Las presiones de Calderón a la Corte por casos ABC y Cassez, documentadas por Proceso en 2013

Felipe Calderón. Evidencias. Foto: Octavio Gómez

En enero de 2013, en su edición 2013, bajo la firma del reportero Jorge Carrasco, Proceso documentó las presiones que el gobierno de Felipe Calderón ejerció contra ministros de la Corte, en especial contra el actual presidente del órgano máximo del poder judicial, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Los enviados de Calderón para operar las presiones y amenazas contra los destacados miembros del poder judicial fueron Fernando Gómez Montt, en su calidad entonces de de secretario de Gobernación y una media decena de funcionarios calderonistas. La información publicada hace más de seis años por este semanario fue citada hoy en inusual conferencia de prensa por el propio Arturo Zaldívar. A continuación se reproduce íntegro el reportaje de referencia.

El gobierno de Felipe Calderón terminó por convertir el caso Cassez en emblema de su propia impunidad y la de su secretario consentido, Genaro García Luna. Recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y por ende la libertad– a la francesa. Un nuevo proyecto, a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero será puesto a consideración de la Primera Sala el miércoles 23.

Ningún otro caso tensó tanto la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Felipe Calderón, al extremo de que más de un ministro de la Primera Sala fue presionado y amenazado para evitar que la ciudadana francesa Florence Cassez saliera de prisión.

La fuerza del gobierno calderonista se dirigió contra el principal promotor de la liberación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero según versiones de la propia Corte alcanzó a otros ministros, que no lo han querido confirmar.

Zaldívar sí lo ha hecho en algunas reuniones con la prensa, pero sin entrar en detalles de los exfuncionarios o enviados que lo presionaron ni del tipo de advertencias o amenazas de que fue objeto, aunque Proceso confirmó en el propio Poder Judicial que éstas alcanzaban a su familia. A otros ministros los amagaron con hacer público todo su patrimonio.

No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. “Para eso no te pusimos”, le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN meses antes. La versión ha sido confirmada por el propio ministro.

En marzo de 2012, cuando el caso de Florence Cassez se discutió por primera vez en la Corte, Zaldívar era el presidente de la Primera Sala, donde se resuelven los asuntos civiles y penales que llegan en última instancia al máximo tribunal. Pero era también el ponente en la revisión del amparo 517/2011, con el que la francesa combate su condena a 60 años de cárcel, acusada por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna del secuestro de tres personas.

Dos semanas antes de la discusión, cuando Zaldívar decidió hacer pública su propuesta de dar un amparo “liso y llano” –que implicaba la liberación inmediata de la francesa–, el gobierno de Calderón presionó por distintos medios para que modificara su propuesta. Lo mismo hizo con otros ministros para que no apoyaran la excarcelación.

Ahora el ambiente es otro, dice el abogado de Cassez, Agustín Acosta. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha litigado el asunto en el máximo tribunal, ante los ministros de la Sala ni con el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, como lo hizo Calderón.

Pero existe incertidumbre sobre la forma en que la Primera Sala resolverá el amparo, el próximo miércoles 23. En su sesión de marzo pasado, cuatro de los cinco ministros que integran la sala establecieron que García Luna, el secretario favorito de Calderón, cometió violaciones constitucionales en la detención de Cassez, lo que podría tener consecuencias legales para el exfuncionario, como las sugirió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Por lo pronto García Luna ya tiene abogado. Contrató al influyente despacho de Alonso Aguilar Zinser, quien en tribunales ha conseguido la liberación del “hermano incómodo”, Raúl Salinas, y del exregente de la Ciudad de México Óscar Espinosa Villarreal; además de que en la propia Corte logró la exculpación del exgobernador de Puebla Mario Marín, por la detención ilegal y arbitraria de la escritora Lydia Cacho.

En entrevista telefónica el litigante asegura que no ha tratado el amparo de Cassez con los ministros de la SCJN porque García Luna no tiene interés jurídico al no ser parte. Pero todas las irregularidades del caso que ahora son revisadas por la Primera Sala apuntan a quien fuera poderoso funcionario del panismo.

Criterios del amparo

En la SCJN están a revisión las pruebas que armó García Luna y que en el sexenio de Calderón fueron avaladas por la Procuraduría General de la República, un juez de Distrito, un magistrado unitario y tres magistrados de un Tribunal Colegiado, quienes desestimaron tanto el montaje televisivo sobre la detención de Cassez como su exculpación hecha por el exnovio y señalado como el jefe de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta.

