Acepto la disculpa, pero no perdono: Lorena González a la PGJ-CDMX tras permanecer casi siete años presa

Lorena González durante el acto público de disculpa. Foto: Manuel Alejandro Godínez Lorena González durante el acto público de disculpa. Foto: Manuel Alejandro Godínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A principios de junio de 2008, la entonces agente de la Policía Federal, Lorena González Hernández, fue detenida por elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en aquel tiempo dirigida por Miguel Ángel Mancera, por su presunta responsabilidad en el secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí.

Al tratarse de uno de los casos más mediáticos que se han registrado en la Ciudad de México, la Procuraduría la exhibió públicamente como parte de la banda denominada “La Flor”, cuyos integrantes finalmente mataron al joven plagiado.

Aunque Lorena negó en todo momento su participación en el secuestro, la expolicía tuvo que pasar casi siete años en la cárcel. Incluso, el padre de la víctima nunca le compró a la PGJ la tesis de la participación de la joven en el caso.

El tiempo y la investigación realizada en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pusieron las cosas en su lugar: Fue liberada el 17 de julio de 2015, luego de una larga lucha del litigante Rodrigo Higuera, con la ayuda de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), así como de la organización Causa Común.

Este jueves, la PGJ-CDMX y el TSJ-CDMX tuvieron que pedir perdón a Lorena en un acto público celebrado en el Museo de la Ciudad de México, mismo que atestiguó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Lorena aceptó con reservas la disculpa pública ofrecida por Ernestina Godoy y Gabriel Guerra, titulares de las entidades encargadas de procurar e impartir justicia en la CDMX, respectivamente. “Acepto la disculpa, pero no perdono por el daño que nos causaron a mi familia, hay secuelas en mi vida que nunca se van a olvidar”.

Durante su participación, Lorena fue interrumpida por familiares de los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, otros implicados en el caso. Ellos llevan once años en prisión sin recibir sentencia. La PGJ-CDMX vinculó a los hermanos Cañas Ovalle con la banda de plagiarios.

La presidenta de Causa en Común A.C., María Elena Morera, señaló que la disculpa pública es importante, pero insuficiente si no se repara el daño moral y psicológico que le causaron por las graves violaciones a sus derechos. “Ninguna indemnización económica le regresará el tiempo perdido, pero por lo menos le debe asegurar que pueda continuar con su proyecto de vida”, dijo.

En el patio del Museo de la Ciudad, el presidente del TSJ y la procuradora Ernestina Godoy reconocieron que a Lorena “se le violentaron los derechos humanos, cuando prevalecía en el país una procuración de justicia que fabricaba culpables para llenar las cárceles antes que atender las causas”.

“En cumplimiento de la recomendación de la CNDH, desde este recinto, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a nombre de todo el personal, de frente, con todo respeto, ofrezco una disculpa pública al honor de Lorena González Hernández y a su familia por las afectaciones ocasionadas por la violación del debido proceso, a sus derechos humanos, de legalidad y a tu libertad personal, Lorena”, sostuvo Godoy.

La procuradora advirtió que “pagarán quienes fueron responsables, la detención arbitraria de Lorena se hizo con un escrito anónimo al procurador (Miguel Ángel Mancera, actual senador) siendo la primera pieza de la serie de actuaciones que infringieron los derechos de la víctima”.

En su turno, Rafael Guerra Álvarez expresó “estamos reunidos para ofrecerle una disculpa pública, en el pleno ejercicio de sus derechos y repare la afectación cometida contra usted y su familia”.

Además, resaltó que la meta del Poder Judicial de Ciudad de México es que todas las personas gocen de las garantías necesarias para su defensa y salvaguarda de sus derechos humanos.

El presidente de la CNDH fue más que puntual en su intervención recordó que en la recomendación 64/2018 se acreditó que:

–Lorena González Hernández fue detenida arbitrariamente por agentes de la policía judicial de la Procuraduría capitalina, quienes no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, al ejecutarla sin orden de aprehensión, flagrancia o caso urgente, ni cumplir con las formalidades del procedimiento.

–Los agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo de la integración de la averiguación previa no le garantizaron a Lorena el acceso a la justicia, pues no contaban con elementos de prueba sustentables y a pesar de ello se le consignó ante autoridad jurisdiccional.

–Lorena no tuvo una defensa adecuada durante las investigaciones realizadas en su contra

–No se le respetó el derecho del debido proceso por parte de la autoridad ministerial en la sustanciación de la acusación penal en su contra y no se garantizó el derecho a la seguridad jurídica.

–Existió una deficiente conducción de las investigaciones y procuración de justicia, a partir de una acusación que resultó infundada e ilegal, al no soportarse con medios de prueba que la hicieran verosímil, lo que propició que Lorena permaneciera por 6 años, 10 meses, 11 días en prisión.

–La exhibición de Lorena sin haber sido enjuiciada y menos condenada por la probable comisión de un hecho tipificado como delito, transgredió el derecho a la presunción de inocencia.

–Se afectó la reputación de Lorena González Hernández, al difundir datos, a medios informativos, que la hicieron reconocible, como probable responsable del delito de secuestro, generándole con ello un daño moral.

–Se transgredieron los derechos a la intimidad y privacidad, relacionados con la protección de datos personales, pues al revelar referencias que pudieran identificar a Lorena González se le expuso mediáticamente, lo que afectó su vida privada y la estigmatizó socialmente.

En suma, dijo el ombudsperson nacional, González Hernández, resultó víctima de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal, al debido proceso y a una adecuada defensa, a la presunción de inocencia y, al acceso a la justicia en su modalidad de administración de justicia y al debido proceso.

“La finalidad primordial de esta disculpa, es el reconocimiento de la responsabilidad institucional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Tribunal Superior de Justicia, por los actos cometidos en contra de Lorena González Hernández, quien, después de casi 7 años de estar recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, obtuvo su libertad por los delitos que fue procesada”, concluyó.

(Con información de Manuel Alejandro Godínez)

 

 

 

 

 

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