Suspensión de magistrado confirma presión del gobierno en caso Santa Lucía: #NoMásDerroches

Maqueta de lo que sería el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Foto: lopezobrador.org.mx Maqueta de lo que sería el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Foto: lopezobrador.org.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #NoMásDerroches afirmó que el cambio drástico de criterio por parte dos de los tres magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado, así como la suspensión del tercer miembro, el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo con base en “inconsistencias graves” en su situación financiera, “evidencian y confirman la presión ejercida por el gobierno federal a fin de que la disputa por el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), “sea resuelto conforme a sus intereses”.

Y reiteró “en forma enérgica y a manera de auxilio” su solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga la resolución del resto de los recursos de revisión interpuestos por el Ejecutivo en contra de la orden de suspensión de obras en Santa Lucía.

En un comunicado, el colectivo subrayó que con independencia de la procedencia o no de las acusaciones contra el magistrado Camero, “el contexto en el que esta decisión se da –precisamente horas después de que decidiera votar en contra del Proyecto de Santa Lucía– así como el hecho sin precedentes de los otros dos magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado de resolver ellos mismos la improcedencia de su remoción en el conocimiento de los asuntos” evidencian la presión del gobierno federal para que el asunto sea resuelto conforme a sus intereses.

#NoMasDerroches recordó que a principios de esta semana denunció la existencia de “inconsistencias, irregularidades e indicios” que apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito encargados de resolver la subsistencia o revocación de las suspensiones judiciales de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía están siendo objeto de presión por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para levantar, a la brevedad, todas las órdenes de suspensión concedidas tanto por ellos mismos como por distintos jueces de distrito.

Refirió que el jueves 10, día que se tenía prevista la revisión de cuatro suspensiones otorgadas en contra de Santa Lucía, #NoMasDerroches presentó un impedimento a dos de los tres magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado argumentando que “existen elementos suficientes para afirmar la pérdida de imparcialidad por parte de dichos juzgadores”.

Las razones enumeró el colectivo fueron: el cambio drástico de criterio entre fallos dictados hace unos meses y resoluciones emitidas en fechas recientes; la posible violación de precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia; la resolución de asuntos sin notificar previamente a las partes, y la resolución de recursos a pesar de que la parte quejosa se desistiera previamente del asunto, aparentemente con el fin de sentar por la fuerza un precedente favorable a la posición del gobierno federal.

El colectivo señaló que a pesar de que la Ley de Amparo indica que cuando se presenta impedimento fundado contra dos o más magistrados éste debe resolverse por otro Tribunal Colegiado “dado que no se puede ser juez y parte en un tema tan delicado como el planteamiento de la pérdida de imparcialidad”, los mismos magistrados sujetos del impedimento se tomaron la libertad de resolver ellos mismos el asunto y desecharon el recurso.

Lo anterior, siguió el colectivo, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes de quien no se solicitó recusación “al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones”: el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo.

Según #NoMásDerroches él les hizo ver a los otros dos magistrados que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso Tribunal Colegiado, como lo marca la Ley de Amparo.

No fue así, por lo que “ciertos recursos de revisión fueron resueltos por mayoría de dos votos contra uno de manera favorable a los intereses del gobierno federal revocándose así cuatro suspensiones” en contra de la construcción De Santa Lucía, fustigó el colectivo.

No solo eso, sino que horas después de que Camero Ocampo votó en sentido contrario al de sus compañeros, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció en conferencia de prensa la suspensión del cargo de dicho magistrado con base en “inconsistencias graves en su situación financiera”.

El colectivo hizo énfasis en que independientemente de la procedencia o no de las acusaciones contra el magistrado Camero, “el contexto en el que esta decisión se da –precisamente horas después de que decidiera votar en contra del Proyecto de Santa Lucía– así como el hecho sin precedentes de los otros dos magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado de resolver ellos mismos la improcedencia de su remoción en el conocimiento de los asuntos, evidencian y confirman la presión ejercida por el gobierno federal a fin de que el asunto sea resuelto conforme a sus intereses”.

#NoMásDerroches que, según el jefe del ejecutivo ha interpuesto la mayoría de las decenas de amparos contra la construcción del AISL, recordó que siguen vigentes otras suspensiones.

Ante ello, reiteró “en forma enérgica y a manera de auxilio” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga la resolución del resto de los recursos de revisión interpuestos por el Ejecutivo en contra de la orden de suspensión de obras en Santa Lucía que están pendientes de resolución, “para lograr que sean resueltos de manera imparcial y con estricto apego a Derecho”.

“Hoy más que nunca la independencia del Poder Judicial de la Federación y el principio de división de poderes son indispensables para la preservación del Estado de derecho.

“Coincidimos con el presidente de la Suprema Corte en que el máximo tribunal ‘no es, ni puede ser, un partido de oposición’ pero sí, ‘el poder equilibrador que controla la constitucionalidad’ y ‘el tribunal que tiene a su cargo el control de la constitucionalidad’. Por eso apelamos a nuestra Suprema Corte a que resuelva con la prontitud y oportunidad indispensables este caso de relevancia nacional”, concluyó el colectivo.

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