Lo que ha hecho la ministra Olga Sánchez Cordero, quien el próximo miércoles será la ponente de la resolución del caso, es reconsiderar las pruebas presentadas por García Luna, quien detuvo a Cassez en diciembre de 2005, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox, pero la retuvo un día, evitó dar aviso al consulado francés y la declaró sin abogado, en violación no sólo de la Constitución, sino de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Como secretario de Seguridad Pública de Calderón, García Luna se pasó el sexenio construyendo pruebas para justificar ante los tribunales la detención y arraigar en la opinión pública la acusación sobre la presunta participación de Cassez en la banda de secuestradores.

En sintonía con la propuesta del ministro José Ramón Cossío, la ministra podría regresar “un cascarón” de pruebas al Primer Tribunal Unitario del Distrito Federal, según allegados a esa ponencia. En la sesión del 21 de marzo de 2012 Cossío propuso revisar la solicitud de amparo pero sin dos de los testimonios clave de García Luna, por considerar que carecen de veracidad, los de Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian.

Además de esas dos pruebas propuestas por Cossío para desecharse, que corresponden a las declaraciones de dos de los supuestos secuestrados de Cassez, la ministra debió considerar el parte policial sobre la detención de la ciudadana francesa y el testimonio del tercero de sus presuntos secuestrados, Ezequiel Yadir Elizalde Flores, quien desde un principio la ha inculpado, pero cuyo plagio, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue planeado por su propia madre para sacarle dinero al papá.

De los cuatro ministros que responsabilizaron a García Luna de violar la Constitución, tres favorecieron darle el amparo a Cassez, pero no se pusieron de acuerdo en para qué. Dos de ellos, el entonces ministro ponente Arturo Zaldívar y la propia Sánchez Cordero, apoyaron un amparo “liso y llano”, tanto por las violaciones constitucionales en su detención como en el procedimiento, lo que hubiera implicado su liberación inmediata. A decir del ministro ponente, esas violaciones, expresadas en un telemontaje armado por García Luna, “corrompieron” todo el proceso penal contra la acusada.

El ministro Cossío Díaz también favoreció el amparo, pero “para efectos”; es decir, para regresar el expediente al Primer Tribunal Unitario sin las pruebas que la propia Corte considere carentes de valor. Esa división de criterios, que se enmarca en la confrontación que existe entre los ministros Cossío y Zaldívar, tendrá que resolverse en la sesión del miércoles 23, a menos de que se decida que el caso pase al pleno de la Corte o incluso se proponga un nuevo proyecto, pero a cargo de un ministro de la Segunda Sala.

Aun cuando una mayoría de la Primera Sala vote por regresar el expediente sin mayores pruebas contra Cassez, persistiría la incertidumbre sobre el futuro de la francesa recluida en el penal de mujeres de Tepepan, en el sur de la Ciudad de México.

El titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, es el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, quien en febrero de 2011 fue uno de los tres magistrados que en forma unánime le negaron el amparo a Cassez, solicitado para reponer el procedimiento en su contra ante las violaciones constitucionales en su detención.

Bárcena Villanueva integraba en ese entonces el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito junto con los magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez y Carlos Hugo Luna Ramos, hermano de la ministra Margarita y del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro, quien a su vez fue uno de los magistrados que avalaron el triunfo de Calderón en las elecciones presidenciales de 2006.

El discurso de la impunidad

Las presiones del gobierno de Calderón al Poder Judicial se intensificaron cuando los magistrados del Tribunal Colegiado iban a resolver el amparo solicitado por Cassez para reponer el procedimiento judicial en la causa penal por la que fue condenada, acusada de delincuencia organizada, secuestro de tres personas y portación y posesión de arma exclusiva del uso del Ejército.

De acuerdo con fuentes diplomáticas y del propio Poder Judicial, el entonces secretario particular de Calderón y actual senador del PAN Roberto Gil Zuarth se reunió con los magistrados del Tribunal Colegiado antes de que emitieran su fallo. Por separado refirieron un encuentro en diciembre de 2010 entre el enviado de Calderón y los magistrados en la propia SCJN, incluido el entonces presidente del máximo tribunal y ahora ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

El magistrado Ojeda Bohórquez ha negado de manera reiterada ese encuentro, en el que, de acuerdo con las versiones citadas, Gil Zuarth argumentó que si los magistrados amparaban a Cassez “no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada” (Proceso 1790).

