TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red de Familiares Víctimas de Feminicidio en Chiapas convocó a todas las madres, hermanas e hijos de mujeres asesinadas a reunirse este jueves 31, para exigir justicia y que las muertes no queden impunes. Paulina Conde, una de las organizadoras del evento, dijo que Chiapas sigue siendo una entidad donde los feminicidios siguen al alza, contrario al discurso de las autoridades estatales, por lo que –recalcó-- es urgente la unidad. Señaló que en la entidad hay una Alerta por Violencia de Género que se ha ampliado a varios municipios, pero ni eso ha frenado los ataques que a diario sufren las mujeres. Precisó que, si bien se castiga hasta con 65 años de prisión a un feminicida, en Chiapas nunca nadie ha sido sentenciado con esa pena. La mayoría de los feminicidas, abundó, han sido sentenciados como máximo a 25 años de cárcel. “En Chiapas hace falta mayor capacitación con perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, porque algunas fiscales, aun siendo mujeres, están formadas con un viejo sistema que ya no encaja en el nuevo sistema de justicia oral”, sostuvo Conde. De acuerdo con la activista, el Primer Encuentro de Familias Víctimas de Feminicidio en Chiapas, que se realizará en esta capital el próximo jueves 31, tiene como objetivo “fortalecer los lazos de la Red con otras familias que caminan el arduo sendero que supone el acceso a la justicia en el estado”. Se espera la asistencia de todas aquellas madres, hermanas e hijos para que expongan cada uno de los casos en los que no ha habido justicia, o bien esa justicia ha sido a medias, o no los ha dejado satisfechos, agregó. También se espera la participación de organizaciones de la sociedad civil, académicas, activistas independientes, diputadas y funcionarios públicos en instituciones de procuración e impartición de justicia. Al evento asistirá Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, originaria de Chimalhuacán, Estado de México, asesinada en junio de 2010 por quien fuera su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un policía judicial mexiquense. Aunque en un primer momento las autoridades aseguraron que se había tratado de un suicidio, la madre acudió hasta la última instancia judicial para probar que su hija había sido víctima de feminicidio. El 24 de marzo de 2015, un día antes del cumpleaños de Mariana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo para reabrir el caso. Se trató de una sentencia reconocida a nivel Latinoamérica, como referente para exigir que las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio bajo una perspectiva de género.