La Ley de Amnistía podría ser invaluable para transformar sistema de justicia, dicen ONG

Las cárceles: violaciones a los derechos humanos. Foto: Germán Canseco. Las cárceles: violaciones a los derechos humanos. Foto: Germán Canseco.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones No Gubernamentales (ONG)) se pronunciaron a favor de la iniciativa de Ley de Amnistía enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre.

Las OSC consideraron que es un esfuerzo para saldar la deuda pendiente con grupos históricamente vulnerados.

No obstante, advirtieron que la propuesta no es “una llave mágica” y debe ser acompañada por una estrategia integral de derechos humanos, sobre todo, en materia de reinserción social, perspectiva de género e interculturalidad, así como en el fortalecimiento del sistema e instituciones de justicia.

En un comunicado, las más de 100 organizaciones indicaron que la iniciativa podría ser “invaluable” para iniciar un proceso de transformación en el actual sistema de impartición de justicia en todos sus niveles, mismo que sigue representado un reto para el Estado mexicano.

A partir de sus experiencias, consideraron que esta ley contribuye a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia, la cual, afirmaron, se traduce en abusos sistemáticos del estado como son: el abuso en la prisión preventiva, la obtención de confesiones bajo tortura, la ausencia de traductores, intérpretes y abogados defensores certificados bilingües para personas indígenas, la criminalización de abortos y partos fortuitos, así como penas “absurdamente severas” para delitos menores.

Las OSC señalaron que estas prácticas sólo reflejan la criminalización de ciertos grupos históricamente invisibilizados, discriminados, estigmatizados, juzgados y privados de libertad injustamente al no reconocer las condiciones en las que vivían y exacerbando sus condiciones de vulnerabilidad

Entre ellos, destacaron se encuentran grupos indígenas que no contaron con traductor y/o intérprete y/o defensoría legal con perspectiva de género e interculturalidad, con lo que fue ignorada su cultura, lengua e identidad.

También personas acusadas de cometer robo simple, sin violencia, con pena de prisión máxima de cuatro años; las procesadas o sentenciadas por delitos como la sedición o por formar parte de grupos con motivos políticos, acusados de alterar el orden y la vida institucional.

Los presos por delitos contra la salud (tráfico, transporte, comercio de drogas), cuya condición de pobreza, extrema vulnerabilidad, exclusión, desigualdad estructural y discriminación, no fue tomada en cuenta, como en el caso de quienes fueron forzados a cometer estos ilícitos por grupos criminales.

Los jóvenes víctimas de pobreza y falta de oportunidades que incurrieron en la posesión o venta de droga; los propios consumidores de estas que fueron detenidos con más de la cantidad permitida; así como las mujeres procesadas por interrumpir su embarazo y el personal médico que las ha asistido.

En este último punto, las organizaciones lamentaron que la posibilidad de que la amnistía impacte positivamente sus casos es muy baja por lo que se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto.

A pesar de reconocer el esfuerzo del estado mexicano, las OSC advirtieron que esta iniciativa no garantiza la no repetición de la criminalización hacia estos grupos por lo que instaron a los responsables de implementar esta ley, a construir y mejorar sus capacidades institucionales.

Con ello, expresaron, no sólo se estaría garantizando el acceso a la justicia de estas personas, también se estarían creando las bases de leyes, mecanismos e instituciones que garanticen los derechos humanos de todas y todos.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC; Católicas por el Derecho a Decidir; EQUIS Justicia para Mujeres AC; El Día Después y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 87 organizaciones; entre otras.

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