Incluso pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el Año de México en Francia, previsto para 2011 pero que fue suspendido por el desencuentro entre Calderón y el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy por el caso.

El fallo de los magistrados del Tribunal Colegiado se dio a conocer el 10 de febrero de ese año. Negaron el amparo con el argumento de que, a pesar de no haber pruebas directas contra Cassez, “la prueba circunstancial” la incriminaba.

En declaraciones a esta publicación el martes 15 de febrero de 2011, cuando asistió a la toma de protesta de Pardo Rebolledo como ministro de la SCJN, Ojeda Bohórquez rechazó que hubiese irregularidades en torno al fallo del colegiado y aseguró que la ratificación de la condena a Cassez se fundó en los testimonios de sus tres supuestas víctimas. Aseguró que “pesaron mucho” las declaraciones de uno de ellos, Ezequiel Elizalde, y de Israel Vallarta, con quien Cassez vivió varios meses y fue procesado como jefe de Los Zodiaco.

“En conjunto, los hechos la inculpan”, aseguró el magistrado. Cassez y sus abogados en México y Francia alegan que el proceso penal en su contra quedó viciado no sólo con el montaje televisivo que García Luna hizo de la detención de la francesa y Vallarta y la liberación de tres víctimas en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, sino por las contradicciones e inconsistencias de los testimonios de los liberados.

El magistrado Ojeda Bohórquez respondió que el telemontaje de la detención y otras pruebas presentadas por la defensa para demostrar la escenificación “ni benefician ni perjudican” a Cassez. Lo determinante para inculparla y negarle el amparo fue “la prueba circunstancial”, insistió. Los magistrados tampoco tomaron en cuenta la tortura a la que fue sometido Vallarta.

A unas semanas de que la Primera Sala retomara el caso, el magistrado Ojeda se dirigió a este semanario para negar la versión del encuentro con Gil Zuarth al considerarla “una infamia y una falacia” (Proceso 1884). Consultado, el senador panista ratificó su negativa del encuentro.

En la revisión del amparo por parte de la Primera Sala, que implica enmendar la actuación del Tribunal Colegiado, los ministros perfilaron en marzo pasado que el expediente regrese al Tribunal Unitario que redujo la condena de 90 a 60 años de prisión, pero sin varias de las pruebas que el propio colegiado dio como válidas.

La discusión en la SCJN estuvo precedida de abiertas presiones de Calderón al Poder Judicial. Un día antes de que sesionara la sala, Calderón se presentó en Puebla con su secretario favorito. Ahí pronunció un discurso en el que aludió a los ministros de la Corte: dijo que no sólo debían considerar las violaciones al debido proceso, sino los derechos de las víctimas. Y con el discurso de la impunidad, responsabilizó al Poder Judicial de lo que sucediera en la seguridad pública.

Un día después, durante la ceremonia conmemorativa del 206 natalicio de Benito Juárez y a dos horas de que sesionara la Primera Sala, Silva Meza le respondió: “Jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad, no abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad; y no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”.

Sin mencionarlo directamente, la referencia del presidente de la SCJN al gobierno de Calderón y a García Luna siguió al reclamar para México “un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos de nadie”.

No fue la única forma de presión de Calderón. En las dos semanas que mediaron entre la difusión del proyecto de Zaldívar y la discusión en la Primera Sala, el cabildeo de los funcionarios del pasado gobierno en las oficinas de la Corte fue intenso. Al frente de esa tarea estuvo el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles.

También fueron a argumentar contra Cassez los entonces subprocuradores de Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas, y el de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República, el coronel de Justicia Militar Alejandro Ramos Flores.

El principal objetivo fue el ministro Zaldívar, quien ya en junio de 2010 había sido presionado por el gobierno de Calderón para que cambiara el sentido de proyecto de resolución en el caso de la guardería ABC.

En su pretensión de echar abajo el proyecto de Zaldívar y mantener en la cárcel a Cassez, Calderón también utilizó a la activista y excandidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal Isabel Miranda de Wallace. En los días previos a la sesión, la señora arremetió contra el proyecto del ministro ante la prensa y en las propias oficinas de los integrantes de la Primera Sala, hasta donde llevó a los alegados secuestrados de Florence Cassez, incluida Cristina Ríos Valladares, cuyo testimonio puede ser declarado inválido por la Corte.

“Si es necesario que llores, hay que llorar”, instruyó Miranda a Ríos Valladares cuando se encaminaban a la oficina de Sánchez Cordero, quien fue advertida de la escena por sus colaboradores.

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