CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la Fiscalía de la Ciudad de México deberá arrancar operaciones el 10 de enero de 2020, será hasta 2024 cuando podría funcionar con el 100% del nuevo modelo que tendrá a la víctima como centro de atención, informó Ana Laura Magaloni, coordinadora del Comité Técnico de Transición. Al presentar el Plan de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía de la Ciudad de México, Magaloni explicó que, si bien está previsto que para finales de noviembre próximo ya esté listo su marco legal, se necesitan dos años para su instrumentación y dos más para su profundización. “Se debe asumir que los resultados exigidos no van a suceder de la noche a la mañana”, aclaró la funcionaria en el Museo de la Ciudad de México. La investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) agregó que para implementar las medidas incluidas en el Plan, que implica, entre otras medidas, la incorporación y capacitación de 4 mil policías de Investigación, se prevé la necesidad de un presupuesto de 2 mil millones de pesos. El método de trabajo que propuso el Comité Técnico está dividido en cinco premisas, la primera de las cuales consiste en acabar con el llamado “ritual de los oficios”, en el que los agentes del Ministerio Público y los policías de investigación se basen en emitir oficios en vez de realizar verdaderas investigaciones criminales. Y es que, calculó, los investigadores invierten 70% de su tiempo en cumplir los requisitos documentales en vez de investigar en campo, lo que lleva a que la mayoría de las carpetas queden en el archivo temporal. La segunda premisa es terminar con la actitud “lenta, burocrática e ilógica” de las carpetas de investigación, particularmente en las relacionadas con delitos de alto impacto, así como con la recolección de pruebas y la atención y protección a las víctimas. Dijo que se prevé trabajar en protocolos especiales para homicidios, secuestros y violaciones sexuales, por ejemplo, que las víctimas no tengan que ir al Ministerio Público a denunciar, sino que éste las busque directamente. De acuerdo con la especialista, actualmente la posibilidad de judicializar casos de alto impacto sólo es de 2%. “Con eso no hay forma de dar justicia a la víctima”. La tercera premisa tiene que ver con que la víctima evalúe el desempeño de la fiscalía que lleve su denuncia, y podrá exigir resultados al responsable de cada carpeta de manera personal, con un fiscal que responda por el caso. La cuarta consiste en acabar con el abuso policial y los métodos de investigación autoritarios, por ejemplo, la tortura, la siembra de pruebas, obtención ilegal de pruebas y las violaciones a los derechos humanos. El rol del fiscal cambiará para reunir las pruebas para convencer y ganar un juicio ante un juez. Y la quinta significa acabar con el “trato V.I.P” a las víctimas, a manera de que no importe quién es la víctima, sino el delito del que fue objeto. Para lograrlo y con ello combatir la corrupción interna, deberá haber una sola unidad de Control Interno. Fiscal “carnal” Al cuestionar a Magaloni Kerpel, también profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, sobre la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad de México elija a un “fiscal carnal”, en el sentido de que pudiera estar a modo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ella contestó: “El debate sobre el fiscal es un debate político, no le corresponde a la Comisión Técnica”. No obstante, matizó: “Cuando veo la Procuraduría, veo que necesita capital político para que se transforme. La autonomía es algo a lo que se llega, pero hoy se necesita ver quién gana políticamente metiéndole recursos, quién se la juega políticamente por esta institución y con qué capital político cuenta”. Sin embargo, acotó, “cualquier fiscal tiene el modelo que estamos proponiendo, ese es el que debe de contemplar la Ley Orgánica. El siguiente fiscal tiene que seguir la ruta de transición, paso por paso, y así se le debe medir, sea quien sea. Si nos debatimos las cabezas, vamos a perder la oportunidad de reformar la Constitución. Yo creo que la fuerza y la autonomía está en la fuerza de la institución y es ahí donde hay que dar la batalla”. La funcionaria remarcó que el nombramiento del nuevo fiscal “no es un cheque en blanco. El siguiente fiscal –subrayó-- tiene un proceso de transición con muchísimo trabajo que tiene que ejecutar y se le tiene que medir cómo lo ejecuta”. Más modificaciones La doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada de Derecho por el ITAM comentó que en el Plan está contemplada la creación de una unidad especial en cada alcaldía para atender delitos de violencia intrafamiliar, que ocupan el segundo lugar en número de denuncias después de los robos. En tanto, los robos menores deberán ser tratados con acuerdos reparatorios, y se dará trato especial a víctimas pertenecientes a grupos vulnerables como mujeres, niños, indígenas, migrantes, adultos mayores y miembros de la comunidad LGBTTTI. En el Plan también se incluye la intención de reducir de cuatro horas a 15 minutos el tiempo para realizar una denuncia, además de que no se necesitará ratificarla y se podrá hacer por teléfono o internet. En este sentido, la especialista recordó que el propósito es generar más confianza en la Fiscalía, pues actualmente sólo uno de cada 10 delitos es denunciado. Durante su intervención, el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Seguridad y Procuración de Justicia, reconoció que existe una “descomposición institucional” y un daño estructural en la Procuraduría, debido a su trabajo “desarticulado, aislado y con déficit” de elementos de la PDI. No obstante, destacó que, tras la presentación del Plan de Transición, comienza la segunda etapa del proceso, que incluye grandes retos, como garantizar su autonomía técnica, fortalecer su capacidad de investigación, aumentar el número de investigadores y capacitarlos, así como hacerse de tecnología e inteligencia. El experredista y ahora morenista dijo que a finales de noviembre el Congreso de la Ciudad de México deberá entregar una Ley Orgánica adecuada a la Fiscalía local, para que ésta arranque sus operaciones el 10 de enero de 2020 y se ponga “a la vanguardia”.