CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, funcionarios de Pemex cobraron sobornos a través de familiares conocidos como “operadores” y “aliados”, o mediante consultorías apócrifas creadas para lavar dinero, según aseveró un exalto funcionario de la petrolera grabado de manera clandestina por una empresa de espionaje israelí. De acuerdo con fragmentos de las grabaciones, que el Wall Street Journal publicó hoy, José Carlos Pacheco Ledesema, entonces coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, reconoció en octubre de 2017 que “en teoría (los sobornos) se presentan como ‘bonos de éxito’, porque nadie quiere correr el riesgo de que montos empiecen a aparecer como si fueran, digamos, un porcentaje respecto a un contrato”. Abundó: “Hay directores adjuntos, por ejemplo, cuyo hijo es el responsable” de recibir los sobornos, y “a menudo todo mundo lo sabe”. En ese instante, Pacheco tenía frente a él dos personajes quiénes se hicieron pasar por intermediarios de un inversionista de los Emiratos Árabes Unidos interesado en comprar la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, propiedad de Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, respectivos hijo y sobrino de Francisco Gil Díaz. En realidad, estas dos personas eran empleados de la empresa israelí Black Cube, que Oro Negro había contratado para recabar evidencias contra Pemex; en aquel entonces, Oro Negro se encontraba en concurso mercantil después que Pemex dejara de otorgarle contratos multimillonarios por la renta de plataformas petroleras. Los agentes privados preguntaron a Pacheco sobre las razones por las cuales Pemex canceló los contratos de exploración a Oro Negro y sus dueños. “Creo que, en realidad, más que de orgullo se trató de un problema económico”, dijo. Y, preguntado si perdieron la empresa por no pagar sobornos, reviró: “No tenían dinero, esto es el principal problema”. Según el WSJ, Oro Negro –cuyo dueño, Gil White es prófugo de la justicia y buscado por Interpol desde el pasado 3 de septiembre-- interpuso una demanda contra el gobierno mexicano por 700 millones de dólares, la cual fue admitida en un panel de arbitraje. Dicha demanda plantea que el gobierno mexicano se puso de acuerdo con la empresa rival Seamex para hundir su empresa y hacerse con sus plataformas. El rotativo estadunidense plantea que el caso Oro Negro forma parte de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en Pemex desde enero de 2012, que el gobierno de Estados Unidos lanzó en mayo pasado, y que Proceso reveló en septiembre pasado. Entre los casos que se encuentran bajo investigación destacan las compraventas irregulares de las plantas de fertilizantes Agronitrogenados y Grupo Fertinal, así como los presuntos pagos de sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya. De acuerdo con un oficio en poder de este semanario, la SEC constituyó un grupo de 26 especialistas en delitos financieros y le encargó una “investigación privada” sobre Pemex, la cual abarca virtualmente todas las irregularidades perpetradas durante las administraciones de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina, los sucesivos directores generales de la petrolera. Entre los investigadores destacan Charles Cain, quien dirige la unidad encargada de aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (ley antisoborno); Eric Bustillo, director regional de la oficina de la SEC en Miami; así como Ernesto Palacios y Thierry Olivier Desmet, los agentes que condujeron la investigación sobre Braskem, una filial de Odebrecht. “La investigación de Estados Unidos y el juicio de Oro Negro vienen en un momento delicado para Pemex, que batalla para resolver la disminución de su producción y su deuda de 100 mil millones de dólares, la más amplia en la industrial petrolera global”, subraya el periódico. Y añade: “Cualquier golpe financiero por casos de corrupción podría estirar las finanzas de la empresa en un momento en que las agencias de calificación crediticia están considerando degradar su deuda como basura, lo que elevaría los costos de los préstamos y agravaría la presión”.