QUITO (apro).- Hasta el martes 1, a pesar de la baja popularidad y credibilidad en las encuestas, Lenín Moreno, presidente del Ecuador desde mayo de 2017, mantenía una relativa estabilidad y una cómoda gestión apoyada por una mayoría holgada en la Asamblea Nacional y una relación de mucha confianza con sus antiguos detractores de la derecha y los gremios empresariales. Incluso, la persistente oposición del movimiento Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, expresidente ahora radicado en Bélgica, no hacía mella en el equilibrio y en su gobernabilidad. Tampoco las organizaciones indígenas, sindicales y campesinas habían hecho oposición abierta y movilizada respecto a algunas medidas adoptadas en este año. Es más, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tuvo un pacto no declarado que se manifestó en la recuperación de algunos “privilegios” perdidos durante el mandato de Correa. Y la semana pasada eso cambió tras la publicación de un paquete de medidas económicas, avaladas por el Fondo Monetario Internacional, para paliar las dificultades económicas que se manifestaban ya en un déficit fiscal, una contracción de la economía e indicadores sociales negativos.   El martes 1 Lenín Moreno anunció, en cadena nacional de radio y televisión, la aprobación del decreto 883 que incluía las siguientes medidas económicas: 1. Liberación del precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís. Antes la gasolina costaba 1.85 dólares, ahora cuesta 2.39 por galón. Mientras que el diésel subió de 1.03 dólares a 2.29 dólares. 2. Eliminación de los aranceles para la importación de celulares, computadoras y tabletas. 3. Reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales. 4. Aumento de 15 dólares en diferentes bonos a 300 mil familias aproximadamente; hasta ese día el bono era de 40 dólares y el número de familias beneficiadas no superaba las 500 mil. 5. Desde noviembre dará créditos hipotecarios con una tasa de 4.99%. Para eso el Estado destinará mil millones de dólares. 6. Decretó que las empresas que perciban ingresos superiores a 10 millones de dólares al año deberán contribuir durante tres años con un impuesto especial, que todavía no se ha determinado en montos y características. 7. Fijó un Impuesto a la Renta único para los productores del banano (principal producto de exportación del Ecuador, después del petróleo). 8. Devolución automática de los tributos al comercio exterior. 9. Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que pagaban las empresas. 10. Reducción a la mitad del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos para bienes de capital, según un listado definido en un decreto. 11. Reducción del impuesto a los vehículos de menos de 32 mil dólares para uso productivo. En ese sentido recibió el aplauso de algunos de los sectores empresariales que habían planteado todo ello como plataforma de lucha durante el gobierno de Correa. Pero lo que llamó la atención y la molestia en los sectores populares fue el tema laboral. Moreno dijo que las reformas laborales regirán para nuevos contratos, los anteriores permanecerán intactos y decretó: Los contratos ocasionales en el servicio público se renovarán con 20% menos de remuneración. Además, los empleados públicos tendrán 15 días de vacaciones al año (ya no 30) excepto los de la Fuerza Pública y servicios sociales. Y algo que los analistas consideran como un retroceso en derechos: los trabajadores públicos aportarán cada mes un día de su salario al Estado. Y también propuso nuevas modalidades de contratación para quienes inician un emprendimiento. A eso se añade algo que todavía no queda claro cómo se implementará: la jubilación patronal. Según la reforma que deberá aprobar la Asamblea Nacional en el paquete global, los empleadores incrementarán su aporte mensual en 2% para nuevos trabajadores, pero ese valor podrá ser ahorrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o en fondos privados. Hasta ahora la seguridad social es obligatoria para todos en el IESS, institución estatal. Al otro día la reacción empezó. Los transportistas anunciaron la suspensión de actividades y convocaron al paro nacional para el jueves 3. Asimismo, varias organizaciones sociales y de estudiantes salieron a las calles. Este mismo día el Fondo Monetario Internacional, en un comunicado, aplaudió las decisiones anunciadas por Moreno e indicó que las reformas tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. La paralización del transporte, en casi todo el país, movilizó a las organizaciones gremiales de trabajadores, campesinos e indígenas al apoyo y el caos reinó en calles y carreteras. Entonces, para sorpresa de muchos, Moreno abandonó Quito y viajó a Guayaquil. Desde ahí dijo: “He venido a Guayaquil para evitar que quienes saquearon al país lo sigan haciendo desde otras instancias… Quienes violen