CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de un mes de la desaparición del responsable del albergue de migrantes Casa Amar, Aarón Casimiro Méndez, y su colaborador Alfredo Castillo de Luna, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la localización de las víctimas. La CIDH dio a conocer el contenido de la medida cautelar 51-19MC870, emitida el pasado viernes 4, en la que se da un plazo de 15 días al gobierno mexicano para informar sobre las medidas tomadas para “determinar el paradero o destino” de Méndez Ruiz y Castillo de Luna, proteger a los familiares de las víctimas e informar del avance de las investigaciones de los hechos. El documento, firmado por el secretario ejecutivo Paulo Abrao, luego de ser aprobado por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y los comisionados Antonia Urrejola Noguera, Margarette May Macaulay, Francisco Eguiguren Praely y Flávia Piovesan, advierte que pese a los esfuerzos que el Estado mexicano refirió haber realizado para localizar a Méndez y Castillo, lo cierto es que “a casi dos meses de la desaparición de los beneficiarios, no se cuenta con información correcta sobre su paradero o destino, por lo que se halla establecida la existencia de una situación de urgencia de riesgo grave para sus derechos a la vida e integridad personal”. De acuerdo con la resolución 51-19MC870, desde el 3 de agosto se desconoce el paradero de las víctimas, luego de que ese día atendieron a migrantes de origen cubano y venezolano que huían de una persecución realizada por hombres que se transportaban en una camioneta. Posteriormente se presentó a Casa Amar un hombre que buscaba al pastor Aarón Casimiro, director del albergue, pero fue Alfredo Castillo quien respondió al llamado. Al percatarse de que su colaborador no regresaba, el pastor salió en su búsqueda, y hasta ahora no se tiene información de lo que ocurrió con ellos. El texto de la CIDH refiere que el 5 de agosto se denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en tanto que el gobierno federal colaboró con una búsqueda en helicóptero y por carreteras. El caso, que fue llevado ante la CIDH por el director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl, ha sido silenciado mediáticamente, según se advierte en el documento, toda vez que “miembros del Cártel del Noroeste habrían entrado en contacto con todos los corresponsales de medios nacionales en Tamaulipas para exigirles que no publicaran ni enviaran ningún tipo de información sobre la desaparición” de Aarón Casimiro Méndez y su colaborador. La CIDH refiere que el 23 de septiembre recibió información de que la familia de Méndez estaría siendo vigilada por miembros del cártel, en tanto que una prima del director de Casa Amar, quien labora en el albergue e interpuso la denuncia ante la Fiscalía estatal, se vio obligada a huir del país ante amenazas contra ella y su familia. De igual manera, destaca que el 25 de septiembre el Estado mexicano dio cuenta de las acciones emprendidas para buscar a los beneficiarios, a partir de la denuncia presentada ante autoridades estatales, “realizando diligencias de geolocalización, recabar sábanas de llamadas, análisis de cámaras, investigando sobre propiedades y localización de personas”, entrevistando a los cubanos y venezolanos que llegaron el 3 de agosto y que eran perseguidos, así como a los familiares de los beneficiarios y al actual encargado del albergue. Se menciona también la realización de búsquedas “en brechas, ranchos y fincas a las orillas de la ciudad, y se indicó que se han llevado a cabo patrullajes en las coordenadas de llamadas entrantes y salientes de un número telefónico identificado, además de que se realizó un retrato hablado de los presuntos captores”; asimismo, se agregó información sobre las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, que gestionó sobrevuelos de reconocimiento y solicitó el apoyo de comisiones estatales de búsqueda en entidades vecinas. El texto incluye el alegato del gobierno de López Obrador de que “la CIDH se encuentra impedida para dictar medidas cautelares en virtud del principio de complementariedad”, toda vez que se han realizado acciones para investigar el paradero de Méndez Ruiz y Castillo. Para emitir las medidas cautelares a favor del director y el colaborador de Casa Amar, la CIDH tomó en cuenta el contexto de violencia en que está sumido Tamaulipas, que es “la entidad federativa donde se registra el mayor número de personas desaparecidas”, aunado a que la desaparición de Méndez y Castillo “tuvo lugar en el marco de sus labores dentro del albergue”. Pese a las acciones de búsqueda enlistadas por el Estado mexicano en su respuesta, la CIDH resalta que “a casi dos meses de ocurrida la presunta desaparición, no se cuenta con información concreta sobre el paradero de los propuestos beneficiarios o avances para dar con su localización o el esclarecimiento de los hechos”, aunado a que los familiares de las víctimas “no cuentan en el presente momento con medidas de protección a su favor, e incluso una familia ya habría tenido que salir del país por los hechos denunciados”. Ante la vigente desaparición “se halla suficientemente establecida la existencia de una situación de riesgo grave para los derechos a la vida e integridad de Aaron Casimiro Méndez Castillo y Alfredo Castillo”, en tanto que los familiares estarían igualmente en riesgo por los hostigamientos y seguimientos denunciados. La CIDH establece que en este caso hay una situación de urgencia, y por el tiempo transcurrido “es susceptible de generar mayores afectaciones a los derechos a la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios”, a lo que se suma la presencia de un grupo armado, “el cual actualmente se encontraría hostigando a sus familiares, así como que dichos hechos se aumentarían en la medida en que continúen la búsqueda de sus familiares desaparecidos”. Se justifican las medidas cautelares “en la medida que la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”, añade el organismo. Al solicitar “medidas necesarias para determinar el paradero o destino de los señores Aaron Casimiro Méndez Ruiz y Juan Alfredo Castillo de Luna, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”, la Comisión urgió al Estado mexicano “garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados creados para tales efectos”. El organismo regional también pidió que se otorguen medidas de protección a los familiares de las víctimas, concertar las medidas de seguridad con los beneficiarios e informar sobre “las acciones tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”. La CIDH solicitó al Estado mexicano informar “dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica”. El plazo fijado por la CIDH para recibir información sobre la aplicación de las medidas cautelares se cumpliría el próximo viernes 25.