MONTERREY, N.L. (apro). - Hasta ahora, al menos en 90 cárceles municipales se han emitido órdenes para evitar que convivan los presos sentenciados y procesados con internos recluidos por faltas menores y administrativas, relevó Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La encargada de asuntos penitenciarios de la CNDH en toda la República señaló que fue emitida una recomendación general en el país para que las entidades terminaran con la práctica de utilizar erróneamente las celdas de los ayuntamientos, pues en ellas únicamente debe haber personas responsables de faltas administrativas. “Hay penales municipales que están fuera de toda la norma, pues albergaban a personas procesadas y sentenciadas, lo que ocasionó que la Comisión emitiera una recomendación general, lo que ocasionó que se hayan regularizado 90 prisiones municipales”. “Las cárceles municipales, llamadas centros de reclusión, son para tener a personas que incurren en faltas administrativas y así deben seguir funcionando, pero cuando las usan para llevarse a sentenciados es cuando inicia la irregularidad”, dijo. Señaló que, en referencia a la Constitución General, que indica que el sistema penitenciario tendrá como base el respeto a los derechos humanos, todos los reclusorios deben apegarse a la norma, una condición que desde la CNDH esmeran por que se cumpla. De visita en Monterrey para atestiguar el cierre del penal del Topo Chico el pasado lunes, Villanueva explicó que regularmente las prisiones en México están mal calificadas y, en particular, tienen notas reprobatorias las cárceles municipales, pues no están diseñadas para las funciones que indebidamente se les han otorgado. “Esta baja calificación de las cárceles administrativas se daba porque estaban hechas para que las personas pasaran horas ahí, no días, ni meses ni años. Sus calificaciones eran por debajo del 3, en escala del 1 al 10. Lógicamente, todo el sistema se ve colapsado por esto”, expuso. La tercera visitadora señaló que, independientemente de las fallas, el sistema penitenciario mexicano evidencia mejoras que, aunque leves, marcan una tendencia significa al alza. Un ejemplo es el cierre de Topo Chico, luego de 76 años de funcionamiento, que se había convertido en un reclusorio inoperante y peligroso y en el que ahora sus instalaciones serán convertidas en edificios públicos y en ágoras de goce comunitario. “El sistema va en ascenso, aunque muy leve. Nadie está orgulloso de sacar un 6 o 7, pero no anda el promedio de la República Mexicana en 5. No está reprobado y la tendencia es hacia arriba con 6.1, 6.2. Vale la pena retomarlo. El 18 de julio, día que marca Naciones Unidas para reconocer las Reglas Mandela, que es el estándar internacional presentamos una exposición de lo que se hace en toda la República mexicana”. “Con eso tratamos de que haya más acciones como esta, que se cierren los penales que están mal calificados. Topo Chico tenía una calificación reprobatoria. Y fortalecer lo que está bien y dar la oportunidad de que se certifique todo el personal penitenciario. La CNDH trabaja con estándares mexicanos para certificar el personal en Reglas Mandela. Cuando el personal estudia y se prepara su sensibilidad cambia y su trabajo a los centros también. Hay que humanizar el trabajo en las prisiones”, explicó la doctora Villanueva.