CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Detrás de una aparente lucha común por el poder en una democracia, lo que en realidad ocurre en Perú es un enfrentamiento entre sectores políticos que rechazan las investigaciones de corrupción y quienes las respaldan. La decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias es, precisamente, una respuesta al partido Fuerza Popular, que controlaba la mayoría absoluta en el Legislativo, posición que usaba para intentar excarcelar a su líder Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde hace 18 meses, acusada de haber recibido fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial. Desde que el 31 de octubre de 2018 la justicia dictó detención preventiva a Keiko Fujimori para evitar que huya del país --como lo hiciera su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)--, destruya evidencias o amenace a testigos, su partido Fuerza Popular recurrió a la mayoría en el Congreso para desplegar diferentes formas de presión con el objetivo de destruir al Equipo Especial Lava Jato, un conjunto de fiscales dedicados exclusivamente a la investigación de los sobornos de Odebrecht y otras empresas brasileñas. Los fujimoristas se aliaron en este empeño con los congresistas del Partido Aprista Peruano, cuyo líder máximo, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), también fue acusado de recibir sobornos de Odebrecht. Cuando los fiscales llegaron a la residencia de García, el 17 de abril pasado, el exmandatario prefirió suicidarse que entregarse a las autoridades. Pero las pesquisas del caso continúan. La defensa de Keiko Fujimori había presentado una casación ante la Corte Suprema de Justicia para desactivar el caso de lavado de activos en su contra, y el requerimiento estaba en manos del juez César Hinostroza, cuando un audio de una conversación telefónica del magistrado con un allegado de la líder fujimorista dejó en evidencia que se preparaba un fallo favorable. La conversación, divulgada por la plataforma periodística IDL-Reporteros, en julio de 2018, dejó en evidencia que un equipo de fiscales investigaba a una organización criminal compuesta por magistrados con vinculaciones políticas, especialmente con Fuerza Popular, y que César Hinostroza era parte de la trama. Como parte de lo que se denominó Operación Cuellos Blancos del Puerto, las autoridades habían intervenido los teléfonos de los implicados y se descubrió que Hinostroza estaba estrechamente ligado con el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien se suponía dirigía el combate a la corrupción. Por su condición de fiscal de la Nación, en el caso de Chávarry, y de juez supremo, respecto a Hinostroza, les correspondía el antejuicio, y fueron denunciados ante el Congreso. Entonces el bloque mayoritario de Fuerza Popular, en alianza con el Partido Aprista Peruano, hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para evitar la destitución de ambas autoridades. En un intento por desmantelar al Equipo Especial Lava Jato, increíblemente Chávarry ordenó desmantelar al equipo de fiscales que investigaban no sólo a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), sino también a la dos veces excandidata presidencial Keiko Fujimori (2011 y 2016). El desatino de Chávarry produjo la reacción del mandatario Vizcarra, quien lo instó a que rectificara, lo que efectivamente hizo, pero en las sombras siguió actuando en beneficio de Keiko Fujimori y los máximos dirigentes de Fuerza Popular que cumplen sentencias. Involucrado en un intento de destrucción de pruebas, Chávarry finalmente renunció el 7 de enero pasado, mientras que Hinostroza huyó del país. Mientras en el ámbito judicial la defensa de Keiko Fujimori sufrió severos reveses –se confirmó la detención preventiva en todas las instancias–, una de las pocas opciones que le quedaba era recurrir al Tribunal Constitucional. ¿El motivo? El 27 de abril de 2018 el tribunal se pronunció a favor de un habeas corpus que presentaron el expresidente Humala y su esposa, Nadine Heredia, quienes salieron de prisión bajo el argumento de que el mandato judicial de detención preventiva era un exceso. Con la misma sustentación, Keiko Fujimori también presentó un habeas corpus. Pero su caso es diferente. “La gran diferencia consiste en que Keiko Fujimori cuenta con un partido político que ejerció el dominio del Congreso y estaba en capacidad de negociar favores políticos con autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que le dotaba de una enorme capacidad de obstruir, interferir e incluso desactivar la investigación fiscal en su contra y de los miembros de la dirigencia de su partido”, explicaron a Proceso fuentes relacionadas con las pesquisas sobre sobornos de Odebrecht. “Además, en