CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por despojar de una parte de su terreno a un indígena náhuatl de 83 años y dañar sus plantíos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Crispín Hernández Sánchez. De acuerdo con la recomendación 59/2019, el 15 de marzo de 2016, personal del Comité de Obras, un ingeniero de Obras Públicas del municipio y un asistente del programa Prospera ingresaron al predio del anciano y le dijeron que, por órdenes de la entonces presidenta municipal, María Angélica Méndez Margarito, abrirían el camino rural Cuahutlajapa-Zacatilica. El afectado denunció que los sujetos utilizaron una excavadora con la que ocasionaron daños al terreno, porque rompieron una alambrada de púas y ocasionaron la pérdida de diversos plantíos de café, zapote negro, plátano y tepejilote, y destruyeron árboles de cedro, xochicolhuitl, jonote y coyoliyo. Ante tales hechos, el adulto mayor solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que investigó la denuncia, y el 13 de diciembre de 2017 emitió la recomendación 54/2017, donde concluyó que se violaron los derechos a la propiedad privada y seguridad jurídica del agraviado. No obstante, la presidenta municipal pretextó no darle cumplimiento porque los hechos denunciados no eran propios de su administración, y los servidores públicos de los que se quejó el afectado ya no laboraban en la municipalidad. Asimismo, explicó que la recomendación en cuestión se encontraba en proceso de impugnación ante la CNDH. Además, argumentó que no existía un peritaje para cuantificar la posible reparación del daño, que en materia ambiental no se condenó a pago alguno por ese concepto y que había una investigación en curso en la fiscalía itinerante de la Fiscalía estatal con residencia en Zongolica, Veracruz, que no había concluido, lo cual fue notificado por la comisión local a la CNDH el 6 de agosto de 2018. En respuesta a los cuestionamientos del organismo nacional, la exalcaldesa emitió un oficio el 5 de diciembre, donde expuso que su periodo en el ayuntamiento había terminado el 31 de diciembre de 2017, por lo que pidió no ser notificada, pero no refirió cuál era su nuevo cargo, aunque señaló el domicilio para recibir notificaciones. Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó la recomendación 54/2017 realizada por la Comisión estatal en todos sus términos y consideró que las conductas atribuidas a las autoridades municipales evidencian responsabilidades en el desempeño de sus funciones. Por ello, el organismo autónomo recomendó al presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, reparar el daño de manera integral al agraviado; inscribirlo en el Registro Estatal de Víctimas para que tenga acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y que se le brinde la atención médica necesaria, así como asesoría legal. Asimismo, solicitó colaborar con el organismo en la denuncia y la queja administrativa contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos; brindar asesoría jurídica para inscribir al afectado en los programas productivos agrarios federales o estatales, y auxiliarlo en los trabajos necesarios de cuneteo, reforestación y, en su caso, nivelación del terreno dañado, así como en lo necesario para recuperar la capacidad de siembra. Además, deberá capacitar al personal del ayuntamiento de Mixtla sobre derechos humanos y en especial sobre los derechos de las personas mayores y de los pueblos originarios, para evitar la repetición de hechos similares.