GINEBRA (apro).- El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno de México fortalecer la capacidad de la policía y cuestionó que la militarización del país podría perpetuar la violencia que se vive a lo largo del territorio desde 2006. Yuval Shany, vicepresidente del Comité, interpeló al gobierno de AMLO sobre “la delicada cuestión del papel del ejército y las fuerzas del orden público“, aclarando que no se puede hacer caso omiso “de los problemas tan graves a los que se enfrenta México’’. “La Guardia Nacional no va a poner fin a la militarización de la policía sino que tal vez va a perpetuar esta situación’’, observó Shany recordando la emboscada de Aguililla la semana pasada. La sustentación del informe de México cuya delegación fue liderada por la subsecretaria de asuntos multilaterales y derechos humanos Martha Delgado tuvo lugar la tarde del 16 de octubre y la mañana del jueves 17 de octubre, horas antes de que se realizara el operativo fallido para detener al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Shany reconoció que el flagelo de la violencia en el país no es un proceso nuevo y que viene sucediendo desde 2006, pero criticó que “al menos en términos de la cantidad de víctimas desde fuera parecería que no sólo no ha tenido un gran avance, sino que ha empeorado la situación de violencia“. El experto pidió informes sobre las medidas que el Estado ha tomado para garantizar que esta Guardia Nacional esté bajo un control civil y cómo van a ir reduciendo el papel del ejército en el trabajo de la policía. "Yo sé que ustedes han invertido muchos recursos en esa Guardia Nacional, pero mi pregunta es ¿no deberían invertir más bien en una fuerza policial adecuada? ¿Cuándo se va a fortalecer la capacidad de la policía?", lanzó. Shany recordó que el Estado mexicano “dice que la Guardia Nacional tendría carácter civil y que simplemente a modo de transición estaría conformada por miembros de una policía de la armada, de la marina, pero la pregunta es ¿cuánto les va a llevar este proceso de transición?’’. “¿Acaso se les da un entrenamiento específico y también a nivel de los mandos, de los comandantes, o es así nomás la misma unidad militar que se cambia de uniforme o hay algún proceso que garantiza que la transición sea más significativa?’’, preguntó. Mencionó preocupaciones con respecto a que la Guardia Nacional no ha podido investigar violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército en el pasado y algunas de esas inquietudes fueron decisivas para las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado respecto de la Ley de Seguridad Interior. El acuerdo con Bachelet Al contestar, Christopher Ballinas, director de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería, afirmó que el gobierno pone a los derechos humanos como una de sus prioridades en un contexto de presencia criminal en el país. Para hacer efectivo el derecho a la vida, agregó Ballinas, México hizo el esfuerzo institucional para crear la Guardia Nacional y hacer efectivos los derechos a la vida y la seguridad, con motivo de la persistencia de la delincuencia organizada que cuenta “con una capacidad elevada de fuego’’. https://twitter.com/marthadelgado/status/1184517150377172993?s=20 Afirmó que la GN es de “carácter civil’’, con pleno respeto a los derechos humanos y que prueba de ello es el acuerdo que se realizó con la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet. El acuerdo mencionado por Ballinas y firmado por el gobierno de AMLO durante la visita de Bachelet a México tiene como objetivo primordial evitar graves violaciones de derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada perpetradas por miembros de dicha Guardia. Además, Bachelet coincidió con el reclamo del Comité de expertos de la ONU con respecto al tema del fortalecimiento de las policías en la ceremonia de la firma del acuerdo en Palacio Nacional. “Los esfuerzos centrados en la Guardia Nacional deben complementarse con el fortalecimiento del resto de corporaciones policiales”, dijo Bachelet. “La debilidad estructural de los cuerpos policiales en todo el país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor. La dotación de suficientes recursos y la mejoría de los procesos de selección, capacitación y evaluación de su actuación, resultan esenciales”, observó. “La sociedad mexicana debe garantizar que sus policías