el caso de Keiko Fujimori existen alrededor de 40 colaboradores eficaces, testigos protegidos y declarantes que han corroborado los hechos que se atribuyen a la excandidata presidencial. Por ejemplo, la recepción del dinero, su distribución para lavarlo a nombre de falsos aportantes a la campaña presidencial y el depósito de dicho caudal a la cuenta del partido Fuerza Popular. Incluso ya declararon dos congresistas fujimoristas corroborando los hechos y un exalto funcionario del partido”, añadieron las fuentes. Después de que el 19 de septiembre la Corte Suprema rechazó la excarcelación de Keiko Fujimori --quien alegaba que era una perseguida política del gobierno de Martín Vizcarra y que no existían pruebas en su contra sino declaraciones sin confirmar de testigos-- y sólo redujo de 36 a 18 meses el periodo que debe cumplir en prisión, hasta abril de 2020, entonces enfiló su atención en el Tribunal Constitucional, el último recurso que le quedaba. Así que la bancada de Fuerza Popular apuró la renovación de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, que tenía pendiente resolver el habeas corpus en beneficio de Keiko Fujimori, la cual argumentaba que no debía estar ni un día más en la cárcel porque no había motivación alguna. Lo que sin duda se buscaba era nombrar a magistrados para asegurarse un fallo a la medida de los deseos de Keiko Fujimori. Si había alguna duda sobre este objetivo, el 27 de septiembre la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, denunció en una entrevista en la revista ‘Hildebrandt en sus Trece’ que habían intentado chantajearla para que emitiera su voto a favor de Keiko Fujimori. El mensaje era el siguiente: si quieres continuar en el tribunal (ella y otros cinco integrantes deberían ser sustituidos), vota por Keiko Fujimori. “Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible. El mensaje era una manera de evitar los cambios (de los miembros del tribunal), era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el tribunal”, relató Ledesma. Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, afirmó que la propuesta provino del Congreso, dominado por Fuerza Popular. La revelación de Ledesma añadió más combustible al enfrentamiento que en ese momento tenía el presidente Vizcarra precisamente con Fuerza Popular. En un intento de terminar con la confrontación entre el partido fujimorista y su gobierno –asumió la presidencia el 23 de marzo de 2018, en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció bajo la amenaza de destitución del fujimorismo–, propuso al Congreso adelantar las elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. Los congresistas fujimoristas hicieron pedazos el proyecto de ley, se burlaron de la iniciativa presidencial y se alistaron para cambiar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Los fujimoristas estaban desvinculados de la realidad. El 29 de septiembre se publicó una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que indicaba que siete de cada 10 peruanos estaban a favor del adelanto de elecciones y ocho de cada 10 se inclinaban por el cierre del Congreso. El 29 de septiembre, en mensaje a la nación –denunciando que la mayoría fujimorista en el Congreso se oponía a las reformas políticas, al adelanto de las elecciones que demandaba la población y obstruía la lucha contra la corrupción–, Vizcarra resolvió presentar una cuestión de confianza para interrumpir el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. Si la mayoría del Congreso rechazaba la iniciativa del jefe de Estado, él estaba habilitado constitucionalmente para disolver el Congreso. Lo que hizo Fuerza Popular fue aprobar la cuestión de confianza, pero para que se aplique a partir del próximo proceso de renovación de magistrados. El que estaba en curso, continuaría. En términos prácticos, los fujimoristas no le dieron la confianza a Vizcarra, por lo que el 30 de septiembre decidió disolver constitucionalmente el Congreso dominado por el fujimorismo. Entre las razones que motivaron a dicha extrema resolución, explicó Vizcarra, fue el intento de Fuerza Popular de capturar el Tribunal Constitucional para liberar a Keiko Fujimori, como denunció la magistrada Ledesma. El mismo 30 de septiembre el disuelto Congreso, presidido por Pedro Olaechea, al no contar con los votos suficientes para cesar al presidente Vizcarra por incapacidad moral, aprobó una “suspensión temporal” por un año por supuesta “incapacidad moral permanente”, una figura legal que no existe en la Constitución. La suspensión sólo se aplica en caso de enfermedad del jefe de Estado. El excongresista Marco Arana, del izquierdista Frente Amplio, dice a Proceso que la decisión de Vizcarra estaba amparada por la Constitución. “Fue una decisión legítima porque la ciudadanía reclamaba el cierre del Congreso porque el fujimorismo, además de buscar la excarcelación de Keiko Fujimori, protegía a fiscales, jueces y empresarios corruptos, entre ellos los que están investigados por el caso Lava Jato. Querían traerse abajo el acuerdo de colaboración eficaz con Brasil para salvar a los políticos que han recibido dinero de Odebrecht. En el Congreso tenían la mayoría para acogerse con la figura de inmunidad y en el Tribunal Constitucional querían tener la mayoría para asegurar impunidad con las sentencias que llegaran allí, como la de Keiko Fujimori”, apunta Arana. