El Estado mexicano ofrece disculpa pública a indígenas torturadas y violadas por militares en Chiapas

Ana, Beatriz, Celia y la madre de éstas, Delia. Foto: @CMDPDH

OCOSINGO, Chis. (apro).- Sin la presencia de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de la violación y tortura que sufrieron tres hermanas indígenas tzeltales, en 1994, en un retén del Ejército instalado en el municipio de Altamirano.

A 25 años de aquel 4 de junio, cuando Ana, Beatriz, Celia y la madre de éstas, Delia, fueron retenidas y golpeadas, además de violadas las tres primeras, este viernes se celebró en la plaza central de Ocosingo un acto público protocolario para ofrecer una “disculpa pública” y hacer un reconocimiento a las víctimas por parte del Estado.

Aquella mañana, en plena campaña militar contrainsurgente en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se había levantado en armas seis meses atrás, Delia y sus tres hijas –Ana, Beatriz y Celia González Pérez– cruzaron por un camino de terracería donde encontraron instalado un retén militar, rumbo al Ejido Jalisco, municipio de Altamirano.

En ese sitio, soldados detuvieron ilegalmente a las tres hermanas y a su madre, a quienes interrogaron y privaron de la libertad durante dos horas, tiempo en que fueron separadas de su madre, golpeadas, violadas y torturadas. Celia era menor de edad al momento de los hechos.

El 30 de junio de 1994, en San Cristóbal de las Casas, las agraviadas interpusieron una denuncia penal ante la ahora Fiscalía General del estado. La demanda fue ratificada y ampliada un mes después, el 30 de agosto, pero nunca prosperó en esa instancia y fue atraída por la Procuraduría General de Justicia Militar de la Sedena, donde al final se archivó el caso.

Con la ayuda de organizaciones civiles, como la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH), el caso llegó hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y posteriormente, en enero de 1996, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se abrió el expediente 11.565, conocido como el Caso de las Hermanas González Pérez.

La CIDH emitió el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva en la investigación de los hechos de tortura, además de la violación de varios de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es decir, durante 18 años los gobiernos anteriores, de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, evitaron asumir la responsabilidad del gobierno mexicano en ese caso.

Tras un acuerdo armonioso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante la CIDH a establecer, primero, un reconocimiento público del Estado Mexicano por los delitos cometidos contra las agraviadas, reparar el daño económicamente y sancionar a los responsables.

El acto no se realizó en Altamirano, de donde son originarias las agraviadas, sino en Ocosingo, municipio vecino donde este viernes se montó una gran carpa en la plaza central para realizar el acto protocolario donde, además de Sánchez Cordero, asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y uno de la Fiscalía General de la República.

También estuvieron presentes alcaldes de la región y Beatriz Affonso, especialista de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, y las hermanas González Pérez y su madre, Delia.

Dado que los grandes ausentes fueron los mandos militares de la Sedena, entre las acompañantes de las agraviadas no se hizo esperar el grito de reclamo: “¿Dónde están los militares?” “¿Dónde está la Sedena?”.

En su oportunidad, la secretaria de Gobernación señaló: “Ana, Beatriz y Celia González Pérez, a nombre del Estado mexicano les pido una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente.

“Señora Delia Pérez, le pido una disculpa a nombre del Estado mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas.

“Hoy, a nombre del Estado mexicano, pido una disculpa por la falta de investigación y de búsqueda de justicia, así como por la falta de reparación del daño a las víctimas. Estos agravios suman la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, derechos del niño y la niña, y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, precisó la funcionaria federal.

Y calificó la tortura sexual sufrida por las mujeres como “una de las formas más aberrantes de un sistema patriarcal” que debe ser erradicado y que se vuelve aún más grave cuando deriva del ejercicio de funcionarios públicos”.

Por su parte, Encinas dijo que no puede ignorarse el contexto en el que sucedieron los terribles agravios contra las cuatro mujeres. Parten del conflicto armado de 1994 en contra de las comunidades y pueblos indígenas, quienes exigían el reconocimiento de los derechos más básicos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, recalcó. “No bastaron los 500 años de explotación y marginación: la voz de los pueblos fue callada a toletazos”.

Como lo señaló la CIDH, agregó, este hecho constituye una violación al derecho a la libertad personal, pues se da en una coyuntura de persecución y de represión a toda persona considerada simpatizante del movimiento armado.

“El contexto en que sucedieron tales hechos conduce igualmente a la conclusión de que fueron cometidos con el fin de amedrentar a las tres mujeres por sus presuntos vínculos con el EZLN. El impacto en sus vidas y de quienes las rodean fue tal que, como consecuencia de la humillación generada por este cuadro de abusos, las hermanas González Pérez y su madre tuvieron que abandonar su lugar de residencia habitual y su comunidad”

La tortura sexual –abundó Encinas– se utilizó como arma de guerra para estigmatizar a las mujeres y difundir terror colectivo.

Hoy el Estado mexicano pidió disculpas por su responsabilidad en la violación al artículo 8 de la Convención interamericana y de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en su artículo 51 establece: ‘[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral’. Y en su artículo 5(2) prohíbe de manera absoluta la tortura y garantiza el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de su libertad.

Las hermanas Ana, Beatriz y Celia, así como su madre, Delia, tomaron la palabra para señalar que fueron víctimas de violación en un contexto de guerra para combatir a los zapatistas, y ellas fueron las víctimas de una estrategia de guerra contrainsurgente.

Las cuatro mujeres, que tomaron la palabra en su lengua maya tzeltal, reclamaron la ausencia de los mandos militares, y en ese sentido, recalcaron, no fue una disculpa pública completa.

Entre la multitud, los gritos para exigir la presencia de los militares retumbaron ante el silencio de Sánchez Cordero y Encinas, responsables del gobierno federal en este acto de disculpa pública.

Previo al acto protocolario, en privado se signó el “Acta de entendimiento para la firma de un Acuerdo de cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Fondo No. 53/01 Caso 11.565. Ana, Beatriz Y Celia González Pérez (Hermanas González)”, que contiene los rubros de Justicia y verdad, indemnización económica y medidas de satisfacción.

De igual manera, el estado mexicano, a través de la FGR, se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, a fin de determinar la verdad jurídica e histórica de los hechos, evitando en todo momento la revictimización de “las víctimas”.

También ofreció impulsar las investigaciones penales en el caso, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, y aseguró que en tres semanas otorgará las compensaciones correspondientes al pago por daño material y daño inmaterial, puestas a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, autorizadas el 17 de mayo de 2019.

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