Trump y el inicio pedregoso del camino de la destitución

Donald Trump. Contra la pared. Foto: AP / Richard Drew

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio inicio a un proceso que podría resultar en la destitución del presidente Donald Trump, acusado de traición a la patria. El juicio político al mandatario sería posible –aunque los resultados sean inciertos, debido a que los republicanos tienen mayoría en el Senado– gracias a que un “soplón” de los servicios de inteligencia reveló la existencia de una conversación entre el habitante de la Casa Blanca y el presidente ucraniano, a quien el primero pidió ayuda para investigar y desacreditar al posible próximo candidato demócrata: Joe Biden.

WASHINGTON (Proceso).- Nashington.- Donald Trump está en el banquillo de los acusados. El liderazgo demócrata en el Capitolio lo responsabiliza de traición a la patria y por ello se puso en marcha de inmediato el proceso legislativo de investigación para someterlo a un juicio político.

“Las acciones que el presidente ha tomado hasta la fecha violan seriamente la constitución. Debe ser sometido a la rendición de cuentas; nadie esta por encima de la ley”, sentenció Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes al anunciar el inicio del proceso para juzgar a Trump.

La decisión de Pelosi de enjuiciar a Trump se genera del reporte publicado por el diario The Washington Post el pasado martes 17, sobre una denuncia anónima de que Trump solicitó a un gobierno extranjero interferir en las elecciones presidenciales estadunidenses de 2020.

El denunciante, una o un integrante de los servicios de inteligencia, alertó a sus jefes bajo la condición del anonimato (Whistleblower, se dice en inglés) del presunto abuso de poder por parte de Trump con el fin de reelegirse el 3 de noviembre de 2020.

La nota del Washington Post provocó un revuelo inmediato entre los círculos políticos y periodísticos de esta capital, lo que a su vez ejerció presión sobre la Casa Blanca y el propio Trump.

Acorralado por los reporteros, el jueves 19, Trump admitió haber hablado telefónicamente con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pero negó que hubiese algo ilegal en dicha conversación.

En seguimiento a su propia noticia, el Washington Post precisó que el denunciante cívico (soplón, como también se puede traducir whistleblower), denunció que Trump pidió a Ucrania investigar a Joe Biden.

“Fue una llamada amistosa, adecuada y sin nada ilegal”, admitió Trump el sábado 21, obligado por los cuestionamientos de los reporteros.

Los hechos subsecuentes ocurrieron en cascada. Los demócratas, encabezados por su líder, Pelosi, exigieron Trump y a la Casa Blanca la develación del informe de alerta del soplón y la transcripción de la llamada a Zelensky.

Como era de esperarse la reacción inmediata de Trump fue acusar a los demócratas de una cacería de brujas y hacerse la víctima. Mientras tanto, en el Congreso federal estadunidense aumentaban las voces que pedían enjuiciar políticamente al presidente.

Los reportes periodísticos insistían en que Trump presionó al gobierno de Ucrania para que indagara un presunto caso de corrupción que involucraba a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden –aspirante, éste, a la nominación presidencial demócrata–.

The Washington Post y The New York Times citaban fuentes gubernamentales asegurando que la intención del presidente con la pesquisa en Ucrania era “echarle tierra” a Biden para minar sus posibilidades de ser el candidato presidencial demócrata y su contendiente el 3 de noviembre de 2020.

De entre la veintena de aspirantes a la nominación demócrata, Biden –según las encuestas– es el favorito para enfrentarse a Trump el próximo año.

El lunes 23 por los pasillos del Capitolio corrió como reguero de pólvora la noticia de que Pelosi anunciaría el juicio político contra Trump. El mandatario quiso actuar en consecuencia y anunció en su cuenta de Twitter que el martes 24 liberaría, sin editar, la transcripción de la conversación con Zelensky que se llevó a cabo el pasado 25 de julio.

El Post y el Times reportaron que ocho días antes de la llamada, el 18 de julio, el mandatario estadunidense ordenó al Departamento de Estado y al de Defensa suspender un paquete de asistencia militar a Ucrania por unos 400 millones de dólares.

La decisión fue una estratagema de quid pro quo (me das y te doy) que sería usada por Trump para presionar a su par ucraniano para que cumpliera su deseo de investigar el caso de Biden. El hijo del exvicepresidente demócrata trabajó cinco años como miembro de la junta directiva de una empresa de gas de Ucrania que estaba bajo investigación por corrupción.

Aunque a Hunter Biden nunca se le acusó de corrupción en Ucrania, el Post y el Times reportaban que Trump prometió a Zelensky que si le ayudaba a echarle tierra al exvicepresidente, liberaría el paquete de apoyo militar.

