos Guadiana.

Pero hay más. El lote Pitas se ubica en el Ejido Santa María, donde efectivamente, existe un contrato entre la empresa MINSA y el Ejido. La empresa paga cinco pesos por tonelada de carbón a los ejidatarios. Tonelada que la CFE compra en alrededor de mil pesos.

Ahí hay un Manifiesto de Impacto Ambiental, permanentemente se viola.

Julia, viuda de Florentino Briones Muñiz, vive a 10 metros de un tajo carbonero abierto y abandonado. Dentro del ejido, existen diferentes excavaciones, testimonio del paisaje de cráteres abiertos, donde se ha extraído carbón para luego dejar abandonado el lugar sin remediación alguna…

Don Crescencio, de 78 años es campesino del Ejido Santa María. Su parcela colinda con los pozos que actualmente se están desmontando porque se acabó el carbón y han abierto minas nuevas. La tierra de Crescencio, se hundió y el agua que la regaba no puede subir por la diferencia de casi un metro.

Debajo de su terreno, están los cañones de los pozos de Guadiana. Cuando el hundimiento comenzó, fue a hablar con la empresa y le rellenaron una parte, pero se volvió a hundir. Regresó para negociar con ellos. No quería que siguieran rellenando su terreno porque se seguiría hundiendo -como sigue pasando-, sino que le dieran otra tierra para trabajar. No tuvo respuesta. No fue indemnizado por haber perdido su tierra. Ahora solo tiene unos metros que usa para sembrar calabazas y chiles. El resto del terreno esta severamente afectado y los Guadiana no se hacen responsables del daño.

Don Crescencio no es el único. Son muchas las quejas en el Ejido Santa María que quedó atrapado entre las políticas de la CFE y del gobierno de Coahuila, que ofrecían extraer el carbón a “pequeños y medianos productores para generar un polo de desarrollo”. El Ejido Santa María es una muestra evidente del fracaso de la política extractiva para el sector energético.

Excepto por la carretera que atraviesa el pueblo, no hay calles pavimentadas, no hay espacios de recreación ni para adultos ni para los niños, la destrucción ambiental que afecta dramáticamente a los ejidatarios y sus familias pues basta pasar unas horas en la zona para inundarse las fosas nasales del fino polvo negro del carbón.

Inmerso hoy en Morena, poderoso como nunca hasta imponer como “superdelegado” a su coordinador de campaña, presidiendo la comisión de Energía en el Senado y renovada su relación con el dirigente sindical hoy también su compañero de bancada, Napoleón Gómez Urrutia, Armando Guadiana rechaza ser proveedor de la CFE –aunque nunca ha explicado a quien vende ni quien explota el lote Pitas—ha promovido activamente que se mantenga el modelo extractivista así como la construcción de dos carboeléctricas que aumenten las ganancias para los empresarios de la región.

Mario Alberto, aquel niño minero, hoy trabaja cuidando ganado, tiene dos hijos y jamás volvería a una mina de carbón.

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