CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 plantea el gasto de 402 mil millones de pesos o el 64% del monto total en programas de transferencias o subsidios que no están obligados a contar con reglas de operación, alertaron organizaciones civiles. A través de una carta, instancias como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Consejo de México Unido contra la Delincuencia, se pronunciaron a favor de que el PEF cumpla con los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, el cual mandata al gobierno ejercer de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada los recursos de los mexicanos. “Lo más preocupante, creemos, es el panorama de franco retroceso en el que se inscribe la propuesta”, advirtieron. Por un lado, explicaron, en el PEF 2020 el gasto en programas que no están obligados a contar con criterios de operación es incluso mayor que en la anterior administración. Por el otro, se eliminó del decreto el texto que le daba la atribución a la Cámara de Diputados de dar una opinión sobre las reglas de operación de los programas sujetos a tenerlas. Las organizaciones dejaron claro que sin tales reglas no es factible que los programas gasten presupuesto cumpliendo con los citados principios constitucionales, pues se entorpece la planeación de sus actividades y su operación. “En su ausencia, no es posible garantizar el trato justo y equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios; la perspectiva de género y regional, el registro de sus beneficiarios y operación; su auditoría y rendición de cuentas, así como la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados, entre otros factores”, enfatizaron. Además, abundó la carta, un programa sin este tipo de reglas es más susceptible de ser usado de forma discrecional o política, por encima del bienestar social. De esta forma, le pidieron a la Cámara de Diputados, y en especial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales (artículo 77 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) incluya en el Presupuesto de Egresos 2020 la obligación de que todos los programas de subsidios y transferencias de recursos a la población se encuentren sujetos a reglas de operación. “Es momento de exigir responsabilidad en el uso del dinero de todos. La situación, creemos, lo amerita ampliamente. Como sabe, las finanzas públicas del país enfrentan una situación complicada. Las obligaciones de gasto crecientes, como el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, desafían los limitados ingresos públicos”, señalaron. Asimismo, consideraron “indispensable” que las autoridades establezcan los arreglos institucionales necesarios para establecer estos controles, atendiendo a un principio básico de corresponsabilidad con los ciudadanos. “Y es que las medidas fiscales impulsadas recientemente para aumentar la recaudación exigen mayor compromiso de los contribuyentes. Como mínimo, el gobierno también debe comprometerse a gastar mejor los recursos públicos. En suma, no vemos razón por la cual los programas que opera el gobierno deban violentar los principios constitucionales ni las buenas prácticas”, remató la misiva.