CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Colectivos y organizaciones del Movimiento por Nuestros Desaparecidos exigieron al Congreso de la Ciudad de México considerar la participación efectiva de las familias en la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para la capital del país. En un comunicado, los familiares manifestaron su preocupación, dado que –subrayaron-- no fueron notificados de que una nueva ley en la materia se encontraba en proceso, y reprocharon que hubieran tenido que enterarse a través de una publicación en Twitter del diputado Emmanuel Vargas Bernal. Y, si bien en días recientes la Comisión de Atención Especial a Víctimas, de la Cámara de Diputados capitalina, les extendió una invitación para participar en las mesas de trabajo para la discusión de la ley, urgieron a los legisladores a informarles sobre la propuesta y la participación de las familias en ella. Los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos recordaron a las autoridades que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares es resultado de su esfuerzo y activa participación. El objetivo, recalcaron, es atender a sus necesidades y que se considere su experiencia en la búsqueda de sus seres queridos. Lamentaron que, pese al incremento de casos de violencia y desapariciones en los últimos meses, la creación de la ley fuera discutida por unas cuantas voces, sin dimensionar la gravedad del problema y sin tomar en cuenta la experiencia de quienes han sido afectados por ese fenómeno. El Movimiento advirtió que la transparencia y la construcción colectiva no sólo son la base de un estado democrático, sino una obligación de cada entidad federativa, y al pasar esto por alto se corre el riesgo de replicar instrumentos que resulten inoperantes, pues no responden a la realidad ni al contexto de ciudad. Por ello, hicieron un llamado al Congreso de la Ciudad de México para replantear los tiempos de la discusión y construcción de la ley, para que las familias de personas desaparecidas puedan ejercer su derecho a participar y mejorar los mecanismos de búsqueda de sus seres queridos, así como la investigación de estos crímenes.