CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 24VG/2019 por violaciones graves, al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, y a la encargada de despacho de la Fiscalía estatal, Verónica Hernández Giadans, “por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad” en agravio de familiares de ocho víctimas de desaparición forzada, atribuida a 15 agentes del “Grupo Tajín”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, ocurrida el 11 de enero de 2013 en el municipio de Úrsulo Galván. La investigación de la CNDH se deriva de la apelación que los familiares de las víctimas hicieron a la respuesta que el gobierno de Veracruz dio, el 16 de marzo de 2017, a la recomendación que emitió la comisión estatal de derechos humanos sobre el caso, el 21 de febrero de 2017. El entonces gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, aceptó parcialmente la recomendación, considerando que la desaparición forzada “no se acreditó por la ‘autoridad constitucionalmente facultada”, por lo que rechazó dar atención médica y/o psicológica a las familias agraviadas, así como solventar pagos erogados con consecuencia de la violación a derechos humanos de que fueron víctimas, bajo el argumento que el gobierno ya había dado apoyos económicos. De acuerdo al expediente, la desaparición de los ocho policías municipales se habría dado a las 18:00 cuando realizaban un recorrido de vigilancia bordo de una patrulla, y fueron detenidos por elementos del Grupo Tajín, de acuerdo a vecinos de una comunidad cercana donde ocurrieron los hechos. A las 18:40 de ese 11 de enero, un policía de guardia del municipio Úrsulo Galván trató de comunicarse por distintos medios con sus compañeros “a través de radio y teléfonos celulares”, sin tener resultados, situación que reportó a las 8:00 horas del 12 de enero a sus superiores, por lo que ese mismo día se presentó una denuncia formal ante la entonces Procuraduría estatal, además de “solicitar el auxilio del gobernador del Estado (Javier Duarte) y el Congreso local para la seguridad en dicho municipio”. El 12 de enero, policías municipales informaron a los familiares de sus ocho compañeros de la desaparición, por lo que presentaron denuncias y “realizaron acciones de búsqueda”, hasta que el 14 de enero fue localizada la patrulla en que viajaban los ocho, calcinada, en inmediaciones de una comunidad llamada “Los Coyotes”. La investigación de la CNDH pudo acreditar que los agentes municipales “fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero”. El organismo confirmó que pese a la existencia de elementos de convicción sobre los hechos, la SSP de Veracruz “no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado Grupo Tajín”. La CNDH instruyó a reparar el daño a las víctimas indirectas “incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada”. El organismo también recomendó a la SSP de Veracruz “concluir el Procedimiento Disciplinario contra 15 agentes estatales iniciado en 2017 y, consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades". La CNDH documentó la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, por no realizar “de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización, además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos, toda vez que a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván, de acuerdo con la información obtenida no se cuenta con evidencias suficientes que conduzcan a la identificación y detención de las personas presuntamente responsables”. Como recomendación a la responsable de la Fiscalía General de Veracruz, el organismo instruyó a “continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos, colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, por las irregularidades cometidas”, además de anexar copia de la recomendación en los expedientes laborales, y capacitar el personal ministerial que tiene contacto con las víctimas indirectas de desaparición forzada, para ofrecerles un trato digno. La CNDH anunció que presentará una queja administrativa y una denuncia penal contra los 15 agentes que integraban el Grupo Tajín de la SSP-Veracruz, y quienes resulten responsables, por la desaparición forzada de las víctimas.