QUITO (apro).- Lo que para el gobierno parecía una prueba superada, este jueves 10, en la mañana, todo cambió: se suspendieron las intervenciones oficiales, los diálogos secretos con algunas organizaciones no continuaron y otro bloque de organizaciones sociales, campesinas y de trabajadores radicalizaron su postura y pidieron la renuncia del presidente Lenín Moreno Garcés. Y lo más fuerte ocurrió tras conocerse la muerte de un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Inocencio Tucumbi, según sus familiares, por un disparo en la cabeza la noche del miércoles 9. La versión oficial, en boca del secretario general de la presidencia, José Augusto Briones: murió por una caída en la calle. Entonces los líderes indígenas y campesinos radicalizaron sus discursos, retuvieron a nueve policías en Quito y a 40 militares en la provincia de Cotopaxi y exigieron a cambio la renuncia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, a quienes señalan como los responsables de las muertes, de más 900 personas detenidas y de los 554 heridos en todo el país. Los voceros oficiales con más presencia mediática ya no salieron a los canales y radios de la capital y las ruedas de prensa se postergaron al punto que hasta caer la noche no se informaba de la situación real de detenidos, heridos, muertos y costo del paro nacional. Mientras tanto, Moreno en una entrevista con un canal colombiano volvió a acusar al expresidente Rafael Correa de la violencia en las manifestaciones y añadió algo que hasta este día no se había conocido: la supuesta presencia de militantes de las FARC en los disturbios. Y luego en su cuenta de Twitter, la ministra Romo mostró imágenes de la detención de 17 ciudadanos venezolanos que estarían complotados para atentar contra la vida del presidente de Ecuador. Todos ellos fueron detenidos en los alrededores del aeropuerto Mariscal Sucre, de la capital. La propuesta gubernamental con la que aspiraban a neutralizar la movilización y protesta indígena y popular se concentraba en los siguientes puntos: un plan integral de agua, con sistemas de riego parcelados; reestructuración de deudas para las organizaciones que no están al día para financiamiento de predios; condonación del 100% de multas impuestas por la Secretaría Nacional del Agua; kits tecnológicos; cuatro centros de acopio para papa, cebada, quinua y chocho; desarrollo de 2 mil hectáreas de pasturas mejoradas; la reapertura de escuelas multigrados y el incremento de docentes especializados en educación multicultural bilingüe; agrovías rurales; y proyectos de desarrollo comunitario. La respuesta del movimiento indígena fue categórica: “Todo eso está bien, lo hemos exigido todos estos años, pero primero renuncia al cargo el responsable de la violencia y las muertes y después hablamos”, dijo Jaime Vargas, presidente de la Conaie. Augusto Briones respondió en una corta intervención de radio y televisión: “Somos un gobierno que dialoga y toma decisiones, siempre beneficiando del bien común”, pero también exigió la liberación de los militares y policías retenidos. Habló de 27 periodistas en la misma condición, pero luego se supo que no había ninguna retención para comunicadores. Al referirse a las muertes de las últimas horas (algunas versiones hablan de cinco y otros de nueve), José Agusto Briones manifestó que “oficialmente, una persona fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes y esa persona murió”, además dijo que otra cayó en la calle y se golpeó la cabeza. Mientras tanto la muerte de Tucumbi movilizó a miles de indígenas en la provincia de Cotopaxi, al sur de Quito. Incluso, el alcalde de Pujilí, Luis Ugsha, declaró cuatro días de duelo cantonal por la muerte de Segundo Inocencio Tucumbí Vega, oriundo de la comunidad Yanahurco, de la parroquia Yacubamba, de esa provincia. Su muerte fue confirmada en un comunicado extendido por la Defensoría del Pueblo. La institución no precisó las circunstancias del fallecimiento del indígena. La misma Defensoría denunció el incremento de la violencia, el número de detenidos y heridos, como nunca antes había ocurrido en Ecuador en manifestaciones y protestas de esta naturaleza. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos se sumaron a la denuncia y exigieron el cese de la represión y del estado de excepción, que facilita la actuación de la fuerza pública. Y también el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edisón Lanza, cuestionó el cierre de la Radio Pública Pichincha Universal. “La imposición de cadenas oficiales a medios es legítimo en momentos críticos, pero por tiempo indeterminado es una medida desproporcionada. El estado de excepción no justifica suprimir el derecho a la libertad de expresión. Además, recordó que la “prohibición de censura previa de la Convención Americana impide al Estado suspender preventivamente la transmisión de medios de comunicación, a menos que, respetando garantías de debido proceso, se pruebe incitación a cometer actos de violencia”. Y expresó “su grave preocupación por el proceso y suspensión de la transmisión de radio Pichincha Universal, en Ecuador conducido por Agencia de Regulación de la Comunicación y Telecomunicaciones que podría constituir un acto de censura”. Hasta el momento esa emisora no está en el aire y pesa sobre ella un proceso de investigación por “incitar a la discordia entre los ciudadanos”.