Tlachinollan tramita medidas cautelares ante la CIDH a favor de Arnulfo Cerón Soriano

Arnulfo Cerón Soriano desapareció la noche del pasado viernes 11 de octubre. Foto: Twitter @SerapazMexico Arnulfo Cerón Soriano desapareció la noche del pasado viernes 11 de octubre. Foto: Twitter @SerapazMexico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció que esa organización tramita medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Arnulfo Cerón Soriano, integrante del Frente Popular de la Montaña (FPM), desaparecido el pasado viernes 11 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A 18 días de la desaparición de Cerón Soriano, Barrera Hernández precisó que ante la falta de certeza se decidió buscar la protección del organismo regional, porque la “situación es muy grave y no se ve en lo inmediato que se busque ni que se proteja a la familia”.

Si bien reconoció que a partir de un encuentro con el fiscal estatal Jorge Zuriel de los Santos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), la familia cuenta con protección policiaca, sostuvo que “no hay más medidas que puedan garantizar protección y disuadir alguna agresión”.

El presidente de Tlachinollan mencionó que hasta ahora la investigación sobre la desaparición “no ha avanzado ni un centímetro” encaminada a la ubicación de Cerón Soriano, blanco de amenazas desde 2018, situación que se ha agravado en abril y septiembre de este año.

El FPM denunció públicamente las amenazas en redes sociales ante “la falta de confianza en autoridades locales (…) sentía que no iban a prosperar, es parte de crisis de gobernabilidad. Las autoridades están esperando que hagan las denuncias y señalen quiénes los están amenazando”.

Sobre el anuncio que hizo la Fiscalía de la detención de una mujer que habría estado relacionada con la desaparición de Cerón Soriano, Barrera Hernández consideró que “es la punta de la hebra, pero es necesario desenredar la madeja, porque la Fiscalía se quedará corta si no profundiza” en la investigación.

Añadió: “Lamentablemente no hay avance ni un centímetro en términos de saber sobre el paradero de Arnulfo. Si esta investigación no apunta con dar con su paradero, es una investigación que está trunca, no sirve, no está resolviendo un problema grave de desaparición de un defensor comunitario como lo es Arnulfo”.

Entre los temas fundamentales que tienen que ser tomados en cuenta por la Fiscalía, dijo, destaca “el análisis de telefonía”, además de que “se tiene que investigar su trabajo como defensor, a quiénes estaba afectando, el contexto de las amenazas que sufrió el año pasado. En el marco de presiones y protestas se volvieron a repetir las amenazas en el mes de abril y en septiembre”, abundó.

De igual manera, destacó que no se han cumplido los protocolos de búsqueda de personas en los que se debe consultar a la familia de la víctima. Hasta ahora “ni la familia, ni la esposa, ni los hijos han recibido visitas o información directa de la búsqueda; lo que hemos visto son retenes de Ejército y Guardia Nacional, pero eso no es búsqueda, son filtros. La búsqueda en sí, un trabajo de expertos, de gente abocada a los trabajos de búsqueda con la familia, no hay, y si se está haciendo carece del vínculo con las víctimas para tener datos concretos y precisos”.

Los únicos esfuerzos visibles por ubicar al activista son por parte de los ciudadanos y miembros del FPM, que “se organizan y voluntariamente van a barrancas, parajes, visitan colonias, siempre con muchas limitaciones y temores, porque no van acompañados de policía, sino por voluntad propia, con riesgos”.

La desaparición de Arnulfo Cerón Soriano concitó la realización de una misión de observación por parte de las organizaciones Amnistía Internacional, Artículo 19, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT), Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el pasado viernes 24.

Durante la visita a Tlapa, los representantes de las organizaciones civiles se entrevistaron con autoridades locales, entre ellos el presidente municipal Dionisio Merced Pichardo García, familiares de Arnulfo, integrantes del FPM y de Tlachinollan, así como con periodistas de la región, lo que “permitió conocer la situación de grave riesgo en la que se encuentran”.

En un posicionamiento, las organizaciones consideraron que “Guerrero vive una crisis de desapariciones forzadas y por agentes no estatales”, situación derivada de “los altos niveles de corrupción, impunidad y violencia tanto estructural como institucional en la entidad, como quedó demostrado a la mirada pública nacional e internacional cuando autoridades locales y otras personas desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014”.

En el documento de la conclusión de la misión, las organizaciones nacionales e internacionales hacen recomendaciones a autoridades municipales, estatales y federales, encaminadas a que “den seguimiento puntual” sobre la desaparición de Arnulfo Cerón, “tomando todas las medidas necesarias para la búsqueda inmediata y eficaz del defensor”.

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