La Casa Blanca desclasificó el contenido de la conversación el martes 24, como lo prometió Trump; no obstante Pelosi y su partido ya habían tomado el camino sin retorno y anunciaron el inicio del juicio político.

“Quiero que nos hagas un favor”, se lee a Trump decirle a Zelensky al inicio de la página tres de las cinco que contienen la conversación.

Antes de eso, el presidente de Ucrania le dijo a Trump: “Estamos listos para cooperar específicamente en los próximos pasos, estamos casi listos para comprar a Estados Unidos más (misiles) Javelins para objetivos de defensa”.

En otro fragmento de la plática, Trump dice a Zelensky: “(Rudy) Giuliani es un hombre muy respetado; fue alcalde de Nueva York, un gran alcalde, y quiero que él te llame. Que te llame junto con el procurador general (William Barr)… la otra cosa: se habla mucho del hijo de Biden, que Biden paró la investigación y mucha gente desea saber sobre ello; lo que puedas hacer con el procurador general sería grandioso. Biden presumió por ahí que detuvo la investigación, lo que puedas hacer al respecto… suena horrible para mí”.

En esté párrafo la líder demócrata encontró lo que deseaba: la evidencia de que Trump solicitaba la intervención de una entidad extranjera para manipular a su favor el proceso electoral estadunidense, ya en marcha, y socavar las aspiraciones y posibilidades de Biden de ser su contrincante.

Para colmo, Zelensky le reitera a Trump que ya uno de sus asesores había estado en contacto con Giuliani, el abogado personal de Trump, y que él personalmente lo podría recibir en Ucrania.

“Le diré a Rudy y al procurador general Barr que te llamen. Gracias. Cuando quieras ir a la Casa Blanca siéntete libre de llamar”, subraya Trump al presidente de Ucrania a manera de despedida.

La acusación

La transcripción desclasificada por la Casa Blanca era más de lo que podían pedir Pelosi y sus correligionarios demócratas. Trump no sólo solicitaba la injerencia foránea al proceso electoral y democrático estadunidense, sino que usaba al fiscal de la nación como su abogado personal para el hecho anticonstitucional, amén de ya contar con los oficios de Giuliani, su representante personal en asuntos legales.

“No hubo presión, nadie me presionó”, declaró Zelensky ante los reporteros en Nueva York, al lado de Trump, en su reunión celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desoyendo las denuncias del presidente que se hacía la víctima de un “ACOSO PRESIDENCIAL” como lo escribió en Twitter, el jueves 26 el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes comenzó la investigación con miras al juicio que seguirían otros cinco comités involucrados.

A la sesión legislativa fue citado Joseph Maguire, director nacional de Inteligencia interino, para hablar del reporte de alerta redactado por el soplón y que, por intervención de la Casa Blanca, no se entregó al Congreso en su momento.

Minutos antes de que arrancará la audiencia con Maguire como testigo hubo otra bomba: se desclasificó el acta del soplón.

“En el curso de mis labores oficiales he recibido información por parte de múltiples funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de que el presidente está usando al poder de su oficina (Ejecutivo) para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020”, se lee en el segundo párrafo del primero de los nueve folios escritos por el soplón, fechados el 12 de agosto de 2019 y dirigidos a los presidentes de los Comités de Inteligencia del Congreso: Adam Schiff, de la Cámara de Representantes, y Richard Burr en la de Senadores.

“Esta interferencia”, continúa el soplón. “Incluye entre otras cosas, presionar a una nación extranjera para investigar a uno de los principales rivales políticos domésticos del presidente. El señor Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, es una figura central en este esfuerzo. El procurador general Barr, parece también estar involucrado”, concluye el primer párrafo del documento del o de la denunciante.

Maguire fue prácticamente acribillado por los legisladores demócratas en el interrogatorio. El encargado de las agencias de inteligencia no tuvo más que aceptar que era válida la denuncia del soplón y que por las leyes del país haría lo necesario para proteger la identidad y seguridad física del patriota, que podría ser la causa del fin de la presidencia del multimillonario republicano.

Intento de ocultamiento

Iracundo y claramente molesto, Trump pidió unidad a los republicanos para que lo defiendan en el juicio legislativo.

En el acta dirigida a los Comités de Inteligencia, el soplón incluso embarra en el caso de la solicitud de injerencia de Ucrania al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Energía, Rick Perry.

El soplón denuncia otro presunto ilícito que incremente la gravedad del abuso de poder por parte de Trump y expone una violación flagrante a las leyes: la intención de la Casa Blanca de ocultar el audio y la transcripción de la conversación con Zelensky.

“Funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que recibieron la orden de los asesores legales de la Casa Blanca de remover la transcripción electrónica del sistema computarizado en el cual se almacenan dichas transcripciones para su coordinación, finalización y distribución a integrantes del gabinete”, expone el denunciante.

