CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en evidencia la mano dura de la política migratoria durante el operativo “Contención de Flujos Migratorios”,  al formular una recomendación por abusos cometidos contra unas 130 personas en Veracruz, dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Los hechos a los que se refiere la recomendación 78/2019 ocurrieron durante el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 9 de septiembre de 2018, en que de forma coordinada elementos de la Policía Federal, del INM y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz actuaron en contra de migrantes en las inmediaciones del poblado Los Tigres, del municipio de Juan Rodríguez Clara. En su investigación, la CNDH identificó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal y protección de la salud, en agravio de 130 personas en contexto de migración. El primer indicio de lo que ocurrió el 9 de septiembre, lo tuvo el organismo cuatro días después, que le fue presentada una queja firmada por 98 personas en contexto de migración, quienes denunciaron que alrededor de las 11:30 horas del aquel día, “viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía ‘Ferrosur’, cuando a la altura de Los Tigres escucharon disparos de arma de fuego y al percatarse que en el lugar se encontraban agentes del INM, de la PF y de Seguridad Pública de Veracruz”. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, los agentes “les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos, y por temor tuvieron que ‘tirarse’ del tren en movimiento y ‘comenzaron a correr’, lo que ocasionó que algunos resultaran lesionados”. Agregaron que cuando el tren se detuvo, los funcionarios del INM, de la PF y policías estatales “los maltrataron y jalaron de diversas partes del cuerpo” a los migrantes que permanecían en el tren para bajarlos y “asegurarlos”. Para la CNDH los funcionarios del INM “vulneraron los derechos a la seguridad jurídica de las víctimas, ya que una persona servidora pública de dicha dependencia sin tener facultares legales solicitó la colaboración de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, para realizar dicho operativo el 9 de septiembre de 2018, además suscribió las órdenes de revisión migratoria y otros oficios de comisión respectivos de 27 agentes del INM que participaron en los hechos, actuación que, a pesar de estar fuera del marco legal, fue avalada por tres servidores públicos más del referido instituto”. La investigación concluyó que cuatro servidores públicos del INM “vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 63 personas migrantes, al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento administrativo migratorio, pues se acreditó que hicieron constar que en cinco minutos y de forma simultánea realizaron las comparecencias de cada una de esas personas y, en el mismo periodo de tiempo les hicieron de su conocimiento los derechos que les asistían y el motivo de la puesta a disposición ante la autoridad migratoria”. https://twitter.com/CNDH/status/1184166706429583361?s=20 En cuanto a la actuación de la PF, el organismo constató que el responsable de los elementos de la PF y tres mandos de policías estatales “vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 24 personas migrantes, por permitir que efectivos de dichas corporaciones realizaran labores de supervisión migratoria, y las detuvieran sin tener facultades para ello”. Se comprobó que ocho funcionarios del INM, la PF y Seguridad Pública estatal, “vulneraron el derecho a la integridad personal de diez víctimas, al ser omisos de supervisar las acciones de elementos que participaron en el operativo”, al registrarse lesiones a las víctimas, sin que se hubiese notificado con antelación a autoridades sanitarias, “a pesar del riesgo que implicaba el operativo en un tren en movimiento, con lo que vulneró el derecho a la protección de la salud de las 130 personas  migrantes, en especial 12 de ellas, quienes recibieron atención médica un día después de haber sido lesionada en el operativo”. La CNDH recomendó a los titulares de la SSyPC y del INM, así como al gobernador de la entidad, a “localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas hasta su recuperación física y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. De manera particular, el organismo pidió a Durazo Montaño su colaboración en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF “contra el servidor público involucrado y anexar copia de esta recomendación en su expediente laborar, capacitar al personal de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Veracruz en derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal en los operativos migratorios en que colaboren con el INM”. Al comisionado Francisco Garduño se le recomendó “diseñar y aplicar un protocolo de actuación en revisiones migratorias en sitios que se considere que las personas en contexto de migración están en situación especial de vulnerabilidad o que su integridad física esté en riesgo”. También se le instruyó a “aplicar un mecanismo de actuación y realizar auditorías periódicas para corroborar el cumplimiento del mismo y de los derechos de las personas extranjeras presentadas, colaborar en la presentación  y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control del INM contra los servidores públicos involucrados y se anexe copia de esta recomendación en sus expedientes laborales ; capacitar al personal de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, en derechos a la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos migratorios, así como lo relacionado con los derechos a la seguridad jurídica, a la integridad persona y a la protección de al salud en los operativos migratorios”- La CNDH informó que se enviará a la Fiscalía General de la República (FGR) una copia certificada de la recomendación para que sea anexada a la carpeta de investigación que se abrió por los hechos.