CHALCHIHUITÁN, Chis. (apro).- Indígenas de una decena de comunidades que vivieron un desplazamiento masivo en 2017 pidieron a los gobiernos estatal y federal desarticular a los grupos civiles armados que operan en el municipio de Chenalhó, que durante dos años los han mantenido aterrorizados con sus armas y patrullajes en la región. A dos días de que se cumplan dos años del crimen del indígena tzotzil Samuel Luna Girón, luego de un ataque armado contra los pobladores de Chalchihuitán, su viuda, familiares, amigos y compañeros demandaron justicia y castigo para los asesinos. Asimismo, que el gobierno cumpla con las indemnizaciones correspondientes por todos los daños que les ocasionaron, al no haber garantizado la seguridad de quienes sufrieron desplazamiento forzado. Elicia Gómez García, la viuda de Samuel Luna Girón, recordó que el 18 de octubre de 2017 un grupo de hombres armados asesinó a su esposo frente a ella y sus hijos, luego de lo cual los desalojaron y quemaron su casa, así como las de otros vecinos y familiares. Ello derivó de la disputa por límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchiuitán, donde los comuneros de ambos lugares se pelean algunas tierras en las que comuneros tzotziles de ambas localidades siembran cafetales y maíz. Se trata de un conflicto agrario que tiene ya varias décadas. En octubre de 2017, más de cinco mil pobladores de 11 comunidades colindantes con Chalchiuitán y Chenalhó fueron obligados a dejar sus casas y refugiarse en las montañas, pero algunos pudieron llegar a otras comunidades o la cabecera municipal. Los desplazados dejaron sus casas en Pom, Chen´Mut, Tzomolton, Canalumtic, Bejeltón, Tulantic, Bololchojon, Cruz Kakanam, Jolcántetic, Xiximtontik y Cruztón. Desde finales de octubre y hasta diciembre de aquel año, los 5 mil 23 indígenas --hombres, ancianos, mujeres, niños y niñas-- sobrevivieron en condiciones de hacinamiento, pasando hambre y frío. Unas 12 personas fallecieron de enfermedades, o por no tener comida para darles a sus hijos. Los muertos fueron los más débiles: los recién nacidos y ancianos. María Pérez Paciencia, habitante de una de las nueve comunidades abandonadas, recordó las condiciones de miseria que tuvieron que pasar durante dos meses ante la indiferencia de los gobiernos de Manuel Velasco y Enrique Peña Nieto. Y, aunque no había las condiciones para regresar, poco a poco fueron retornando a sus hogares, con la amenaza permanente de ser atacados. De acuerdo con Javier Luna Girón, en la región siguen operando impunemente los grupos civiles armados que los obligaron a dejar sus casas, y sus muertos siguen sin tener justicia. Ausencio Pérez Paciencia expuso que han pasado ya dos años y siguen esperando el pago que les prometieron a los cinco mil desplazados por lo que perdieron: cosechas, animales de traspatio y del campo, enseres y casas quemadas que no han sido reconstruidas. A su vez, Marcos Pérez Gómez lamentó que los gobiernos estatal y federal sólo han engañado a la población y siguen aterrorizados por los grupos civiles armados que continúan patrullando los caminos e incursionan en las milpas para intimidar a los campesinos de Chalchiuitán. El gobierno no los ha desmantelado y operan desde 1997, cuando se organizaron como grupo paramilitar para perpetrar la masacre de 45 campesinos en diciembre de 1997 en el paraje de Acteal, Chenalhó, concluyó.