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática señalaba que el principal problema de Perú es la corrupción, 34% dijo que es la delincuencia común y 23%, la pobreza. Las cifras demuestran cuál es la principal preocupación de los peruanos, pero Fuerza Popular sólo estaba empeñado en la libertad de Keiko Fujimori. “La cuestión de confianza fue planteada en el marco de la política de Estado de Lucha Anticorrupción y de Fortalecimiento Institucional. En tal sentido, se presentó un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para modificar el procedimiento de designación de magistrados. En el momento en que el Congreso había decidido elegir nuevos magistrados bajo el procedimiento de invitación, generó cuestionamientos sobre las candidaturas presentadas, porque algunas de ellas estaban vinculadas a denuncias penales o a personajes denunciados por corrupción. El proyecto del Ejecutivo pretendía transparentar este proceso con nuevas reglas y, además, suspender el que se llevaba a cabo en ese momento mientras se aprobase la nueva normativa. Sin embargo, a pesar de haberse planteado la cuestión de confianza en esos términos, el Congreso decidió realizar la elección de magistrados y elegir indebidamente a un candidato como miembro del Tribunal Constitucional”, explica la excongresista Patricia Donayre, quien renunció a la bancada de Fuerza Popular porque Keiko Fujimori alteró un proyecto de Ley de Partidos Políticos que la exlegisladora había elaborado con otros partidos. “Este hecho se entendía como una clara negación de la confianza solicitada previamente, siendo la segunda en el presente periodo presidencial. Sobre ello, el artículo 134 de la Constitución permite que el presidente de la República disuelva el Congreso en caso de que se haya denegado la confianza a dos consejos de ministros. Es por ese motivo que la disolución del Congreso de la República es totalmente constitucional”, dice Donayre. El expresidente del Congreso, y todo el fujimorismo en bloque, habló de “golpe de Estado” y lo comparó con lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, cuando cerró el Parlamento e intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público, e inició un régimen plagado de crimen y corrupción, por lo que recibió una condena de 25 años de prisión. En esa ocasión, las fuerzas armadas respaldaron a Fujimori y tomaron el local del Congreso e intervinieron medios de comunicación de la oposición. En esta oportunidad no sucedió nada similar. La excongresista Donayre, quien en un principio perteneció a Fuerza Popular, confirma a Proceso que Keiko Fujimori interfería en la labor legislativa: “Efectivamente, Keiko Fujimori se involucraba en la revisión de la propuesta de ley (de partidos políticos) y la observaba, antes del debate en el grupo de trabajo”. Ahora desde la prisión se reúne con sus excongresistas para tramar alguna acción para intentar paralizar la disolución del Congreso. “La bancada fujimorista estuvo muy involucrada en actos para entorpecer la investigación fiscal del caso Lava Jato. Para empezar, la propia comisión investigadora que instaló el fujimorismo en el Congreso fue dirigida contra los opositores del fujimorismo, pero jamás se tocó ni con el pétalo de una rosa a Keiko Fujimori y Alan García”, explica a Proceso el exprocurador anticorrupción José Vargas Valdivia. “No olvidemos en cuántas oportunidades los congresistas fujimoristas presentaron acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para intentar perjudicar las investigaciones. Incluso se citó en diferentes ocasiones a los fiscales del Equipo especial Lava Jato, con el fin de amedrentarlos. Ha habido toda una serie de acciones coordinadas en el Congreso para pretender favorecer a Keiko Fujimori y Alan García. Pero eso ya terminó”, agrega Vargas. El último intento del fujimorismo por retornar al estado anterior es exigir al presidente Vizcarra que adelante las elecciones. Curiosamente, la propuesta que había planteado el mandatario y que el partido de Keiko Fujimori rechazó por orden de la excandidata presidencial, presa en el reclusorio de Chorrillos.