CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio por los hechos ocurridos en las inmediaciones de la comunidad Tepochica, localizada en el municipio de Iguala, Guerrero, donde el pasado martes 15 fallecieron 15 personas, entre ellas un soldado, luego de un presunto enfrentamiento entre miembros de las fuerzas armadas y un grupo de civiles. Al exigir una “investigación pronta y exhaustiva del caso, para deslindar responsabilidades”, el organismo dio a conocer que envió a la región un equipo de visitadores adjuntos, médicos forenses, criminalistas y psicólogos, a fin de “realizar las diligencias necesarias que permitan conocer lo ocurrido; además, solicitarán información sobre esos hechos a las autoridades involucradas”. La decisión de la CNDH de abrir una investigación es para “garantizar que se conozca la verdad de lo corrido este martes 15 de octubre; que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales sucesos, y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como propiciar que mecanismos o protocolos de actuación por las autoridades eviten en lo posible la repetición de los hechos”. En un breve comunicado, anunció que “permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda”. La decisión de la CNDH de intervenir en el caso Tepochica ocurre luego de que el Poder Judicial de la Federación ordenó reaprehender a siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014. Cabe recordar que en el caso Tlatlaya, municipio limítrofe con Guerrero, 22 personas murieron y un militar resultó herido, en hechos que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó como producto de un enfrentamiento. Una investigación de la CNDH determinó que al menos 15 civiles fueron ejecutados por militares y que éstos manipularon la escena del crimen, colocando armas sin accionar a los cuerpos inertes. En su más reciente fallo, el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe procesar a siete elementos castrenses por ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos tiene causas pendientes por homicidio calificado. Los militares que aún deben responder por las muertes de Tlatlaya son: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a una de tres sobrevivientes, consideró que la resolución judicial confirmó que en Tlatlaya hubo ejecuciones, “tal como lo han señalado por cinco años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos”, regresando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de “aprehender y someter a proceso a los perpetradores, realizando una investigación exhaustiva”. De la misma manera, acredita el encubrimiento de los homicidios por parte de civiles y militares, así como que el magistrado que liberó a militares procesados lo hizo de manera parcial, en tanto que el dictamen judicial coincide con los cuestionamientos formulados al Estado mexicano por parte de expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, “sobre mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias”. Para la organización no gubernamental, la reciente resolución “abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal, pues para terminar con las violaciones a derechos humanos no sólo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar ante la justicia a los perpetradores”.