cuenten con los recursos para desarrollar su labor, y con las condiciones para tener condiciones dignas de trabajo’’, sostuvo Bachelet en aquella ocasión. Afirmó que la responsabilidad de todas las autoridades en la garantía de la seguridad con pleno respeto a los derechos humanos “es una obligación en cualquier país”. “Pero en un país federal como México, dónde los estados y municipios tienen competencias muy amplias relacionadas con la seguridad, ninguna política de seguridad podrá funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades’’, remarcó la Alta Comisionada. En el acuerdo, la oficina del ACNUDH se comprometió a ofrecer asesoría en protocolos de actuación de la Guardia Nacional, “particularmente aquellos que involucran la protección y atención específica a mujeres, y grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, personas indígenas, personas migrantes, personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos”. Shany retomó la cuestión de la Guardia Nacional y se mostró complacido por la iniciativa de capacitación y formación de sus integrantes, “me parece atinado, pero no se me ha dado información específica de esfuerzos paralelos para fortalecer la policía civil a nivel estatal” . A esta pregunta puntual, el gobierno de la 4T no respondió. Por otra parte, el experto insistió en “¿qué hace el Estado para oponerse a la cultura de impunidad?” Si ha habido un problema estructural con los militares y violaciones de los derechos humanos durante mucho tiempo, “yo creo que está en la receta para que este problema de la impunidad subsista’’. “O sea que además de la formación y capacitación, queremos saber si acaso el Estado tiene la intención de redoblar esfuerzos para hacer frente al problema de la impunidad’’, dijo. El vicepresidente del Comité se quejó porque el gobierno de López Obrador ofreció cifras sobre las denuncias de violaciones cometidas por fuerzas castrenses, pero aportó “muy poca información con respecto al curso que han tomado las denuncias’’. Tortura sistemática y generalizada En la sesión del Comité de Derechos Humanos que está formado por 18 expertos independientes que evalúan el cumplimiento de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a pesar de escuchar las respuestas de la delegación mexicana, varios de los miembros expresaron su preocupación por la situación de violencia generalizada en el país, así como la persistencia de la tortura. Como caso emblemático de la práctica sistemática de tortura, en la sesión se abordó el drama vivido por seis reos detenidos en Tlaxcala en 2002. Tres de ellos llevan 17 años tras las rejas por haberse declarado culpables después de haber sido sometidos a intensas torturas. lsabel Ramos dijo a Proceso que su hermano José María Ramos Tenorio falleció en prisión en 2015 a causa de lesiones ocasionadas por la tortura y dos más fueron absueltos. “Pero tres de ellos siguen tras las rejas, 17 años, a esos jóvenes se les fue la vida’’ lamentó Ramos, quien estaba presente en la sala y reveló que pidió ayuda al Comité pues a pesar de perder a su hermano “la impotencia, el dolor y el coraje nos carcomen el alma, pero la sed de justicia nos mantiene de pie’’. Con respecto al flagelo de la tortura, Christof Heyns reconoció los avances por la Ley sobre la Tortura; no obstante, expresó que las mujeres y jóvenes siguen siendo blanco de tortura y de malos tratos en el país. Dado este contexto, la primera inquietud es que la tortura “se evite, que se pueda prevenir y que cuando ocurra se pueda castigar a los autores’’, indicó Heyns remarcando que el porcentaje de personas llevadas ante la justicia por este delito es “ínfimo”. “¿En cuántos casos se ha condenado a un superior en la cadena de mando por causas de tortura?”, preguntó sin obtener una clara respuesta. El experto sudafricano citó un estudio que sostiene que el 80% de las personas privadas de la libertad en el país han experimentado “una u otra forma de tortura”. Heyns, quien visitó México como relator especial de ejecuciones extrajudiciales en 2013, también manifestó su inquietud por “el problema de la militarización de la policía’’ y enfatizó que parte de la solución tiene que ver, precisamente con “la desmilitarización de la policía’’. De lo contrario, si estas cuestiones no son atendidas en México seguirá habiendo “un entorno propicio para la tortura’’, valoró Heyns.