CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras reiterar su “compromiso con el derecho a la libre manifestación” y su “solidaridad con el pueblo ecuatoriano”, el gobierno de México pidió hoy al presidente Lenín Moreno Garcés evitar el uso de la “fuerza desmedida” en las protestas de comunidades indígenas contra el incremento al precio de la gasolina, que sacuden a Quito desde la semana pasada. En reacción a las manifestaciones, Moreno trasladó el gobierno a la ciudad de Guayaquil, desplegó a la policía y el ejército en Quito e impuso un toque de queda. Y, según la prensa local, las autoridades ecuatorianas detuvieron de manera arbitraria a más de 700 personas la semana pasada –83 ayer, de acuerdo con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos--, mientras que la Cruz Roja atendió a más de 122 personas heridas. El presidente ecuatoriano regresó hoy a la capital del país para “supervisar y monitorear las cosas” y denunció un intento de “golpe de Estado” impulsado –dijo-- por el expresidente Rafael Correa. Éste negó estar desestabilizando al país y pidió al mandatario que convoque a elecciones, a las que, subrayó, se presentaría “si fuera necesario”. Las manifestaciones multitudinarias exigen revertir la eliminación del subsidio a la gasolina, una de las polémicas medidas de austeridad que el gobierno de Moreno implementó para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En un comunicado, la Cancillería mexicana expresó su “preocupación por el desarrollo de los graves sucesos” en Ecuador, y llamó a su contraparte a “respetar el estado de Derecho y los derechos humanos”. “México condena tajantemente toda forma de violencia, reitera su compromiso con el derecho a la libre manifestación y rechaza el uso de la fuerza desmedida por parte del Estado, la cual debe emplearse excepcionalmente y siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”, abundó la Cancillería. La postura del gobierno mexicano contrasta con el respaldo a Moreno que envió ayer un grupo de siete gobiernos latinoamericanos de derecha --encabezado por los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil; Mauricio Macri, de Argentina, e Iván Duque, de Colombia—y que responsabilizó de la crisis al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Hoy, el gobierno chileno de Sebastián Piñera se sumó a la condena contra presuntas “acciones de desestabilización foráneas”.