Y sigue: “Se les pidió que se almacenara en un sistema electrónico separado que se usa para almacenar y manejar información clasificada de una naturaleza especialmente sensible. Un funcionario de la Casa Blanca describió a este acto como un abuso del sistema electrónico, porque la llamada no contiene nada remotamente sensible desde la perspectiva de seguridad nacional”.

La furia presidencial no se hizo esperar. En una reunión con su círculo de asesores en la Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Trump ordenó descubrir la identidad del soplón y de los funcionarios que cooperaron y hablaron con él; a éstos, dijo el presidente, se les debe considerar espías y castigarlos como se hacía antes. Con esto el mandatario insinuó que la pena para esos espías debería ser la capital.

Posibilidades

Los escenarios sobre el juicio político a Trump son varios. En la historia política de Estados Unidos ha habido tres. En 1868 Andrew Johnson fue enjuiciado pero exonerado por el Senado. En 1974 Richard Nixon optó por renunciar antes de ser sometido al juicio. Y en 1998 William Clinton fue liberado por la acción partidista de los demócratas en el Senado.

Para procesar a Trump, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes primero tiene que pedir al pleno la aprobación de una resolución para el encausamiento. Se sabe que sin la intervención del Comité, Pelosi tiene lista la resolución que debe ser aprobada por simple mayoría absoluta. Los 218 votos que necesita Pelosi los tiene ya garantizados.

Encausado judicialmente, el proceso contra Trump pasa al Senado, que fungirá como Corte presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso; el magistrado John Roberts.

Algunos legisladores de la Cámara de Representantes realizan el papel de fiscales. Trump tendría que contar con su equipo legal para su defensa y los 100 integrantes del Senado asumen el papel de jurado. Para declarar culpable a Trump de los delitos que le imputa Pelosi, se requieren dos tercios de las curules senatoriales, es decir 67 votos.

La actual composición del Senado está en manos de los republicanos que controlan 53 puestos frente a los 47 de los demócratas.

Las probabilidades de que los republicanos en el Senado sentencien a Trump a renunciar a la Presidencia por ahora se ven endebles, a menos que sean irrefutables las evidencias de traición a la patria que para Pelosi son claras.

La posición republicana en el Senado cambiaría si en el desarrollo del proceso el electorado estadunidense que llevó a Trump a la victoria le da la espalda al comprobarse o ser evidente su delito.

Si antes de que se llegue a lo último en el Senado y los cargos en su contra y las acusaciones sean inamovibles y solidos, Trump podría renunciar, como lo hizo Nixon, y Pence asumiría el Poder Ejecutivo.

Quienes conocen a Trump y por la forma en que se ha manejado en su Presidencia, sostienen que el mandatario se aferrará al puesto y no renunciará. Optaría por que lo expulsen constitucionalmente para seguir haciéndose la víctima de un complot político.

Otra posibilidad, la más arriesgada y peligrosa para Pelosi y los demócratas, es que no puedan sustentar con mayores pruebas los cargos y el electorado estadunidense se vuelque hacia el presidente y le faciliten la reelección en los comicios del 3 de noviembre.

Dependerá de la eficacia de la maquinaria demócrata de los seis comités asignados a la investigación, pero en especial la del Judicial, para sustentar y demostrar que Trump cometió traición a la patria.

Para lograrlo, Giuliani y Barr son piezas clave en las audiencias a las que seguramente serán convocados. Astutos y marrulleros, ambos serán huesos duros de roer en los interrogatorios de los demócratas, que intentarán sacarles la verdad o acusarlos de desacato, si mienten bajo juramento para defender a Trump.

Varios funcionarios de la Casa Blanca y de los servicios de inteligencia podrían ser citados a testificar; Pence o Perry, por ejemplo.

La moneda está en el aire aun cuando para la lógica de cualquiera que lea la transcripción de la conversación telefónica y del acta del denunciante, sea claro que Trump apeló a Ucrania para manipular a su favor las elecciones de 2020.

De aquí a que se resuelva el juicio, para los demócratas y republicanos del Capitolio no hay otra prioridad. Por ende ya se habla en Washington de que se quedará en el limbo la ratificación del T-MEC, el acuerdo comercial negociado por la Casa Blanca con México y Canadá para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

No se descarta la posibilidad de que, para intentar desviar la atención del juicio, Trump pretenda usar como chivo expiatorio los temas de la inmigración indocumentada, los aranceles a las exportaciones de otros países, la construcción del muro en la frontera con México, un posible enfrentamiento bélico con Irán y otro, pero comercial con China.

Este reportaje se publicó el 29 de septiembre de 2019 en la edición 2239 de la revista Proceso

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