la ley deberán ser detenidos”. La sospecha general fue que con ese traslado, Moreno evitaba ser el centro de la protesta en el Centro Histórico, donde funciona la sede del gobierno. Enfático dijo que no cedería a chantajes, ni “vamos a beneficiar a contrabandistas, con quienes no voy a dialogar”. Con eso cerró la puerta para cualquier negociación y la protesta se acentúo en los principales ejes viales de las principales ciudades. Conforme pasaban las horas del jueves 3, el panorama se complicaba para el gobierno y al mismo tiempo varias organizaciones políticas y gremiales anunciaron nuevas acciones para el viernes 4 y el fin de semana. Sorpresivamente Moreno declaró el estado de excepción, una medida extraordinaria para momentos de conmoción interna. “Las decisiones adoptadas ¡están en firme! He dispuesto el estado de excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley”, dijo en cadena de radio y televisión. El anuncio de compensación para los sistemas de transporte público acabó con el paro de los choferes y todos pensaban que hasta ahí llegaba la protesta general y Ecuador volvería a su rutina el lunes siguiente. Y no fue así, pues las organizaciones campesinas e indígenas reunidas en asambleas decidieron, junto a algunos gremios de trabajadores, un paro general para el miércoles 9. Las comunidades indígenas llegaron a Quito el lunes 7 y también decenas de carros antimotines de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el asambleísta Yofre Poma, el prefecto de la provincia de Sucumbíos; Amado Chávez, y Abraham Freire, alcalde de Lago Agrio, por supuestos actos de sabotaje en los pozos petroleros de la Amazonia. Al día siguiente, al ver que la protesta se expandía por toda la capital y algunas provincias, Moreno, junto al alto mando militar, anunció que la sede del gobierno nacional fue trasladada de Quito a Guayaquil; reiteró que no daría marcha atrás en las medidas tomadas y explicó que contaba con el apoyo de toda la institucionalidad pública. Y sin haberlo señalado como un argumento al inicio de la crisis, Moreno denunció un intento de golpe de Estado por el frente correísta: “El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas. Demuestran la intención política de Correa, (Nicolás) Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este gobierno democrático” Hasta el martes 8 se conoció que había 500 personas detenidas según un informe elaborado por diversas organizaciones de derechos humanos. Y al amanecer de ese mismo día el balance indicaba que 17 de las 24 provincias del país estaban paralizadas por el bloqueo de las carreteras y las movilizaciones ciudadanas y de indígenas. Esa misma tarde, la radio pública Pichincha Universal fue allanada por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. La radio no fue clausurada pero sí afectó a sus transmisiones, lo que provocó la reacción de centenas de ciudadanos que se agolparon alrededor de las instalaciones de la estación, exigiendo libertad de expresión. Mientras tanto, en la sede de la Asamblea Nacional unas 2 mil personas ingresaron violentamente a las instalaciones y se declararon “Parlamento de los Pueblos”. La policía no se demoró en reforzar la represión y logró desalojar a los invasores con bombas lacrimógenas y disparos al aire. A las 17:00 de ese martes 8 Moreno aprobó el decreto 888, que prohíbe la movilidad en los alrededores de edificios públicos y sectores estratégicos desde las 20:00 hasta las 05:00, de lunes a domingo, y la medida estará vigente mientras dure el estado de excepción. En otras palabras, un toque de queda restringido. La noche del martes 8 bajó la intensidad de la protesta, pero se mantuvo la violencia en algunos sectores de varias ciudades y la cifra de detenidos llegó a 700, según el propio Moreno en una entrevista televisiva. En esa intervención con dos periodistas volvió a acusar al expresidente, que con él ganaron dos elecciones seguidas en 2007 y 2009: “Correa está detrás de un ataque a la sede de la Contraloría del Estado en Quito el lunes, para eliminar pruebas de casos de corrupción”. Y sobre la intensidad de las protestas: “Sí, lo teníamos previsto porque no es casual que la semana pasada Correa, (Ricardo) Patiño, (Virgilio) Hernández y (Paola) Pabón, integrantes del gobierno anterior y todos aquellos que saquearon los recursos del Estado, hayan estado en Venezuela, seguramente para recibir las órdenes del sátrapa, del dictadorzuelo, del sinvergüenza de Caracas que tiene sumida a su población en el hambre y la desesperación”, acusó sin exhibir las pruebas. La reacción de Correa fue contundente todos los días a través de su cuenta de Twitter y en entrevistas con algunos medios de fuera de Ecuador: “Moreno debe cumplir con la Constitución y convocar a elecciones anticipadas. Él rompió la constitución cinco veces, robó la vicepresidencia”, advirtió.